El sector lácteo asturiano, competitivo pero sin relevo: en la encrucijada entre las políticas disruptivas o la desaparición

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) dejó, en conjunto, un balance claramente positivo para el país. Así lo comparte la mayoría de los españoles. Sin embargo, esta valoración no es tan unánime cuando se analiza su impacto en el sector lácteo, y menos aún en el caso de Asturias.

La Política Agraria Común (PAC) regulaba cada sector mediante las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). En el sector lácteo, la herramienta más relevante fueron las cuotas, las cuales limitaban la cantidad de leche que cada explotación podía entregar a la industria. Su objetivo era frenar los excedentes de producción en algunos estados miembros, que generaban elevados costes públicos para su eliminación.

En España, las cuotas se aplicaron en 1984. En teoría, todos los ganaderos asturianos tenían un tope a la cantidad de leche que podrían entregar a la industria láctea. Superarlo implicaba una penalización económica muy elevada, que hacía inviable exceder el límite.

Durante los primeros años tras la entrada en la CEE, el control fue laxo, España mantuvo una relación «flexible» con la Comisión Europea. Bajo el mandato de Carlos Romero como ministro de Agricultura (1982-1991), el sector lácteo funcionó con reglas menos estrictas. Esta situación cambió, sin embargo, con la llegada de Pedro Solbes al ministerio. A partir de entonces, el control se aplicó de forma efectiva.

En Asturias, la asignación de cuotas coincidió con la presidencia de Juan Luis Rodríguez-Vigil y con Felipe Fernández como consejero de Agricultura. Las decisiones adoptadas permitieron que el volumen total de cuotas cubriera holgadamente la producción existente. Puedo afirmarlo con rotundidad por el cargo político que yo mismo ocupaba entonces.

Es cierto que, como ha señalado Francisco Rodríguez (ILAS), las cuotas fueron negativas para el conjunto del sector lácteo español. Se limitó la producción en un país con fuertes importaciones de leche y derivados, pero la situación fue muy distinta según la comunidad autónoma y eso tuvo mucho que ver con la asignación inicial de las cuotas. Esta cuestión merece un análisis específico en otro momento.

El 1 de enero de 1986, fecha de entrada en la CEE, Asturias contaba con 29.706 explotaciones lecheras. Ese año se entregaron 601.000 toneladas de leche a la industria. Muchas explotaciones eran muy pequeñas y tecnológicamente atrasadas, una parte importante no era viable económicamente. Por lo tanto resultaba lógico que el número de explotaciones se redujera para asegurar el futuro del sector.

Desde 1986, las entregas de leche han seguido una evolución irregular, con subidas y bajadas. El máximo se alcanzó en la campaña 1988-1990, con 658.821 toneladas, cifras similares se mantuvieron hasta 2003-2004, con 634.418 toneladas.

A partir de 2004 comenzó una caída intensa. En 2009, las entregas bajaron a 531.846 toneladas. En ese año, la cuota ya no era un factor limitante, porque la producción no cubría el total asignado a los ganaderos asturianos. No obstante, muchas explotaciones que apostaron por crecer tuvieron que realizar fuertes inversiones en la compra de cuotas. Entre 2009 y 2015, la producción se estabilizó.

En 2015 se reformó la OCM y desaparecieron las cuotas. En la campaña 2014-2015 la producción fue de 556.336 toneladas. Desde entonces, la tendencia sigue siendo claramente descendente.

En 2024, la leche recogida a ganaderos asturianos fue de solo 503.663 toneladas, la entregaron 1.279 explotaciones. La producción media por explotación fue de 393,8 toneladas.

Las cuotas desaparecieron, pero la producción siguió cayendo. Y eso ocurre pese a que el tamaño medio de las explotaciones actuales permite considerarlas viables.

Desde 1986, el número de ganaderos no ha dejado de bajar. No hubo recuperación en ningún momento. De los 29.706 productores de 1986 se pasó a 2.183 en 2014-2015. En 2024 solo quedan 1.279 explotaciones.

Durante años fue necesario aumentar el tamaño medio de las granjas para asegurar su viabilidad económica. Hoy la situación es distinta, la mayoría de las explotaciones son competitivas, con un elevado nivel tecnológico, cumplen las exigencias ambientales y están gestionadas por profesionales con alta cualificación.

La caída del volumen total de leche entregada a las industrias lácteas supone una pérdida importante de actividad y de riqueza para Asturias. No solo afecta al empleo agrario, también tiene un fuerte impacto en otros sectores. Algunos estudios estiman que por cada empleo perdido en el sector lácteo se destruyen entre tres y tres y medio en el resto de la economía.

