Del viejo HUCA a la Zalia, de La Pereda al plan de Baterías: todos los proyectos estratégicos pendientes en Asturias y que encadenan retrasos alarmantes

Asturias acumula desde hace años -en algunos casos décadas- una larga lista de grandes proyectos llamados a transformar sus principales ciudades. Sin embargo, muchos de ellos avanzan con extrema lentitud, encallan en trámites administrativos o encadenan retrasos que alimentan una sensación compartida de frustración. A comienzos de 2026, incluso tras la entrada en servicio de la Variante de Pajares, el balance es agridulce: hay planes estratégicos sobre la mesa de las distintas administraciones, pero pocos plenamente materializados.

En Oviedo, el símbolo más evidente de esa transición inacabada es el viejo HUCA. El derribo del antiguo complejo hospitalario, prometido como el paso previo a una gran operación urbanística y de regeneración del este de la ciudad, se ha dilatado mucho más de lo previsto. Los anuncios se han ido sucediendo mientras el recinto, en un lamentable estado de abandono, se ha convertido en una dolorosa cicatriz urbana. Algo similar ocurre con la fábrica del Gas, otro enclave estratégico de la capital asturiana cuyo futuro —entre la rehabilitación patrimonial y el desarrollo inmobiliario— continúa sin concretarse del todo, atrapado entre estudios, planes especiales e improductivas discusiones políticas.

Gijón concentra algunos de los proyectos más ambiciosos y, a la vez, más polémicos. La Zalia (Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias) fue concebida como un gran nodo logístico del norte de España, pero su evolución errática, marcada por la falta de empresas tractoras, problemas financieros y revisiones constantes del modelo, no augura soluciones factibles a corto plazo. El plan de vías y la estación intermodal se añaden en la villa de Jovellanos a este lacerante cuento de nunca acabar, con sucesivos retrasos que aplazan cualquier horizonte despejado. El Metrotrén, por su parte, sigue siendo más una promesa que una realidad, con asistencias técnicas adjudicadas a largo plazo pero sin fechas concretas de puesta en servicio.

En Avilés, el foco está puesto en la reindustrialización y en la transición energética de una ciudad que echa de menos su floreciente pasado siderúrgico. El plan de Baterías, presentado como una oportunidad histórica para el área avilesina y para Asturias en su conjunto, es otro proyecto, estratégico sobre el papel, que avanza a ritmo de tortuga entre anuncios, estudios de viabilidad y negociaciones a varias bandas, mientras crece la preocupación por no perder el tren frente a otros territorios más ágiles. A ello se suman las incertidumbres en torno a las inversiones industriales vinculadas a ArcelorMittal, lo que refuerza la sensación de fragilidad del nuevo modelo productivo.

Las cuencas mineras conforman el territorio donde el contraste entre expectativas y realidad resulta más doloroso. En Mieres, la transformación de la térmica de La Pereda se ha presentado como un emblema de la transición justa, pero su reconversión efectiva avanza con cuentagotas. Si se añaden los retrasos en el soterramiento de Langreo, cuyas obras de urbanización marchan muy por detrás del calendario previsto, y del estancamiento de proyectos llamados a diversificar la economía local, el dibujo se antoja aterrador.

Oviedo

El viejo HUCA y la Fábrica de Gas, o el trabajo que cuesta hacer ciudad

Rosalía Agudín

Oviedo acarrea su propia historia en la lista de proyectos que se alargan en el tiempo por culpa de los ritmos de la administración. Uno de ellos, es la reconversión de la parcela del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); otro, la Fábrica de Gas. Corría el 13 de diciembre de 1989 cuando el Insalud plantea la necesidad de construir más pronto que tarde un nuevo complejo. Quería sustituir un conjunto regado de edificios entre los barrios de El Cristo y Buenavista por un único centro sanitario. Pasaron casi dos décadas hasta la colocación de la primera piedra del nuevo complejo de La Cadellada. En la fotografía posaron sonrientes el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y el alcalde, Gabino de Lorenzo. Miraban al futuro sanitario de la capital asturiana, pero pocas palabras se pronunciaron sobre qué pasaría con la parcela de 230.000 metros cuadrados que iban a dejar atrás. Ambos líderes políticos quedaron en hablar sobre la situación. El tiempo pasó y hubo que esperar hasta 2015, con el nuevo complejo sanitario ya inaugurado desde 2014, para el lanzamiento del concurso de ideas en el que resultó como ganador un proyecto cuyo protagonista era un campus universitario rodeado de un jardín botánico. Entonces ya era presidente regional Javier Fernández.

