Historia de un atasco: seis años de debate y cuatro de papeleo para reformar las normas de comercio, en el foco con la llegada de Costco

La reforma de las directrices de comercio de Asturias arrastra seis años de debate y ha vuelto a la actualidad tras la polémica por la implantación de Costco en Siero adelantada por LA NUEVA ESPAÑA.

La norma que nació en 2010 empezó a renquear cuando cumplía una década, en especial por tensiones entre los municipios, constreñidos por la división en cabeceras que limitaba a ciertos concejos la instalación de superficies comerciales de envergadura. Ya la irrupción creciente del comercio electrónico invitaba también en 2020 a una revisión, que la propia norma fijaba cuando cambiasen las condiciones territoriales o sociales, y que la patronal alentaba.

El contexto en que nacieron las directrices vigentes es importante. En 2010, el espectro que causaba pavor al comercio asturiano se llamaba «gran superficie de comercio y ocio». A Asturias habían llegado ya grandes espacios, al calor del «boom» del ladrillo y los nuevos modelos de compra importados de Estados Unidos. El Principado, entonces gobernado por Areces, elaboró unas directrices de comercio restrictivas para esos gigantes, con el respaldo del pequeño comercio y de las medianas superficies urbanas de alimentación. Pero, al tiempo, el Principado aprobó ese mismo año una Ley de Comercio Interior que bebía de las directivas europeas que bendecían la liberalización.

Ante esa contradicción y las voces que pedían cambios, el Gobierno de Barbón tomó el toro por los cuernos y en 2022 activó la redacción de unas nuevas directrices. Las vigentes habían quedado más restrictivas que las de los territorios vecinos e incluso que las estatales. La patronal de las medianas superficies advertía de la fuga de consumidores en las alas hacia las comunidades vecinas al carecer de grandes espacios de compra que sí tenían, muy cerca, Galicia o Cantabria.

En su mandato, el Ejecutivo reconocía que las directrices se habían vuelto difíciles de aplicar e interpretar y no encajaban con la evolución del sector. Y apuntaba algunos cambios necesarios: por ejemplo, una regulación menos atada a la ideade «cabeceras comarcales», simplificar las reglas para ampliaciones de grandes establecimientos y para permitir cambios de uso dentro de ellos. También se defendía una mayor autonomía municipal en la ordenación. Costco estaba tras esa música.

En ámbitos políticos ya se conocía el interés de la multinacional por instalarse en el polígono de Bobes (Siero) y las dificultades que tenía para lograrlo. De hecho, las primeras noticias del proyecto se publicaron en octubre de 2022 y el Ejecutivo decidió reformar las directrices en julio de ese mismo año.

Irrumpió en 2023 el gobierno conjunto de PSOE e IU, y la coalición ya tenía claro su rechazo a la implantación de Costco en Bobes o a una modificación de la regulación «ad hoc». El Gobierno encargó un documento de avance, que fijaba ocho comarcas funcionales y flexibilizaba el uso comercial en suelo industrial. Aquel texto llegó al consejo asesor, un órgano consultivo del que forman parte los sindicatos, la patronal, los comercios minoristas y mayoristas, así como distintos representantes de la Administración, entre ellos uno de la consejería de Ordenación del Territorio, que gestiona IU.

La redacción motivó el rechazo de los representantes del comercio y de la consejería de IU, desatando una abierta discrepancia con la entonces consejera Nieves Roqueñí.

Para evitar el conflicto, Roqueñí inició una nueva redacción del avance, negociada con los integrantes del Consejo asesor, que sí terminó en acuerdo. Ese documento establecía que, con carácter general, en zonas industriales solo se autorizarían actividades mayoristas o de venta especializada, «tal y como establecen las actuales directrices». El nuevo texto pactado y bendecido por IU fue aprobado en septiembre de 2024.

Ya entonces quedaba claro que la implantación de Costco no pasaría el filtro, no tanto por unas hipotéticas nuevas directrices, sino porque el propio plan urbano (PGOU) de Siero lo impedía. El plan general sierense había reproducido íntegramente la redacción de las normas vigentes, por lo que la única opción para el concejo era modificar su planeamiento.

Aquella complejidad encontró salida en la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), que ya encaraba la tramitación parlamentaria y que se aprobó en diciembre de ese mismo año. Esa norma establecía que los proyectos que consiguiesen la calificación de estratégico tendrían allanadas de manera automática las trabas urbanísticas.

La existencia de una vía alternativa para Costco y los sucesivos cambios y alteraciones en la consejería de Transición Ecológica terminaron dejando un poco en el olvido la urgencia de la reforma de las directrices. Roqueñí cesó y fue designada directora del Puerto de Gijón en enero de 2025. Ocupó su puesto Belarmina Díaz, que duró en él apenas dos meses (de febrero a abril).

Roqueñí dejó encargado a Tragsatec, por 159.858 euros, labores de apoyo técnico para la revisión de las directrices, con un plazo de 24 meses. Con la presión normativa que suponía la implantación de Costco orientada a la consecución del carácter estratégico, la reforma de las directrices siguió su curso en silencio.

Ahora la necesidad de unas nuevas directrices que ya estaba clara hace seis años vuelve con fuerza. Al margen de Costco, los empresarios reconocen que las normas se han convertido en un reflejo de un esquema comercial que ya no existe. Han sido cuatro años en blanco y no hay que descartar que la batalla política regrese.

Antes de finales de año, Tragsatec deberá entregar su propuesta normativa. Volverá a pasar al Consejo asesor de Comercio, en el que sigue estando la parte de IU del Gobierno (fue apartada con la reorganización de la consejería de Ciencia e Industria en 2025, pero ha regresado, en parte para tratar de evitar conflictos, ya que Ordenación del Territorio tendrá que dar también su parecer determinante).

Nadie sabe qué entregará Tragsatec, pero puede que las discrepancias políticas (entre PSOE e IU) y las empresariales (entre cadenas de supermercados y pequeño comercio) vuelvan a castigar el documento al cajón.

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