La causa principal de la desaparición de explotaciones es la falta de relevo generacional. Esta carencia compromete gravemente el futuro del sector productor. También afecta a la industria transformadora: el mercado que no cubran empresas locales será ocupado por empresas de fuera. Ello limitará los beneficios que las empresas españolas pueden obtener, lo que repercutirá sobre los precios que las mismas podrían pagar a los productores.

No debemos obviar otros importantes riesgos que para la producción de leche en toda la Unión Europea se avecinan. Básicamente: la nueva reforma de la PAC y el acuerdo con MERCOSUR, que pueden significar nuevos retos y marcarán el futuro inmediato del sector.

Alberto González, director general de la patronal FADE, defendía recientemente que Asturias debe «pasar del análisis a la acción». Comparto plenamente esa idea. Es necesario aplicar políticas disruptivas, capaces de romper con modelos ya agotados y que sean en sí mismas transformadoras.

Las políticas agrarias tradicionales para el sector lácteo deben revisarse a fondo, se necesitan soluciones adaptadas a la situación actual. Entre otras, caben destacar las siguientes:

–En sanidad animal, es imprescindible recuperar la confianza del sector, especialmente en las campañas de saneamiento. Resulta difícil de entender que las campañas de saneamiento en sus inicios, cuando la prevalencia era alta, eran bien entendidas porque había consenso. Hoy, con niveles mínimos de prevalencia, no resulta razonable que exista tanto rechazo. Las campañas deben adaptarse a la realidad sanitaria y a los avances técnicos. Si es necesario cambiar los programas nacionales, habrá que considerarlo una prioridad política, con apoyo del sector y de los veterinarios.

–La gestión de los Montes de Utilidad Pública apenas ha cambiado desde la preautonomía. En municipios como Tineo, clave en la producción lechera, estas superficies son esenciales. Los ganaderos necesitan disponer de ellas durante largos periodos, solo así pueden cumplir los requisitos de la PAC y maximizar la producción de forrajes. Lo cual exige una planificación a largo plazo.

–También es necesaria una política decidida para aumentar la superficie de las explotaciones en régimen de propiedad, siempre que los titulares de estas explotaciones se comprometan a permanecer por un largo periodo de tiempo en el sector. La concentración parcelaria debe orientarse a ese objetivo. Es difícil de explicar que se concentren zonas y que la propiedad de la superficie de los ganaderos sea muy minoritaria en comparación con la superficie total concentrada. No basta con reducir el número de parcelas. Si el ganadero no aumenta su superficie propia, la mejora es incompleta.

–Las ayudas a la mejora tecnológica deben priorizar el cumplimiento de los requisitos ambientales, en especial, la gestión de los purines y otros subproductos.

Pero modificar estas medidas no implica que se resuelva el problema clave: el relevo generacional. Para evitar el cierre de más granjas por falta de relevo se necesitan políticas específicas.

Por un lado, hay que facilitar la venta o el alquiler de explotaciones viables que no tengan continuidad familiar. Por otro, es preciso apoyar la entrada de jóvenes en el sector.

Estos mecanismos ya existen en otros países de la UE. Dinamarca es un ejemplo con resultados positivos. En Asturias se podrían definir las explotaciones diana, creándose un sistema de valoración de explotaciones y una unidad administrativa que facilite créditos. Podrían financiarse con fondos incluidos en el presupuesto regional o mediante convenios con bancos, con aval público. Estos créditos podrían amparar alquileres a largo plazo, compra directa o alquiler con opción de compra.

Los jóvenes deberían cumplir requisitos de formación y compromisos de permanencia y la Administración tendría que supervisar el cumplimiento de los contratos que se establezcan.

El proyecto no está exento de dificultades, pero la inacción solo acelerará la desaparición de un sector clave para la economía y el territorio asturiano. El mayor obstáculo hoy es el adverso clima político, que dificulta acuerdos para aplicar medidas innovadoras. Sin embargo, en Asturias ya se aplicaron con éxito programas como el cese anticipado. ¿Por qué no ser pioneros ahora en un modelo de relevo estructural?

Este es el momento adecuado, tanto por la urgencia del problema como por la posibilidad de encajar las medidas en el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE (2028-2034).

La Central Lechera Asturiana (Clas) es un actor esencial en el sector lácteo regional: recoge más del 85 % de la leche producida en Asturias y es socio mayoritario del grupo Peñasanta. Sería incomprensible que no fuera parte esencial de este proyecto.

Clas no debe aspirar solo a liderar el grupo empresarial: debe asegurar el futuro de sus socios actuales y venideros. Sin ganaderos que aporten leche no hay industria viable. Por eso, parte de los beneficios actuales deberían destinarse a garantizar el suministro futuro, mediante el apoyo a medidas que permitan que el número de explotaciones de sus socios activos no disminuya. En ese tablero se juega tanto el porvenir de los productores como el del propio grupo empresarial lácteo.