Los vecinos de la zona dicen que darle un futuro al viejo HUCA es como jugar a la oca. Cuando parece que acaba la partida, se cae en la casilla mala y se vuelve a la salida. Ocurrió en 2022. En esta ocasión, la responsabilidad fue del Estado. Los ministerios del Interior –propietario del cuartel de Buenavista– y la Tesorería General de la Seguridad Social –titular de la Residencia, Maternidad, Silicosis y Consultas Externas– se apearon de la operación. No estaban de acuerdo con las compensaciones que figuraban en el acuerdo y la Policía Nacional tenía otros planes: descartó la opción de derribar su sede de Buenavista para construir una nueva y optó por reformar el edificio ya existente.

Vuelta a la casilla de salida. El siguiente gran paso se dio ya con Adrián Barbón como líder del Ejecutivo autonómico. En sede parlamentaria anunció hace tres años una ejercicio de tetris para contentar a todas las partes. Su idea es llevar al viejo HUCA las facultades de Ciencias y Educación y Formación al Profesorado –ambas en el campus de Llamaquique– dejando libres los edificios para ayudar a la unificación de sedes judiciales alrededor del palacio de Justicia. Para cumplirlo, tocaba negociar. El Principado inició conversaciones con la Seguridad Social para la cesión gratuita de los antiguos edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis para la creación del campus B de El Cristo. De nuevo se incumplieron los plazos. Se preveía que el procedimiento durara tres meses, pero fueron varias semanas más. El acuerdo fue anunciado durante una visita que la ministra Elma Saiz hizo a Oviedo en septiembre de 2022.

Por el camino, el Principado constituyó la comisión para la reordenación de los terrenos del antiguo HUCA. La primera reunión fue bilateral entre el Ejecutivo autonómico y la administración local. Ni rastro del Estado, que sigue siendo propietario del edificio más grande del recinto: la Residencia. Las presiones llevaron en septiembre a un nuevo encuentro en el que participaron los técnicos estatales, pero por el momento no hay planes sobre qué se va a hacer con esos 59.000 metros cuadrados construidos que están abocados al derribo. Tampoco cómo se harán las compensaciones. Es por ello que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de ese entorno urbanístico nace con dudas. No se puede construir un puzzle sin contar con la pieza principal. Doce años han pasado desde el traslado del viejo HUCA a La Cadellada y de los edificios solo queda su maltrecha estructura. El resto se lo lle´vo el pillaje.

El Principado también tiene la última palabra sobre el futuro de la Fábrica de Gas. El fondo europeo de inversión Ginkgo Advisor adquirió el centenario conjunto a EDP en 2022 para dar vida al centenario conjunto cerrado desde 1985 y que concentra dos circunstancias: construcciones singulares de alto valor patrimonial y una contaminación que, según la Consejería de Medio Ambiente, suponía un riesgo para la salud ciudadana. Los propietarios optaron por solucionar ambos problemas. Ejecutaron la descontaminación y el arquitecto Patxi Mangado diseñó un futuro con 150 viviendas y la creación de amplias zonas verdes de uso público en las que quedarán integrados algunos elementos históricos y más singulares de la vieja fábrica, como el gasómetro, la nave de la Popular Ovetense, el edificio de Vaquero Palacios, la chimenea y el depósito elevado.

Sin embargo, los promotores están a la espera del dictamen de la consejería de Patrimonio. La marquesina de Sánchez del Río se encuentra en estado de ruina, está llena de amianto junto a otro tipo de sustancias y se deteriora cada día. En la misma situación se encuentra el gasómetro. El informe de la arquitecta municipal detalla que el gran tambor que coronaba la estructura se encuentra tan dañado que sería necesario reconstruir el cien por cien de las cerchas, la cúpula y las chapas del tambor. La intención del arquitecto es reconstruirlo como se ha hecho en otras ciudades europeas. Pero por el momento, la operación para la recuperación de este enclave de alto valor no avanza. El Principado aún no ha tomado la decisión de si estos elementos pueden ser derribados. Toca seguir esperando.

Zalia, la historia interminable

M. C.

El pasado 30 de enero, el Consejo de Administración de la Zalia adjudicó 30 hectáreas a Sunwafe para una fábrica de obleas de silicio, un proyecto multimillonario que será el primero desde que se recepcionaran los trabajos de urbanización de la primera fase de la gran zona logística, de lo que el próximo jueves 19 de febrero se cumplirán diez años. Un aniversario para soplar velas con numerosa asignatura pendiente. La principal, la construcción de su estación intermodal y zona asociada, clave en el proyecto logístico y que requiere una inversión de 85 millones de euros.

