Gonzalo Centeno (Vox): "Hubo una connivencia clara de la Administración con lo que ocurrió en la mina de Cerredo"

Gonzalo Centeno, diputado de Vox en la Junta General, ha aplicado su bagaje como inspector de Hacienda (fue subinspector de Tributos en la Agencia Tributaria de Gijón) en los interrogatorios de la comisión parlamentaria que investiga el accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros cuando, presuntamente, extraían ilegalmente carbón. Con la comisión a punto de concluir las comparecencias, Centeno asegura que está clara la connivencia de la Administración en el siniestro y sostiene que hubo un sospechoso trato de favor a las empresas de la mina.

-La comisión está prácticamente cerrada. ¿Cree que ha sido clarificadora para conocer qué ocurrió en la mina de Cerredo y cómo operó la administración allí?

- En parte sí y en parte no. Si queremos ser generosos, la comisión ha sido clarificadora con un 10 o un 15% de los comparecientes. El resto, sinceramente, ha sobrado: un 80 o un 85% han sido para marear a los diputados y marearnos a todos. También es verdad que el primer día estábamos huérfanos de documentación y eso condiciona. Pero ahí hay un punto clave: antes incluso de escuchar a los comparecientes pedimos documentación a la Administración, y lo que recibimos fue una montaña parcelada y deslavazada. No sé si intencionadamente o por desorden, pero el efecto fue el mismo: dos papeles con valor envueltos entre cientos que no lo tenían. Una consejería mandaba una cosa un día, otra al siguiente… sin el menor esfuerzo por ordenar los hechos para que los diputados pudieran trabajar.

-¿Y a qué atribuye eso? ¿Al procedimiento burocrático o a algo más?

-Yo he manejado documentación toda mi vida y, cuando tú quieres aclarar, no actúas así. Esa táctica existe: lo importante no es negar, sino hacer que el tiempo pase y para ello se envía muchísima documentación. El resultado es tedioso y laborioso, y además con procedimientos de seguridad documental que complican todavía más el trabajo. Para colmo, todo llega a los diputados de un modo que impide que se trabaje con normalidad con asesores. Eso no es una colaboración real: es colaboración puramente formal y, al mismo tiempo, dilación.

-Con lo visto en la comisión, ¿cuál sería su diagnóstico?

-Se resume en una frase: connivencia clara de la Administración con lo quepasó. Y matizo: no hablo de connivencia con un homicidio deliberado. Aquí no hay un asesinato, no se ha hecho a posta. Estamos, en todo caso, ante un homicidio imprudente derivado de fallos gravísimos de seguridad, y la Administración no “colabora” en la muerte en ese sentido penal. Pero sí hay connivencia en lo esencial, en que ese entramado empresarial pudiera hacer lo que hizo. Y cuando digo “ese entramado” me refiero al administrador de hecho, no de derecho, del núcleo de empresas que orbitan alrededor del caso.

-¿En qué se basa para afirmar esa connivencia?

-En una valoración conjunta de indicios y pruebas, que es lo que hace un juez cuando no existe una “prueba reina”. Aquí tenemos documentación y comparecencias, no periciales en profundidad. Y aun así, el cuadro es bastante claro. Primero: el entramado societario carecía de capacidad técnica, económica y profesional para lo que se planteaba. Estamos hablando de empresas con capital mínimo, sin estructura, sin trabajadores, sin financiación bancaria, sin activos reales y con balances “previsionales”, es decir, expectativas. Por ese lado, ya es insostenible. Segundo: el soporte técnico-científico para el proyecto, tal como se vendió, no aparece. ¿Dónde están los informes solventes, los equipos técnicos, la ingeniería, la validación científica? No está. Y, sin embargo, se ponen en marcha subvenciones y autorizaciones que, en un escenario normal, exigirían un escrutinio muy superior.

-Usted sostiene que sin la Administración esto no habría ocurrido. ¿No es una afirmación demasiado contundente?

