¿Qué pasa definitivamente con Villa? La jueza termina las investigaciones del caso "Hulla" nueve años después y pide a la Fiscalía que presente acusación

Nueve años después de iniciarse las investigaciones del "caso Hulla" (comenzaron en abril de 2017), la magistrada Begoña Fernández, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, da por terminadas las investigaciones del caso "Hulla", transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado e insta a la Fiscalía a que presente su escrito de acusación. El que fuera líder del sindicato minero SOMA, José Ángel Fernández Villa, cuya legalización de 1,4 millones de euros motivó el inicio de este caso, sigue fuera de la lista de imputados, debido a su enfermedad neurológica degenerativa que le hace inimputable penalmente, aunque sigue abierta la vía civil para reclamar ese dinero obtenido, presuntamente, de forma fraudulenta. Sí se formulan posibles delitos cometidos por otros 18 acusados.

La empresa Alcedo de los Caballeros, conchabada con el entonces presidente del Montepío, José Antonio Postigo, se habría hecho con 30.102.389,52 euros por los trabajos certificados en el geriátrico de Felechosa (Aller), y concedidos por el Instituto de la Minería, pese a que el importe real de las obras no superó los 18.000.000 de euros. La diferencia se desvió, siempre según el auto de la magistrada Begoña Fernández, mediante facturas falsas y otros enjuagues. Además, se aprecian contratos fraudulentos de limpieza para las instalaciones que gestionaban en Murcia y Almería.

La magistrada ve indicios de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones, continuado de falsedad, tráfico de influencias, estafa y apropiación indebida y contra la ordenación del territorio. La esposa de Villa, María Jesús Iglesias, y los hijos del sindicalista, Rolando y Ángela Fernández Iglesias, serían autores de los delitos de blanqueo de capitales con delito antecedente de corrupción.

José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería y mano derecha de Villa, sería, según los indicios, partícipe en delitos de malversación de caudales públicos o delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos públicos, mercantiles y oficiales, prevaricación, tráfico de influencias, estafa o apropiación indebida, delito contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales. Las rumanas Dorina Bicher (pareja de Postigo) y Rodica Daniela Timis podrían haber cometido los delitos de estafa o apropiación indebida y falsificación continuada de documentos mercantiles.

Juan Antonio Fernández y Juan Carlos Riera Blanco, socios de Alcedo de los Caballeros, habrían ejercido, como autores materiales, de cooperadores necesarios o partícipes "extraneus", según los casos, en los delitos de malversación de caudales públicos o delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos mercantiles, y partícipes en prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

Rocío San José, esposa de Juan Antonio Fernández, sería autora, como partícipe, de los delitos de malversación de caudales públicos/fraude de subvenciones, delito de blanqueo de capitales, delito de estafa/apropiación indebida.

El arquitecto Manuel Sastre sería partícipe en malversación de caudales públicos o delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos públicos, mercantiles y oficiales, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

El proveedor Jorge González Muñiz y el aparejador Vicente Fernández serían partícipes en el delito de malversación de caudales públicos o continuado de fraude de subvenciones y falsificación continuada de documentos mercantiles; mientras que los asesores fiscales Rafael Virgós y José Manuel Fernández lo serían de malversación de caudales públicos o fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos públicos, mercantiles y oficiales, y prevaricación y tráfico de influencias.

A los exalcaldes de Aller David Moreno Bobela y Gabriel Pérez Villalta, por su parte, se les aprecia delitos de malversación de caudales públicos o delito continuado de fraude de subvenciones, prevaricación y delito contra la ordenación del territorio. Finalmente, Patricia Postigo y María Elena Pérez Veiga, hija y exmujer de José Antonio Postigo, están señaladas a título lucrativo.

El auto, además de dejar fuera a Villa, hace lo propio con otra de las hijas de Postigo, María Elena Postigo.

Según la magistrada, "José Antonio Postigo, persona con fuerte relevancia y responsabilidades a nivel sindical en SOMA-UGT y el Montepío, cuya presidencia asume en junio de 2006, en connivencia con los responsables de la constructora Alcedo de los Caballeros, se concertaron a fin de obtener y repartirse de forma continuada ilícitos beneficios derivados del desvío tanto de fondos privados propios del citado Montepío como públicos derivados de una ayuda adjudicada al mismo en el ámbito de los fondos mineros".

