El Colegio de Arquitectos ve factible reducir los plazos urbanísticos en Asturias como plantea la nueva ley: "Hay mucho margen de mejora"
El decano Miguel Casariego lamenta que el plazo de exposición a información pública sea solo de 20 días hábiles y espera poder participar en fases posteriores de la tramitación
Nueva normativa urbanística. / LNE
Los arquitectos asturianos se encuentran estos días estudiando al detalle la nueva Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA), que nace para “simplificar el urbanismo, reforzar la vivienda pública y dinamizar el medio rural”. “Asturias necesitaba desde hace años una nueva ley que abordase de forma integral la ordenación del territorio”, dijo en su presentación el consejero de Ordenación, Ovidio Zapico. Y en eso coinciden todos los agentes implicados.
“Agilizar las tramitaciones es un clamor popular en toda España”, reconoce el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Miguel Casariego. La institución analizará estos días con detenimiento la norma, aunque reconocen que les genera cierta preocupación “el tratamiento previsto para los instrumentos de planeamiento (Planes Generales, Planes Parciales, Estudios de Detalle, etc.) que se encuentren vigentes cuando la ley entre en vigor”.
En el Colegio de Arquitectos están convencidos de que la duración de la tramitación de los instrumentos de planeamiento “se puede reducir, y parece que ese es uno de los objetivos principales de este anteproyecto de ley”. “Es evidente que hay mucho margen de mejora”, reconoce Casariego.
En la actualidad, la gestión de los planes generales ronda en algunos municipios entre 15 y 20 años, aunque el decano diría “que más bien se sitúa en torno a 10”, lo cual, reconoce, “sigue siendo excesivo”. Con la nueva ley, los plazos para sacar adelante un planeamiento urbanístico se situarán entre 8 y 10 años.
Plazo de información pública limitado
“El retraso en la tramitación de los Planes Generales se debe principalmente a la lentitud y la complejidad de los informes sectoriales, que son muy numerosos. Y en ocasiones, también se debe a la alternancia política en el poder municipal, debido a que los plazos electorales son más cortos que las tramitaciones administrativas”, explica.
El Colegio convocará en las próximas semanas reuniones de trabajo para analizar la ley con más detalle, pero “nos preocupa que el anteproyecto de una ley tan importante esté en información pública solamente 20 días hábiles”. Y Casariego pone un ejemplo: “El periodo de información pública de un Plan General (de rango muy inferior a una ley) suele ser de dos meses”.
“Esperamos que, tras este primer trámite, volvamos a tener la oportunidad de intervenir cuando el proyecto de ley se tramite, y que éste se someta entonces a un periodo de exposición pública con un plazo más razonable”, dice.
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