El susto que se van a llevar los pensionistas asturianos con el pago a final de mes: Hacienda se va a quedar con parte de su pensión

El Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones en 2026 aprobado por el Consejo de Ministros ha entrado en vigor este miércoles, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De este modo, la subida de las pensiones para este año vuelve a entrar en vigor aunque aún no haya sido convalidada en el Congreso. Ese paso se producirá en los próximos días, aunque esta vez no se esperan problemas para su convalidación, pues la mayor parte de los grupos de la Cámara Baja, incluidos PP y Junts, es favorable al incremento de las pensiones. La subida de las pensiones para 2026 ya fue efectiva en el mes de enero para los casi 13 millones de pensiones y prestaciones del sistema público y, tras la caída del decreto ómnibus, ahora se busca garantizar su continuidad, sin alteraciones en la nómina, con la aprobación, por separado, de la revalorización de las pensiones.

Las pensiones contributivas y de clases pasivas, atendiendo a la evolución de los precios, suben un 2,7% para 2026, la misma cuantía en que se incrementa el complemento para la reducción de la brecha de género.

El aumento del 2,7% previsto para 2026 alcanzará a 9,4 millones de personas que perciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, así como a los más de 734.000 beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas prestaciones también se revalorizarán en ese mismo porcentaje. Según estimaciones del Ministerio de Inclusión, esta subida supondrá unos 570 euros más al año para una pensión media de jubilación y cerca de 500 euros anuales en el conjunto del sistema. Sin embargo, muchos pensionistas comprobarán al recibir la notificación oficial que el incremento efectivo es sensiblemente inferior. El motivo es fiscal: la falta de actualización del IRPF y la propia progresividad del impuesto hacen que una parte relevante de la subida quede en manos de Hacienda.

Uno de los ejemplos más citados es el de una pensión media de 1.516 euros mensuales. Con la revalorización del 2,7%, el aumento bruto ronda los 40 euros al mes, pero tras aplicar la retención del IRPF el incremento neto se reduce a unos 23 euros. Los 17 euros restantes, cerca del 43% de la subida, se los queda la Agencia Tributaria. A este efecto se suma la ausencia de deflactación del IRPF, es decir, la falta de ajuste de los tramos del impuesto a la inflación. Al no actualizarse, cada aumento de las pensiones empuja a más jubilados a tipos impositivos más altos, un fenómeno conocido como “progresividad en frío”, que permite al Estado recaudar más sin modificar formalmente la normativa fiscal.