El crudo panorama que dibuja el sumario del "caso Cerredo": inspecciones con preaviso, objetos prohibidos en la mina y carbón saliendo sin control

Los informes de la Guardia Civil relativos a la investigación del accidente de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores el pasado 31 de marzo de 2025 tras una explosión en el interior de una galería del tercer piso, ponen negro sobre blanco las deficientes condiciones laborales en las que se trabajaba, corroboran las sospechas sobre una extracción ilegal de carbón y certifican la ausencia de control y medidas de seguridad en la explotación.

Los documentos que constan en el sumario judicial, cuyo secreto levantó la jueza de Cangas del Narcea esta semana, incluyen numerosos testimonios, de trabajadores de la explotación y de algunos de los supervivientes de la explosión, que relatan las condiciones de trabajo. También las de los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero que primero accedieron al lugar del accidente y se encontraron un escenario dantesco.

Entre las declaraciones más impactantes está las efectuadas por uno de los supervivientes, que afirmó que su grisúmetro alertó de baja presencia de oxígeno pero apenas pudo avisar a sus compañeros antes de que se desatase "una bola de fuego".

"¿Dónde vais con tanto gas?". Asegura ese superviviente que tras una curva en la galería su detector dio una alerta. "Ya venía pitando porque había una concentración (de oxígeno) de menos de 18%". Además, el grisúmetro señalaba en la pantalla una presencia de metano superior al 5%. Entonces, dio la voz de alarma a cuatro de sus compañeros, que iban delante de él. Les dijo: "¿Dónde vais con tanto gas?". Pero cree que no pudieron oírle. Justo cuando intentaba resetear el detector por si se trataba de un error, vio de pronto "una bola de fuego" y escuchó "una explosión". Se tiró al suelo para protegerse. Sufrió quemaduras en la cara, tuvo varias costillas rotas y problemas en el oído derecho.

Detector apagado. Uno de los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero que acudió al lugar del accidente, señaló además que junto a un herido y un fallecido había "un detector de gases MSA ALTAIR 4X" y que este se encontraba "apagado y le faltaba la pinza de enganche", pese a que la normativa obliga a que el aparato esté siempre encendido.

Mareos días anteriores. Las declaraciones de la Guardia Civil corroboran lo que ya en su día refería una denuncia presentada contra la explotación en la que se hablaba de "mareos" de trabajadores en las jornadas precedentes al accidente. Así, un ayudante minero superviviente relata que un día un trabajador subió al tajo y tras marearse entró en convulsión. Un compañero lo sacó de la mina tirando de las piernas y fue llevado a un médico. Otro superviviente relata que el día del accidente nadie entró con anterioridad a medir los gases, y otro asegura que en ocasiones trabajaban por encima del 2,5% de grisú.

Meses extrayendo carbón. También queda acreditado para los investigadores que los trabajadores estaban extrayendo carbón ilegalmente cuando se produjo la explosión. De hecho, se encontraban cargándolo en vagonetas en el momento del accidente. Varios testimonios hablan de entre uno y seis meses desarrollando esa actividad. Otras declaraciones, por contra, lo niegan o no lo afirman, y otros trabajadores afirman que creían que la empresa contaba con todos los permisos necesarios para la labor extractiva.

"Móviles y mecheros" en el interior de la mina. Quizás una de las revelaciones más llamativas es el hecho de que los fallecidos portasen enseres prohibidos por la normativa minera en el interior de la galería. Entre los objetos personales se encontraron "móviles y mecheros". Por ello, la Guardia Civil señala una posible responsabilidad ya extinguida en uno de los fallecidos, I. R. B., "trabajador autónomo" y que presuntamente y a raíz de los testimonios actuaba como "vigilante", por lo que debía haber comprobado que se cumplía la normativa.

El grueso de las responsabilidades recae en el empresario que mantenía el control de la explotación, Jesús Rodríguez Morán (conocido como Chus Mirantes); su esposa, Ana María Rodríguez (administradora de Combayl); su hijo, Adrián Rodríguez (administrador de Blue Solving) y el ingeniero responsable de la explotación, José Antonio Rodríguez Casillas.

Los agentes constatan la existencia de "labores extractivas no autorizadas", con ausencia de supervisión, y sin los equipos obligatorios. Al ingeniero de la explotación se le responsabiliza de haber "tolerado" la extracción ilegal, "omitiendo las labores de supervisión y control inherentes a su cargo", lo que habría "favorecido el accidente laboral".

A Adrián Rodríguez los agentes le atribuyen "responsabilidad penal solidaria por no dotar de equipos de protección individual a los trabajadores, tales como los autorrescatadores" ni protocolos obligados.

Respecto a Ana María Rodríguez, el informe de la Guardia Civil destaca que su empresa tenía bajo nómina a trabajadores adscritos a la mina "en condiciones inseguras y sin equipamiento de trabajo adecuado".

Pero la parte mollar es la referida a Jesús Manuel Rodríguez Morán, ya que aunque "no figure oficialmente como titular en ninguna de las sociedades analizadas", existen "numerosos indicios" de que era verdaderamente "el responsable real", que supervisaba e incluso hacia la "representación" ante el Principado.

A los cuatro investigados atribuye la juez responsabilidad en cinco homicidios por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.

"A los inspectores les tapaban la boca llevándolos a comer"

La mina de Cerredo, en la que fallecieron cinco trabajadores por una explosión cuando extraían carbón de manera ilegal, llevaba meses sin visitas de inspectores del Principado. El testimonio de un trabajador refiere cómo se llevó a cabo la última inspección en la explotación. Este ayudante minero declara que "en alguna ocasión" vio a "los de inspección de minas", que entraban en el tercer piso de la mina de Cerredo "con el ingeniero de la mina, y supervisaban los trabajos que estaban realizando".

Esta declaración se tomó el 16 de abril de 2025, es decir, quince días después del accidente mortal. Y es entonces cuando el testigo señala que "la última vez" que vio a los inspectores de minas "sería hace unos seis meses aproximadamente". Apunta que ya "justo el día anterior", los trabajadores fueron avisados "de que iban a realizarles una inspección, revisando la zona de la capa María, de la derecha de la galería".

El testigo recuerda cómo se desarrolló aquella visita: "Entraron al interior de la mina dos inspectores, junto con José (Antonio Rodríguez Casillas), Adrián (Rodríguez) y su padre Jesús (Rodríguez Morán)". Indicó además que "el tiempo que estuvieron en la mina no llegó ni a media hora, y no los volvieron a ver". La declaración recogida en el informe añade que "siempre que venían estaba todo bien". Y añade que "los jefes de la mina", en referencia a Adrián Rodríguez y Jesús Rodríguez Morán, "les tapan la boca, llevándoles a comer para que dijesen que todo estaba correcto".

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