Servicios de limpieza en Murcia y obras en Felechosa

Nueve años después de iniciarse las investigaciones del "caso Hulla" (comenzaron en abril de 2017), la magistrada Begoña Fernández, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, da por terminadas las investigaciones del caso "Hulla", transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado e insta a la Fiscalía a que presente su escrito de acusación. El que fuera líder del sindicato minero SOMA, José Ángel Fernández Villa, cuya legalización de 1,4 millones de euros motivó el inicio de este caso, sigue fuera de la lista de imputados, debido a su enfermedad neurológica degenerativa que le hace inimputable penalmente, aunque sigue abierta la vía civil para reclamar ese dinero obtenido, presuntamente, de forma fraudulenta.

La empresa Alcedo de los Caballeros, conchabada con el entonces presidente del Montepío, José Antonio Postigo, se habría hecho con 30.102.389,52 euros por los trabajos certificados en el geriátrico de Felechosa (Aller), y concedidos por el Instituto de la Minería, pese a que el importe real de las obras no superó los 18.000.000 de euros. La diferencia se desvió, siempre según el auto de la magistrada Begoña Fernández, mediante facturas falsas y otros enjuagues. Además, se aprecian contratos fraudulentos de limpieza para las instalaciones que gestionaban en Murcia y Almería.

La magistrada ve indicios de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones, continuado de falsedad, tráfico de influencias, estafa y apropiación indebida y contra la ordenación del territorio. La esposa de Villa, María Jesús Iglesias, y los hijos del sindicalista, Rolando y Ángela Fernández Iglesias, serían autores de los delitos de blanqueo de capitales con delito antecedente de corrupción.

José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería y mano derecha de Villa, sería, según los indicios, partícipe en delitos de malversación de caudales públicos o delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos públicos, mercantiles y oficiales, prevaricación, tráfico de influencias, estafa o apropiación indebida, delito contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales. Las rumanas Dorina Bicher (pareja de Postigo) y Rodica Daniela Timis podrían haber cometido los delitos de estafa o apropiación indebida y falsificación continuada de documentos mercantiles.

Juan Antonio Fernández y Juan Carlos Riera Blanco, socios de Alcedo de los Caballeros, habrían ejercido, como autores materiales, de cooperadores necesarios o partícipes "extraneus", según los casos, en los delitos de malversación de caudales públicos o delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos mercantiles, y partícipes en prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

Rocío San José, esposa de Juan Antonio Fernández, sería autora, como partícipe, de los delitos de malversación de caudales públicos/fraude de subvenciones, delito de blanqueo de capitales, delito de estafa/apropiación indebida.

El arquitecto Manuel Sastre sería partícipe en malversación de caudales públicos o delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos públicos, mercantiles y oficiales, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

El proveedor Jorge González Muñiz y el aparejador Vicente Fernández serían partícipes en el delito de malversación de caudales públicos o continuado de fraude de subvenciones y falsificación continuada de documentos mercantiles; mientras que los asesores fiscales Rafael Virgós y José Manuel Fernández lo serían de malversación de caudales públicos o fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos públicos, mercantiles y oficiales, y prevaricación y tráfico de influencias.

A los exalcaldes de Aller David Moreno Bobela y Gabriel Pérez Villalta, por su parte, se les aprecia delitos de malversación de caudales públicos o delito continuado de fraude de subvenciones, prevaricación y delito contra la ordenación del territorio. Finalmente, Patricia Postigo y María Elena Pérez Veiga, hija y exmujer de José Antonio Postigo, están señaladas a título lucrativo.

El auto, además de dejar fuera a Villa, hace lo propio con otra de las hijas de Postigo, María Elena Postigo.

Según la magistrada, "José Antonio Postigo, persona con fuerte relevancia y responsabilidades a nivel sindical en SOMA-UGT y el Montepío, cuya presidencia asume en junio de 2006, en connivencia con los responsables de la constructora Alcedo de los Caballeros, se concertaron a fin de obtener y repartirse de forma continuada ilícitos beneficios derivados del desvío tanto de fondos privados propios del citado Montepío como públicos derivados de una ayuda adjudicada al mismo en el ámbito de los fondos mineros".

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