El drama de María José, una asturiana con discapacidad del 85% que no consigue plaza en una residencia pública: "Hemos hecho infinidad de llamadas... sin respuesta"

La historia de María José Fernández refleja las dificultades que puede entrañar el acceso a los recursos públicos de cuidados cuando los plazos administrativos se alargan. A sus 63 años, esta asturiana permanece en una residencia privada a la espera de que se resuelva su solicitud de dependencia, un trámite que inició en julio de 2025 y que, a día de hoy, casi siete meses después, continúa sin respuesta.

Fernández arrastraba desde hacía años una diabetes cuando sufrió un fallo neurológico que obligó a su ingreso en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permaneció varios días. Tras el alta hospitalaria y ante el evidente deterioro de su estado de salud, su familia optó por ingresarla en una residencia privada como solución provisional, mientras tramitaban las ayudas necesarias para acceder a una plaza pública en un centro del ERA.

En paralelo a la solicitud de dependencia, la familia inició también el procedimiento para el reconocimiento de discapacidad con el objetivo de que pudiera acceder a la jubilación. Este trámite avanzó con mayor agilidad. Con los informes médicos del hospital y tras reiteradas gestiones ante la Administración, Fernández obtuvo en pocos meses un grado del 85% de discapacidad. Además, se le reconoció el subsidio de Ayuda a Tercera Persona, una prestación destinada a quienes, con al menos un 75% de discapacidad, necesitan apoyo para actividades básicas como vestirse o asearse. Sin embargo, esa ayuda económica está vinculada al reconocimiento oficial del grado de dependencia, que aún no se ha resuelto, por lo que la prestación no se ha hecho efectiva.

"Necesitamos la valoración para poder optar a un cuidador o a una residencia pública del ERA", explica su sobrina. "La residencia privada era una solución momentánea que no para de alargarse", añade. La familia sostiene actualmente el coste del centro con los ahorros de Fernández. "Su único apoyo somos sus sobrinas y su hermana, pero todas trabajamos y es inviable que dejemos de hacerlo para atenderla sin ayuda económica", señala.

Personas vulnerables

Desde su salida del hospital, el estado de salud de Fernández ha seguido empeorando. Según la familia, los médicos sospechan que podría padecer párkinson, aunque todavía no cuenta con un diagnóstico definitivo ni con tratamiento específico. "Todo apunta a que tiene párkinson, pero aún no está diagnosticada y, en consecuencia, no tiene medicación, lo que hace que la enfermedad avance más rápido. Es la pescadilla que se muerde la cola", lamenta su sobrina.

Los informes médicos la califican como persona vulnerable y acreditan un alto grado de discapacidad. No obstante, la falta de resolución administrativa le impide acceder a recursos públicos como una plaza residencial concertada o apoyo domiciliario. La familia asegura haber realizado numerosas gestiones para intentar agilizar el expediente. "He hecho infinidad de llamadas a la Consejería, incluso escribí a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, pero no hemos obtenido respuesta", afirma su sobrina.

Mientras tanto, los meses pasan y la situación provisional se prolonga. "Nosotras podemos sostenerlo por ahora porque tenía algunos ahorros, pero ¿qué ocurre si esto le pasa a alguien joven o a una persona sin red familiar?", se pregunta la familia, que reclama una mayor rapidez en la tramitación de estos expedientes en casos de especial vulnerabilidad.

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