Adiós a los planes generales de ordenación para reducir la burocracia, facilitar más vivienda pública y blindar la Asturias verde: una nueva ley en Asturias

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, presentó este viernes el anteproyecto de ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias, la LOITA, con la que se pretende moderniza la actual, que data de 2004, simplificando los trámites, incrementando la reserva de vivienda pública y protegida y blindando la red de espacios naturales, agrarios y forestales.

Se trata de la sexta ley que impulsa el departamento. Primero puso en marcha la tramitación de ley de bebidas energéticas, la ley de Vivienda (cuyas comparecencias empiezan la semana que viene en la Junta), la de usuarios y consumidores, la de derechos LGTB (cuyas alegaciones ya han sido contestadas) y también la ley de Transparencia, que está en exposición pública. Zapico indicó que espera que todo estos proyectos puedan tramitarse en los trece meses que quedan de legislatura, por lo que pidió habilitar los meses de julio y enero próximos en la Junta para sacarlos adelante.

Zapico estuvo acompañado del director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, y la directora general de Urbanismo, Laura López, quienes resaltaron el esfuerzo realizado para sacar adelante un texto técnico de gran complejidad y una amplitud de 180 páginas. El consejero aseguró que "el texto cuenta con consenso político empresarial, y aborda los retos que preocupan a todos, como el despoblamiento, el acceso a la vivienda, el cambio climático y la preservación de la costa".

Con la nueva ley se pretende acabar "con el exceso de burocracia" y apuesta por "un modelo más flexible que simplifique el planeamiento y lo aborde con otras herramientas". Se ha sido consciente además de las limitaciones de los pequeños concejos, para facilitarles del trabajo de planeamiento. Además "aumentan las reservas de vivienda protegida en las nuevas urbanizaciones residenciales". Y contempla la adaptación del urbanismo a las consecuencias de la emergencia climática.

La ley pretende "la desburocratización y facilitar una gestión rápida en un momento de máxima necesidad de vivienda", dijo por su parte Ignacio Ruiz Latierro. La idea, explicó, es sustituir los planes generales, que cuesta mucho desarrollar, "por un plan más liviano, que permite trabajar luego diferentes partes, encajándolas como un puzzle". Además, se renombran los elementos de desarrollo, para adaptarlos a la actualidad.

Laura López abundó en la misma idea. "Se trata de romper el plan general de ordenación, elaborando una estrategia marco que se irá trabajando de manera secuencial", indicó. Uno de los objetivos es el desarrollo de los núcleos rurales, que pasará a ser una clase de suelo específica. La LOITA clasifica esos núcleos según su morfología (tradicionales o comunes) y su ubicación (periurbanos, agrarios o aislados). Los núcleos tradicionales se preservarán, y en los comunes podrá haber desarrollos más actuales. "Los suelos periurbanos deben tener cargas, mientras que los del núcleo rural, todo lo contrario, hay que ponerles las cosas más fáciles para que se puedan desarrollar", indicó López.

También se ofrecerá un trato diferencial a los concejos de menos de 5.000 habitantes, con exigencias urbanísticas sencillas. Aquellos concejos con una presión urbanística relevante tendrán el apoyo técnico y económico del Principado.

"Hemos puesto en el centro la Infraestructura Verde del Principado, que tendremos que definir por encima de todo el planeamiento. Todo ese espacio queda protegido. Incorporamos el suelo protegido agrológico.

Además, se establecen estándares mínimos de vivienda pública según el tipo de concejo y se aumentan las reservas obligatorias de vivienda protegida, un 40 por ciento en nuevas urbanizaciones residenciales y un 20 por ciento en actuaciones de renovación de barrios. Y estas viviendas podrán construirse no solo en parcelas independientes, sino también dentro de edificios, "lo que ayuda a repartir la vivienda protegida por toda la ciudad y a influir en el mercado".

Los planes actuales tendrán un plazo de cuatro años para desarrollarse. Pasado ese tiempo, deberán adaptarse a la nueva normativa.

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