"Extracción ilegal, sin control y sin equipos de seguridad": las duras conclusiones de la Guardia Civil tras el accidente de Cerredo donde murieron cinco mineros

La Guardia Civil considera que en la mina de Cerredo se realizaban “labores extractivas no autorizadas”, con ausencia de supervisión, y que los trabajadores que fallecieron no contaban con los equipos obligados para garantizar su seguridad. Así consta en el informe de los investigadores (al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA) que dio pie a considerar investigados por varios delitos vinculados al accidente al empresario minero Jesús Rodríguez Morán, a su mujer (Ana María Rodríguez, administradora de Combayl), a su hijo (Adrián Rodríguez, administrador de la empresa Blue Solving) y al ingeniero responsable de la explotación, José Antonio Rodríguez Casillas.

Sobre la responsabilidad del ingeniero José Antonio Rodríguez Casillas, el informe señala que el director facultativo “habría tolerado, entre otras, labores extractivas no autorizadas, omitiendo las labores de supervisión y control inherentes a su cargo”, lo que habría “favorecido el accidente laboral”, pudiendo “constituir delitos contra los derechos de los trabajadores y homicidios y/o lesiones por imprudencia grave”.

Los agentes atribuyen al joven de 23 años Adrián Rodríguez, hijo de Jesús Rodríguez Morán y administrador único de Blue Solving (titular de los derechos mineros), “responsabilidad penal solidaria por no dotar de equipos de protección individual a los trabajadores, tales como los autorrescatadores”. Asimismo, tampoco se aplicaron “protocolos ATEX (protocolos de atmósferas explosivas), ni de control de acceso que asegurara que los trabajadores entraban libres de objetos prohibidos”. Considera la Guardia Civil que se produjo una “infracción de normas de prevención y delitos imprudentes con resultado de muerte o lesiones”.

Respecto a la mujer de Chus Mirantes, Ana María Rodríguez, el informe de la Guardia Civil destaca que Combayl tenía bajo nómina “con diferentes perfiles de trabajadores adscritos a la gestión del proyecto o plan de cierre y abandono de labores” de la mina de Cerredo, y que estos trabajadores se mantenían “en condiciones inseguras y sin equipamiento de trabajo adecuado”, por lo que la esposa de Mirantes podría incurrir en “responsabilidad penal de persona jurídica”, por posible “falta de control” y por “cesión ilegal de trabajadores”.

Pero la parte mollar es la referida a Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes. La Guardia Civil constata que, aunque “no figure oficialmente como titular en ninguna de las sociedades analizadas”, existen “numerosos indicios” de que era verdaderamente “el responsable real”. Esa afirmación se basa en declaraciones de trabajadores, que corroboran que Mirantes llevaba a cabo “tareas de supervisión e, incluso, funciones de representación ante los funcionarios de la Consejería”, en referencia a trabajadores adscritos a la extinta Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio.

Por todo ello, el informe de la Guardia Civil relaciona directamente a Chus Mirantes con ilícitos penales “como delitos contra los derechos de los trabajadores, delito por imprudencia grave con resultado de muerte o lesiones”, además de “cooperación necesaria en riesgo laboral con resultados lesivos”.

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