¿Por qué siguen las protestas del campo (incluido el de Asturias) contra Mercosur pese a las garantías de protección de la UE? Desconfianza, hartazgo y un sector que se siente fuerte

Las protestas contra el acuerdo comercial de la UE con la alianza sudamericana de Mercosur (Brasil, Paraguay, Urugay y Argentina) siguen adelante –este mismo miércoles tractores de toda España, incluidos de Asturias han tomado el centro de Madrid– pese a que el Europarlamento aprobó el martes salvaguardas (condiciones) que garantizan que, en caso de perjuicio para los productos del campo del Viejo Continente, se podrá suspender temporalmente las ventajas arancelarias.

«La Comisión tiene vía libre para implementar el acuerdo con todas las protecciones», celebró el eurodiputado asturiano socialista Jonás Fernández, defensor de que la alianza UE-Mercosur entre en vigor, convencido de que traerá muchas bondades y ningún perjuicio para el sector primario español en general y asturiano en particular. «Este acuerdo comercial no tendrá efecto alguno sobre el sector (primario). Por cierto, estimaciones parecidas se ofrecían en el debate sobre el acuerdo con Canadá que ha terminado teniendo extraordinario éxito. De este modo, sólo la ambición y el talento de nuestros productores y empresarios del sector marcarán la diferencia. Centrémonos, pues, en aprovechar las oportunidades y orillar los riesgos para explotar todos beneficios del presente acuerdo», explicaba Fernández en un artículo en LA NUEVA ESPAÑA, al tiempo que desmontaba uno por uno todos los recelos que han mostrado los ganaderos y agricultores asturianos ante la llegada de productos sudamericanos con los que tendrán competir y que, temen, servirán para abaratar los precios y, como consecuencia final, reducir sus ingresos y abocar a muchos al cierre.

La cuestión es que las explicaciones de Fernández y otros defensores del acuerdo –en las filas del PP también han celebrado las salvaguardas, que ellos mismos impulsaron, y ya se muestran partidarios a la aplicación– no calan entre los profesionales del campo, dispuestos a seguir con movilizaciones hasta, como objetivo final, hacer dar marcha atrás a la UE.

¿Por qué empezaron las protestas?

El sector primario quiere sencillamente anular el acuerdo porque considera, el europeo en general y el español y asturiano en particular, que abre la puerta a competir con colegas al otro lado del Atlántico sometidos a unas exigencias mucho menores en controles de calidad, sanitarios y otros, lo que les facilita y ahorra costes de producción, lo que les lleva a comercializar sus productos mucho más baratos que los que se producen aquí. Según un ganadero asturiano, un kilo de ternera de Mercosur costará al consumidor la mitad o incluso menos que la carne regional. ¿La consecuencia según ellos? Los asturianos dejarán de vender o venderán menos, las explotaciones dejarán de ser rentables y esto se traducirá en cierres. Tales supuestos los ha negado la Comisión Europea, pero el campo no se fía.

¿Qué supone el tratado?

Lleva un cuarto de siglo gestándose y ya lo firmó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el pasado 17 de enero en Asunción (Paraguay) con los dirigentes de los países de la alianza sudamericana. Alumbrará la mayor zona libre de comercio del planeta (cerca de mil millones de potenciales consumidores). Supone un acceso sin aranceles desde Europa a un bloque en expansión –Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil– que se traduce en un ahorro potencial de hasta 4.000 millones de euros anuales para las compañías europeas, gracias a la eliminación de barreras comerciales y la simplificación de procesos.

Salvaguardas: qué significan

Lo aprobado el martes permitirá suspender temporalmente las ventajas arancelarias previstas en el acuerdo con Mercosur si se demuestra que las importaciones agrícolas procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay causan un perjuicio grave a los productores europeos. La norma salió adelante con una amplia mayoría: 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones, tras un acuerdo informal previo con el Consejo. La medida contó con el respaldo de los grandes grupos mayoritarios, incluido el voto favorable de PP y PSOE, mientras que Vox se posicionó en contra, al igual que la familia política europea Patriots, al considerar que estas salvaguardas no serán eficaces en la práctica.