-No. Sin el visto bueno de la Administración, especialmente en el ámbito autonómico, esto no hubiera podido pasar tal y como pasó. Que el empresario tuviera interés, que intentara “vestir la mona”, eso entra dentro de lo esperable. Lo determinante es que la Administración le dio marco y recorrido. Y no hablo solo de Asturias: también hay un fallo clamoroso en el ámbito nacional. El Instituto de Transición Justa no puede otorgar o tramitar subvenciones relevantes a una estructura sin músculo, sin trazabilidad técnica y con un planteamiento que, además, es extraordinariamente discutible en términos económicos y científicos.

-¿Dónde ubica el “momento clave” de esa connivencia?

-En 2023. En primavera ya se inicia el procedimiento para pedir la subvención; y, en otoño, se produce la transmisión administrativa de derechos mineros a la sociedad que se coloca en primera línea. Ahí está la bisagra: una cosa es que exista una transmisión privada de derechos entre particulares, y otra es que la Administración autorice la explotación, porque esto es dominio público y no una tienda de zapatos. Sin autorización administrativa, todo lo demás es papel mojado. Y, sin embargo, se autorizó. Se “vistió” el objeto social, se adecuó el relato y se dio un cauce que no debió darse.

-¿Y qué papel desempeña la figura jurídica del “proyecto de investigación complementaria”?

-Para mí es un trampantojo. Puedes llamarlo como quieras, “investigación complementaria” o “explorar Marte”: el problema no es el nombre, es quién da el visto bueno y con qué base. Estamos hablando de autorizar volúmenes enormes, con inversiones muy relevantes, sin identificar un cliente industrial claro, sin garantías técnicas verificables y con antecedentes preocupantes. Y eso, tras un accidente mortal previo, con un entramado empresarial que ya debería estar bajo sospecha. Ahí la connivencia se materializa: no solo en no vigilar, sino en habilitar una figura que permite seguir adelante.

-La Administración regional ha alegado que no podía saber que eran “los mismos”, que los apellidos no coincidían…

-Eso es una excusa. En un territorio pequeño, con una estructura social y laboral tan limitada, saber “quién es quién” no exige un informe de inteligencia. Tienes un servicio de inspección, tienes autoridades locales, tienes mecanismos para contrastar. Y aunque no los uses, el problema de fondo es otro: incluso sin saber “quién”, lo que sí se ve es “qué”: una empresa sin capacidad real para lo que se pretende, sin estructura y con un relato técnico endeble. Eso, por sí solo, ya debería bastar para decir “no”.

-Entonces, ¿qué falló? ¿la coordinación, la inspección, la política…?

-Todo. La coordinación entre consejerías ha sido un desastre; cada órgano actúa como un compartimento estanco y la burocracia lo ahoga todo. Pero lo más grave es la dejación de la labor de policía administrativa: en dominio público, la Administración está obligada a vigilar. Una concesión no es “haz lo que quieras”; es “te cedo una explotación temporal y tú cumples, y yo inspecciono”. Si la inspección se convierte en despacho, si se va una vez de vez en cuando, si no hay presencia real, entonces el sistema se desarma. Y eso, en minería, tiene consecuencias fatales.

-¿Se han saldado las responsabilidades políticas con la dimisión de la exconsejera Belarmina Díaz?

-No. Una muerte múltiple en un ámbito regulado y vigilado por la Administración no se arregla con una dimisión simbólica. Aquí hace falta una remodelación profunda: revisar procedimientos, depurar responsabilidades administrativas, reforzar la inspección y cortar de raíz los “atajos” regulatorios que se han tolerado. Y también exigir claridad en el nivel nacional: cómo se tramitaron subvenciones, con qué informes y con qué controles.

-Si tuviera que expresar una idea clave para el dictamen final de la comisión, ¿cuál sería?

-Que esto no es solo un accidente por imprudencia empresarial. Es el resultado de un sistema que ha permitido que un negocio inviable y opaco avanzara al abrigo de incentivos políticos y fondos europeos, con una vigilancia insuficiente y con decisiones administrativas favorables que nunca debieron adoptarse. Si el dictamen no deja eso claro, la comisión habrá servido para muy poco.

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