El proyecto de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) echó a andar oficialmente el 14 de diciembre de 2010, fecha en el que se puso la primera piedra de las obras de su fase 1, que culminó en 2015 con la urbanización de 106 hectáreas brutas de las 413 que inicialmente se habían previsto para este proyecto logístico e industrial en la parroquia gijonesa de San Andrés de los Tacones (en 2020 se acordó una reducción de 120 hectáreas). En 2010 la previsión era que comenzaran a venderse parcelas al cabo de dos años, pero sólo se logró comercializar la de la patronal del transporte Asetra, 4.500 m2 que, pasado el tiempo, ya no le resultan de interés.

El origen del proyecto de la Zalia, concebida como un espacio ligado a los puertos de Avilés y especialmente El Musel, se remonta aún más atrás. En 2005, cuando comenzó la obra de ampliación del puerto gijonés, se pactaron entre el Estado, el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria gijonesa los futuros accesos por carretera a El Musel y a la Zalia. Para esta última se contemplaban tres conexiones por autovía que no llegaron a hacerse. La falta de unos mínimos accesos en condiciones fue uno de los factores que impidieron que cuajara antes la implantación de proyectos.

En abril de 2023 se abrió al tráfico el primer acceso rodado a la Zalia, una carretera convencional que entronca con el primer tramo de los futuros accesos a El Musel, la GJ-10, a la altura de La Peñona. Un año antes se había saneado la sociedad, después de que el Principado y el Ayuntamiento de Gijón convirtieran en capital social los créditos participativos que le habían concedido para evitar su bancarrota. La operación para limpiar los más de 120 millones de euros de deuda que se habían generado dejó la mayoría accionarial de la sociedad en manos de la administracion regional.

La llegada de Sunwafe obligará ahora a que en el plazo de dos años la Zalia disponga de energía eléctrica suficiente, lo que pasa por completar el anillo eléctrico central incluido en la planificación de Red Eléctrica. La subestación eléctrica de la Zalia previsiblemente llegará de la mano de e-Redes. Está por ver cómo se financian los 85 millones de euros para Interzalia. Lograr fondos europeos es una de las claves, si bien el Comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, afirmó que también contará con financiación estatal y del Principado. También está proyectado un segundo enlace viario por carretera, que unirá Zalia con la "Y" a la altura de El Montico y la llegada de grandes proyectos obligará a modificar el plan urbanístico de la zona.

Un solo de Baterías que echa humo

A. de la Fuente

Los terrenos de las antiguas baterías de coque de ArcelorMittal aguardan proyecto tras más de un lustro de espera. Ese suelo, la última esperanza para captar un proyecto tractor que culmine la transición industrial de la comarca, propiedad del Sepides, ha suscitado el interés de dos gigantes: la Autoridad Portuaria e Indra. El Puerto avilesino ve en los 350.000 metros cuadrados de suelo la mejor –y prácticamente única– posibilidad de expansión; mientras que la multinacional del sector de la defensa participada por el Estado ha puesto sus ojos en estas parcelas para levantar una segunda planta en la que acabar los blindados que salgan de El Tallerón (Gijón).

Las chimeneas de las baterías de coque dejaron de echar humo en 2019. Sepides, propietaria de los terrenos, sacó a licitación en 2020 los trabajos de demolición de la histórica instalación. Inicialmente, esta obra fue adjudicada a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por la vasca Lezama y la asturiana Los Álamos, pero esta licitación tuvo que ser repetida, después de que en 2021 el Tribunal de Contratos resolviese que se había incumplido la Ley de Contratación del Sector Público, debido a que una persona que redactó el pliego formó parte de la mesa de contratación, efectuando el informe técnico de valoración de las ofertas presentadas. El concurso fue reiniciado y finalmente acabó siendo adjudicado a la UTE formada por Erri Berri-Afesa a finales de ese mismo año, que fueron quienes finalmente ejecutaron los trabajos entre 2022 y 2024.

Paralelamente, este proceso se vio salpicado –y frenado– por una denuncia interpuesta por la empresa Lezama, desde la que aseguraban que Álvaro Álvarez, exlíder del PSOE avilesino, se había ofrecido a interceder a su favor en la licitación a cambio de una contraprestación económica. Finalmente, el titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Avilés decretó el archivo de la causa, al entender que no quedaba suficientemente acreditado el delito. Y ése no es el único caso en el que la sombra de la duda se cruza por el suelo de Baterías. El pasado diciembre se supo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si hubo un amaño en la adjudicación a Erri Berri-Afesa, en el que estarían involucrados Leire Díez –apodada "la fontanera" del PSOE–, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y al empresario vasco Antxón Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE a través de la sociedad Servinabar y también investigado por presunta corrupción Santos Cerdán.

