Había objetos prohibidos en el interior de la mina de Cerredo: "móviles y mecheros" prueban la falta de vigilancia en la explotación donde murieron cinco mineros

La Guardia Civil afirma en su investigación por el accidente de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros el pasado 31 de marzo cuando presuntamente extraían carbón de manera ilegal, que una de las víctimas ejercía como "vigilante" del equipo de trabajadores, por lo que debía velar por que se cumpliesen algunas directrices de seguridad. Se trata del fallecido I. R. B., quien constaba como "trabajador autónomo" dentro de la sociedad Blue Solving. Los investigadores apuntan que si bien su fallecimiento extingue toda responsablidad penal, subsiste una responsabilidad civil derivada.

Concretamente, sostiene el informe al que ha tenido acceso este periódico, tanto el propio I. R. B. como algunos de los mineros fallecidos "portaban en la explotación objetos expresamente prohibidos por la normativa de seguridad minera". Concretamente, la Guardia Civil refiere "teléfonos móviles o mecheros, entre otros".

Los agentes destacan que el Reglamento General de Normas básicas de Seguridad Minera "prohíbe la introducción de instrumentos capaces de inflamar atmósferas explosivas en zonas calificadas de riesgo". El informe señala que el minero fallecido que ejercía como vigilante "ostentaba la obligación de velar por la observancia de tales previsiones entre el personal bajo su supervisión".

El testimonio de los supervivientes al accidente, y de otros trabajadores vinculados a las empresa Blue Solving y Combayl, detalla cómo se trabajaba día a día en la mina en la que se produjo la infausta explosión que se llevó la vida de cinco mineros. Es en esas declaraciones donde se incluye una que afirma que recibían preaviso de las inspecciones mineras y que los dueños de la explotación "les tapaban la boca" a los inspectores del Principado.

Diariamente, cuando llegaban a trabajar a la galería de la mina del tercer piso, iniciaban su jornada laboral a las 8 de la mañana. Subían hasta la zona en un vehículo Nissan Patrol. Allí les esperaba el trabajador I. R. B. "que subía normalmente una hora antes, para encender el compresor, así como para cortar la madera para posteriormente utilizarla en el posteo de las ramplas". Era él, sostiene uno de los testigos, quien "ordenaba el trabajo diario a realizar en el interior de la mina", y dijo desconocer si con anterioridad se realizaba una medición de los gases de la galería en la que iban a trabajar.

Otro de los trabajadores refiere explícitamente que llevaban al menos un mes extrayendo carbón, para lo que la empresa Blue Solving no tenía autorización del Principado. "Una vez adecentada la galería" se empezó a "extraer carbón, llevando esta extracción sobre un mes aproximadamente anterior al accidente", consta en el documento al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

Este testigo señala que se llevaban medidores de gases, aunque en el extracto de la declaración recogida por la Guardia Civil no se especifica si hubo o no alerta por presencia de grisú. El trabajador, además, afirma que José Antonio Rodríguez Casillas (investigado por cinco presuntos homicidios imprudentes, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores) e ingeniero de la explotación era quien "entraba todos los días a la mina para supervisar los trabajos", si bien los mineros recibían las órdenes del fallecido que ejercía como "vigilante". Es al fallecido también a quien este testigo atribuye las tareas de realizar diariamente la medición de niveles de gases en el interior de la mina.

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