Empresarios y transportistas abren lucha legal contra el peaje del Huerna: solicitan la nulidad de pleno derecho de la prórroga de la concesión de la autopista

Asturias intensifica la lucha contra el peaje del Huerna. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), junto a cinco asociaciones del transporte de viajeros y mercancías por carretera, activó este viernes la vía legal al solicitar la nulidad de pleno derecho de la prórroga de la concesión de la autopista, recogida en el Real Decreto 302/2000. Insisten en que no se trata "solo de una infraestructura", sino de "un factor que condiciona la competitividad de la industria, del transporte y de la logística asturiana”.

La nulidad de pleno derecho busca invalidar radicalmente, y desde su origen, actos administrativos o contratos con vicios muy graves, sin límite temporal para impugnarlos. Es decir, poner fin a una decisión que, como describen los empresarios, ha supuesto “un sobrecoste injusto y sostenido en el tiempo para las empresas asturianas”.

En este caso, los empresarios y las asociaciones del transporte (ASETRA-CETM Asturias, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR) defienden que “la ampliación del plazo concesional constituyó una modificación sustancial de la concesión originaria que, conforme a los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa europea, debería haber dado lugar a una nueva adjudicación y no a una mera modificación contractual”.

Esta nulidad es solicitada ante el Consejo de Ministros, que dispone de seis meses para resolver. En caso de desestimación o silencio administrativo, arrancaría entonces sí el proceso judicial a través de la vía contencioso- administrativa. Un procedimiento que en FADE no dudan emprender en caso de que fuera necesario, porque como han dejado claro en varias ocasiones, consideran que el procedimiento político está ya agotado, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dejase claro que no tienen intención de suprimir el peaje por voluntad propia.

No es "solo una infraestructura"

Este procedimiento, además, es compatible con el proceso de infracción abierto por la Comisión Europea frente a España por posible vulneración de las normas comunitarias de contratación pública en relación con esta ampliación concesional. Es más, "una eventual sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reforzaría la posición jurídica defendida por las organizaciones empresariales”.

Empresarios y transportistas insisten en que "el peaje del Huerna no es solo una infraestructura”. "Es un factor que condiciona la competitividad de la industria, del transporte y de la logística asturiana”, y que provoca desigualdades con otras regiones que operan sin este coste adicional en sus principales vías de salida, mientras “las empresas asturianas soportan una carga diferencial que impacta directamente en precios, márgenes y capacidad de atraer inversión”.

Para la presidenta de FADE, María Calvo, no se trata de un debate técnico, sino de una cuestión de igualdad. “Asturias no puede competir con una desventaja estructural en su principal vía de conexión. Defender la supresión de este lastre es defender el empleo, la inversión y el futuro de nuestra región”, defiende.

Este movimiento, anunciado ya hace meses, viene a completar la revisión de oficio de la prórroga reclamada oficialmente a finales del año pasado por el Principado, y se suma, a su vez, a la denuncia administrativa presentada por la Unión de Consumidores de Asturias ante la dirección general de Consumo contra Aucalsa por "el cobro abusivo del peaje" y a la presentada por Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, en este caso ante la Fiscalía, reclamando la devolución del pago durante obras, amparándose en una sentencia del supremo sobre la AP-9.

El Principado destaca la relevancia de la implicación del tejido empresarial

El Gobierno de Asturias valora de forma positiva las actuaciones impulsadas por FADE, en la medida en que contribuyen "a reforzar el amplio consenso social, económico e institucional que se ha construido en torno a la supresión del peaje del Huerna". Para la Consejería de Movilidad, "la implicación activa del tejido empresarial resulta especialmente relevante para sostener una reivindicación histórica de Asturias y para trasladar con claridad el impacto económico y territorial que este peaje supone para la comunidad".

La revisión de oficio solicitada por el Principado se encuentra formalmente en marcha y pendiente de resolución por parte del Ministerio de Transportes. Y desde el Ejecutivo regional advierten que mantendrán "una posición firme y exigente para que el Estado se pronuncie conforme a Derecho y, en su caso, activará las vías jurisdiccionales oportunas si no se produce una resolución ajustada al ordenamiento jurídico".

No en vano, la posición de Asturias se sustenta sobre un "consenso social e institucional sin precedentes", avalado por el respaldo jurídico del Consejo Consultivo. Tanto los movimientos del Gobierno como de los empresarios se desarrollan en un marco de "coordinación y complementariedad" con la hoja de ruta definida en la Alianza por las Infraestructuras, liderando "con firmeza y responsabilidad institucional" desde el Ejecutivo regional. Esa hoja de ruta, dicen, responde "a una estrategia jurídica ordenada, rigurosa y plenamente ajustada a Derecho, activada tras el dictamen motivado de la Comisión Europea que constató la ilegalidad de la prórroga de la concesión".

"El objetivo es lograr una supresión del peaje que sea definitiva, justa y jurídicamente incontestable. Ese es el camino trazado por el Gobierno del Principado, y en él se integran, desde la necesaria coordinación, las iniciativas de FADE y del conjunto de los agentes económicos y sociales, bajo un liderazgo institucional claro y una estrategia común orientada al éxito", insisten desde el Principado.

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