También en diciembre el Puerto de Avilés hizo pública su intención hacerse con la totalidad del suelo de Baterías. "Es una oportunidad estratégica, la única bolsa de suelo de dimensión significativa y área de expansión portuaria e industrial de valor añadido", ha defendido en reiteradas ocasiones, en público y en privado, el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega. Según la estimación del Puerto, la urbanización y descontaminación de las 33 hectáreas de la antigua coquería superará los 20 millones de euros.

Por su parte, Indra calcula que las instalaciones del Tallerón, en Gijón, se le quedarán pequeñas y que necesitará más suelo en la región para llevar a cabo sus planes de desarrollo. La multinacional tecnológica del sector de la defensa prevé que necesitará de otras tres infraestructuras para completar la cadena de producción de blindados militares en el Principado: una segunda planta destinada a los procesos de acabado de los vehículo, un polo industrial de empresas auxiliares y una pista de pruebas.

¿Y qué pasará ahora con el suelo? Sepides es su propietario, y ya ha dicho por activa y por pasiva que se tendrá en cuenta la viabilidad del proyecto, la creación de empleo y su impacto en el territorio. Si bien, la venta deberá hacerse por una licitación de la que aún no se conocen los criterios objetivos ni tampoco los plazos.

La térmica que no huye de la quema

L. Díaz

La Pereda, en Mieres, es una central térmica que se quiere pintar deverde, cambiando el carbón por la biomasa (y el polémico combustible sólido recuperado, CSR), y que paradójicamente carece de permiso medioambiental. Inmersa en un proceso de transformación de 55 millones de euros, la instalación, de la que depende "buena parte del futuro" de Hunosa, no podrá producir energía. No lo podrá hacer tras un revés judicial, con sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que anula la Autorización Ambiental Integrada y la Declaración de Impacto Ambiental, que permitirían el funcionamiento de la renovada central, un proyecto que lleva diez años sobre la mesa de Hunosa y que ahora, por fin, estaba ya en obras.

La anulación de los permisos –a partir de una denuncia de la Coordinador Ecoloxista– ha desatado una batalla política y sindical. Las centrales mineras acusan de inacción a Hunosa y a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), su accionista, que depende directamente del Gobierno central. Consideran que no se tiene claro qué hacer, si recurrir el fallo o empezar desde cero la tramitación ambiental –que puede durar años, más con la oposición que al menos una parte de los vecinos muestran por el proyecto al usar también CSR–. El presidente del Principado, Adrián Barbón, también ha entrado en el debate sobre qué debería hacer Hunosa, presidida por su exconsejero de Industria, Enrique Fernández, a la que insta a revisar "los márgenes" de uso del discutido combustible CSR, que ahora se ven "muy amplios" en los permisos ambientales que el propio Principado le había concedido.

No solo La Pereda no podría generar energía si las obras estuvieran listas de inmediato. De hecho, a día de hoy, tampoco tendría dónde arrojar las cenizas, un requisito imprescindible para la producción energética. El Ayuntamiento de Langreo recurrió al TSJA para anular el uso de la antigua escombrera de Cuturrasu, utilizada por Iberdrola para su térmica de Lada, ya desmantelada. La eléctrica y Hunosa llegaron a un acuerdo para su uso, pero el juzgado lo tumbó. De nuevo, la tramitación ambiental. Se interpretó, como pedía el Consistorio, que la escombrera había cerrado, y que necesitaba un trámite ambiental completo, no solo una modificación. De nuevo el Principado había dado el visto bueno a lo que pedía Hunosa, celeridad en los trámites, y de nuevo estos permisos fueron anulados.

La transformación "verde" de La Pereda empezó a fraguarse ya en 2014, primero planteando una central de biomasa en Reicastro (Mieres), luego asumiendo Hunosa el cambio de la térmica con el fin de la extracción de carbón. Con su puesta en marcha, el empleo en la empresa dejaría de ser minero y pasaría a depender en gran parte del sector forestal. Detrás de la urgencia con la que se aprobaron todos los permisos ambientales y de actividad está le necesidad de que La Pereda consiguiese hacerse un hueco en las complejas subastas energéticas con energías renovables.

Doce años después, en La Pereda se llevan invertidos 55 millones de euros sin que por ahora se tenga la seguridad de que pueda funcionar con garantías jurídicas. Ya lo dice el refrán: "Vísteme despacio, que tengo prisa".

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