Batalla por el teletrabajo en el Principado: los sindicatos aseguran que el Gobierno quiere reducir las plazas sujetas a actividad a distancia y dificulta la conciliación

Los sindicatos denuncian que la propuesta planteada por el Gobierno regional para reclasificar plazas “reduce” el catálogo de puestos teletrabajables y advierten de impactos en conciliación y concursos de traslados. El rechazo llega al punto que CSIF no descarta acciones judiciales y UGT reclama un análisis “plaza a plaza”.

La UGT y CSIF trasladaron este miércoles su rechazo a la propuesta de la Administración del Principado de Asturias para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el catálogo que determina qué plazas pueden desempeñarse en modalidad de teletrabajo. Tras la primera reunión negociadoras en Oviedo, ambas organizaciones sindicales sostuvieron que el planteamiento “restringe y reduce” el teletrabajo para un número significativo de puestos y pidieron la retirada del expediente.

Según explicaron las organizaciones, el expediente aborda de forma específica el catálogo de puestos susceptibles de teletrabajo y la reclasificación de plazas en función de si puede desarrollarse en modalidad de teletrabajo o no. El borrador, sostienen, introduce nuevos criterios generales de clasificación sin un análisis previo de resultados desde la implantación de esta modalidad en 2023 ni una evaluación individualizada de los puestos.

CSIF califica la iniciativa como “un recorte sin precedentes en los derechos laborales” y subrayó que el teletrabajo figura como un derecho reconocido en la normativa de empleo público. En su valoración, la comisión técnica que elaboró los criterios para determinar la teletrabajabilidad de las plazas “no es competente” para fijarlos y la propuesta “ha conseguido enfadar a todo el mundo por igual”, al establecer reglas de alcance general sin sustento en datos objetivos sobre el funcionamiento del sistema en la Administración autonómica.

UGT expresó una oposición “firme” al entender que la propuesta “restringe y reduce” la posibilidad de teletrabajar “para un gran número de plazas” y que choca con el espíritu del decreto que consolidó el teletrabajo como modalidad habitual tras un proceso de negociación “largo e intenso”. El sindicato recordó que el catálogo ha operado de forma provisional durante los últimos dos años “sin incidencias significativas”, y sostuvo que aprovechar la inclusión definitiva de la clasificación en la RPT para introducir cambios de calado resulta “injustificable”.

Impacto en conciliación y procesos de personal

Las organizaciones alertaron de consecuencias prácticas si sale adelante la revisión. CSIF advirtió de que la reducción de plazas teletrabajables afectaría directamente a la conciliación de la vida personal y familiar —con especial incidencia en las trabajadoras— y contradiría la tendencia de la Administración General del Estado, “cada vez más partidaria” de esta modalidad. También subrayó que, desde su implantación en 2023, no hay evidencia de deterioro en la prestación del servicio público atribuible al teletrabajo.

UGT, por su parte, puso el foco en el efecto sobre los concursos de traslados en marcha o pendientes, entre ellos el concurso de puestos singularizados para personal funcionario y el ordinario de personal laboral. A su juicio, introducir ahora criterios nuevos generaría “indefensión” entre el personal inmerso en estos procesos.

Peticiones y próximos pasos

Los dos sindicatos hicieron llegar propuestas alternativas en la mesa negociadora. UGT planteó realizar un estudio individual de cada plaza para su clasificación, evitando “criterios subjetivos y contradictorios” que, sostiene, “no fueron incluidos durante la negociación original del decreto que regula el teletrabajo”. La central anunció que registrará alegaciones al expediente, además de canalizar las que ya han remitido empleados y empleadas de la Administración autonómica.

CSIF reclamó la retirada íntegra del expediente al considerar que “representa un perjuicio importante para los empleados públicos”. La organización avisó de que no descarta “emprender medidas judiciales” si la pretensión de reducir el catálogo se materializa.

Contexto normativo y de gestión

El teletrabajo se implantó de manera estable en la Administración del Principado en 2023, tras experiencias previas y regulación específica surgida después de la pandemia. Desde entonces, el catálogo de puestos "teletrabajables" ha funcionado con carácter provisional a la espera de su encaje definitivo en los instrumentos de ordenación del personal. La propuesta ahora en negociación introduce, según UGT, una modificación sustancial de esos instrumentos que equivaldría a una “renegociación encubierta” del decreto.

En paralelo, los sindicatos sostienen que la Administración debería partir de un balance técnico —que evaluase productividad, tiempos de respuesta, indicadores de calidad del servicio y absentismo— antes de alterar el número de plazas con opción de trabajo a distancia. CSIF reclamó que cualquier revisión se apoye en “datos objetivos” y en un análisis del impacto en movilidad, sostenibilidad y reto demográfico, ámbitos en los que el teletrabajo ha sido presentado como herramienta útil.

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