El texto introduce un mecanismo de vigilancia más estricto que el planteado inicialmente por la Comisión Europea. En concreto, obliga a iniciar una investigación cuando las importaciones de productos considerados sensibles —como la carne de ave, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos o el azúcar— aumenten un 5% respecto a la media de los tres últimos años y, además, entren en el mercado europeo a precios un 5% inferiores a los de la UE. La propuesta original fijaba ese umbral en un 10%, un límite que el Parlamento consideró insuficiente para proteger al sector agrario. La normativa amplía también el abanico de actores que pueden activar el mecanismo de defensa. Los Estados miembros, así como personas físicas o jurídicas representativas del sector afectado, podrán solicitar formalmente a la Comisión Europea que investigue una posible amenaza de daño grave. A ello se suma la obligación de que el Ejecutivo comunitario remita al Parlamento, al menos cada seis meses, un informe detallado sobre el impacto de las importaciones de estos productos sensibles.

Pese a estas garantías, ¿por qué siguen las protestas?

Este miércoles Madrid ha sido escenario de una nueva movilización contra el acuerdo y también contra los recortes que se prevén de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo presupuesto europeo. En resumen: un campo desencantado y que viene de vuelta de todo no se fía ya de promesas, normativas, salvaguardas y buenas palabras. Pero hay algo más detrás de esa movilización permanente en la que parece que se han instalado los agricultores y ganaderos de un tiempo a esta parte. «El campo ha sido olvidado por la sociedad», resumió el exministro Manuel Pimentel en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA a cuenta de la presentación de su libro «La venganza del campo» en 2023. Pimentel, ganadero en Andalucía además de escritor y divulgador, advertía de un malestar creciente de los profesionales que «ven como la sociedad los desprecia, los considera en algunos casos maltratadores de animales, enemigos del medio ambiente. Y lógicamente la gente, si ve que no le valoran y que no gana, pues sale despavorido....». Una parte de los agricultores y ganaderos ha salido efectivamente despavorida –ahí la crisis del relevo generacional– y otra ha decidido «morir matando», por hacer alusión a un mensaje que figuraba en una pancarta. El sector primario se siente fuerte, cada vez más. Y una vez que empezó a movilizarse tras la guerra de Ucrania por el encarecimiento brutal de los costes de producción ha decidido seguir adelante. El desapego hacia la UE y sus instituciones crece en el medio rural, que no conecta con los despachos de Bruselas ni sus burócratas con las huertas, campos y granjas del viejo continente, a los que se echa en cara legislar sin conocer el terreno. Esto, con el añadido de cada vez más exigencias para producir de forma sostenible y para modernizarse sin primero sentar las bases para ello –se ha querido aplicar un registro digital cuando hay grandes áreas, incluida Asturias, en las que la conexión a internet es imposible–, tiene muy caliente y molesto al sector.

¿Sirve para algo la decisión del Europarlamento de someter el texto del acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE?

Sí y no. Aunque pareciera que se podría frenar su entrada en vigor, nada indica que sea así. La justicia europea podrá analizar tranquilamente –echará un año como poco– si hay algún contenido que vulnere la soberanía de Europa o de algún estado miembro, esto no impide que se pueda aplicar ya. Como mucho, el Consejo Europeo –donde votan los estados a través de sus dirigentes– estaría obligado a explicar más a fondo su decisión de que el acuerdo con Mercosur entre en vigor pese a las dudas legales, pero podría hacerlo. Y todo indica que lo hará, ahora avalado por la aprobación de las salvaguardas.

¿Qué le da al campo asturiano?

Seguir manifestándose a medio o largo plazo es inviable. Más en una comunidad como Asturias con explotaciones más bien pequeñas que dependen directamente del trabajo de sus titulares, que no tienen mucho tiempo para andar todo el día con la pancarta y el megáfono en la mano. De ahí que las movilizaciones, salvo la del pasado 16 de enero, sean más bien flojas en el Principado. En este caso, deberán ser otros ganaderos y agricultores más numerosos y con más fuerza y poder en España –Aragón, Castilla y León, Cataluña, Andalucía...– los que saquen las castañas del fuego a todos.

Otra alternativa es adaptarse y buscar fórmulas de colocar sus productos a un consumidor dispuesto a pagar un poco más por una carne, una faba o una miel –por citar los tres más perjudicados con la competencia que se avecina– de cuya trazabilidad no se tiene duda.

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