Cientos de asturianos logran recuperar hasta 2.200 euros por abusos hipotecarios de sus bancos (y eso que solo reclama el 2% de los afectados)

Más de 1.300 asturianos recuperaron el año pasado una media de 1.500 euros por abusos hipotecarios. La Unión de Consumidores de Asturias cerró 2025 con 140 sentencias favorables y eso que, como advierte la entidad que lidera Dacio Alonso, "solo el 2% de los afectados reclama lo que legalmente les corresponde". Es decir, dicho al revés, el 98% de las familias afectadas nunca llegar a iniciar un proceso judicial.

Según la Unión de Consumidores, miles de familias continúan reclamando en los tribunales la devolución de gastos hipotecarios, comisiones de apertura y cláusulas abusivas que el Tribunal Supremo ya ha declarado nulas. En Asturias existen 100.000 hipotecas activas y la ley de Consumo del Principado, del año 2002, contempla sanciones de 18.000 euros por infracción grave.

Más de 2 millones de euros recuperados

La Unión de Consumidores logró en 2025 más de 140 sentencias favorables, logrando que los bancos devolvieran tanto los gastos hipotecarios como la comisión de apertura. En algunos casos, los tribunales añadieron incluso un recargo sancionador del 50%. El promedio por socio ganador de la sentencia fue de 1.514,3 euros y el total recuperado supera los 2,35 millones.

"Cada familia que reclama recupera entre 1.200 y 2.200 euros, sin contar intereses, que en muchos casos elevan notablemente la cantidad final. Si extrapolamos ese promedio a las 100.000 hipotecas asturianas, el resultado es de 151,4 millones de euros de deuda mínima que la banca mantiene con los consumidores asturianos solo por gastos hipotecarios y comisiones de apertura", subraya el colectivo.

"Este beneficio obtenido de forma ilícita por la banca asturiana, si lo multiplicáramos por seis como contempla nuestra Ley de Consumidores de 2002, significaría casi 1.000 millones de euros de sanción", denuncian la Unión de Consumidores, que da un tirón de orejas al Gobierno regional. "Si el Principado ejerciese sus competencias sancionadoras en materia de protección de consumidores, dispondría de casi 3.000 millones de euros para políticas públicas de vivienda", remata.