La nueva fórmula del Principado para acelerar la eterna planificación urbanística de los municipios: así quieren reducir de veinte a ocho años la ingente burocracia y tramitaciones

Un municipio asturiano tarda actualmente entre quince y veinte años en diseñar, redactar y aprobar definitivamente su plan general de ordenación. Es decir, aquellas reglas urbanísticas que marcarán el futuro del territorio. Desde cuántas viviendas construir hasta qué empresas se pueden instalar en el concejo. Un plazo extremadamente largo que trae locos a los alcaldes y que ahora la Consejería de Ordenación quiere simplificar a través de la nueva Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA).

La normativa suprimirá por completo los planes generales, sustituyéndolos por dos instrumentos más flexibles y ágiles: la Estrategia de Ordenación del Concejo y los Planes de Ordenación Detallada. Esto permitirá acortar considerablemente los plazos, sin embargo, desde la Consejería avisan: “Es imposible reducir los plazos a menos de ocho o diez años”.

La razón está en los trámites ambientales, muy difíciles de simplificar, y que son los que marcan la pauta. No obstante, desde las direcciones generales de Ordenación del Territorio, en manos de Ignacio Ruiz Latierro, y de Urbanismo, a cargo de Laura López, han hecho todo lo posible por eliminar procesos e intentar condensar al máximo los plazos. Así es como surgió la idea de separar lo global de lo específico, la estrategia del detalle.

La visión global del urbanismo

La Estrategia de Ordenación del Concejo es la visión más general del urbanismo local. Este documento incluirá la clasificación del suelo (urbano, rural y núcleos rurales); los sistemas de transporte o las zonas verdes con las que debe contar el municipio; qué suelos rurales son de especial protección o qué terrenos pertenecen a Costas. Incluso identificará las necesidades del concejo, como si hacen falta más equipamientos sanitarios, polideportivos o zonas industriales. También cuáles serían sus previsiones en materia de vivienda.

Eso sí, insisten desde las direcciones generales, estos aspectos se abordarán desde un punto de vista global. Un ejemplo: el Ayuntamiento de Gijón puede querer actuar en el barrio de Contrueces para responder a las necesidades vecinales y al crecimiento de la zona. En la Estrategia de Ordenación establecerá cuáles son las actuaciones. Construir vivienda, habilitar zonas verdes o espacios para equipamientos públicos, pero no especificará en qué terreno exacto o cómo se llevarán a cabo específicamente estas actuaciones. Esa información se plasmará posteriormente en el Plan de Ordenación Detallada.

En la estrategia, las administraciones locales también deberán abordar una primera categorización de cuáles son los núcleos periurbanos, así como limitar las acciones más urgentes y prioritarias para el desarrollo del municipio.

De la altura de las viviendas al color

Una vez establecido el camino que quiere seguir urbanísticamente el concejo, tocará plasmarlo pormenorizadamente en los Planes de Ordenación al Detalle. En estos documentos, los ayuntamientos delimitarán la regulación de cada zona, barrio o núcleo. Establecerán cuál es la altura máxima en un barrio o zona rural, cómo tienen que pintarse las viviendas o dónde pueden ir determinadas industrias.

Estos nuevos instrumentos “no serán tan complejos” como un plan general actual, por lo que desde la Consejería de Ordenación, dirigida por Ovidio Zapico, esperan que sea “más fácil llegar a consensos”. No obstante, reconocen que “en términos puramente de tramitación, es poco lo que podemos reducir los tiempos porque vienen marcados por la parte ambiental”.

Según sus cálculos, con la nueva fórmula desde que el Pleno de un ayuntamiento decida que se quiere poner a tramitar la planificación urbanística hasta la publicación definitiva de la Estrategia de Ordenación del Concejo podrían pasar de media una legislatura. Es decir, cuatro años.

Entre ocho y diez años de tramitación

Plazos aparte son los de los Planes de Ordenación al Detalle. En total, entre ocho y diez años. Un periodo elevado, pero que reduce considerablemente los veinte años que tardan actualmente los ayuntamientos asturianos en sacar adelante sus reglas urbanísticas.

La LOITA se encuentra actualmente en información pública. Las previsiones del Principado es que pueda estar aprobada en algo más de un año, si cuentan con el apoyo necesario en la Junta. Una vez publicada en el BOPA, las administraciones locales tendrán un plazo de seis meses hasta que entre en vigor.

¿Qué pasará entonces con los ayuntamientos que ya están inmersos en la elaboración de su plan general? Si ya han superado la aprobación inicial, el Gobierno regional les permitirá continuar la tramitación por la vía antigua. En cambio, aquellos municipios que vayan más retrasados en el proceso deberán adaptarse a las nuevas normas.

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