El Gobierno central desconfía de los datos del lobo de las comunidades (incluida Asturias) y hará su propio informe

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) desconfía de la solvencia de los datos que trasladan las Comunidades Autónomas, entre ellas la asturiana, en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente sobre el número de lobos y por eso elabora un informe científico para entregarlo a la Unión Europea (UE), que obliga a los estados miembros a remitir un informe sexenal que evalúa el estado de conservación de las especies en peligro.

Bruselas abrió un expediente a España por el retraso en la remisión del informe (2019-2024) que debía haber sido entregado por el Ejecutivo de Madrid antes del pasado 31 de julio de 2025. Sin embargo, en el Ministerio de explican que este retraso se debe "exclusivamente a criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica". No obstante, para enviar los datos a Bruselas el Miteco tiene que tener el visto bueno previo de las comunidades y ahí empieza el problema dado del enfrentamiento por la gestión del lobo que mantiene con las del Norte (Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla León).

En Asturias, la organización Asaja instó esta misma semana a la Comisión Europea a apercibir al Gobierno de España para que entregue los datos para poder tener una idea clara de la población actual y tomar medidas. En la región no ha sentado nada bien entre los ganaderos que la Consejería de Medio Rural haya paralizado hasta junio el programa de control del lobo después de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló las medidas para el periodo 2022-2023 (no se llegaron aplicar al estar la especie incluida desde 2021 y hasta 2025 en el listado de protección de España). El Principado quiere seguridad jurídica para poder aplicar su plan de gestión, que incluye la eliminación de lobos para proteger al ganado, entre otras medidas. La idea del Gobierno regional es cambiar un artículo que es cuestionado por el Supremo "por no estar ajustada al ordenamiento jurídico", como recurrió la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL).

Comisaria en Madrid

En el Gobierno de España no hay preocupación sobre el retraso en enviar los últimos datos del lobo. Aseguran que la Comisión Europea informó a los Estados miembros de que aceptaría "pequeños retrasos" en la remisión de los informes sexenales, debido a las dificultades técnicas asociadas a la implantación del nuevo sistema de reporte gestionado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Precisamente este jueves la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, confirmó en el Congreso de los Diputados que la Comisión "mantiene un diálogo" con el Gobierno en relación al envío a Bruselas del informe sexenal del lobo. "Tenemos normas sobre cómo informar y cómo recolectar la información, siempre trato de basarme en la ciencia cuando tomo decisiones. Así que estamos manteniendo un diálogo con el Gobierno español sobre los informes", dijo antes de participar en la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE).

Sin base científica

Las fuentes del Gobierno especifican, además, que la documentación de la que se dispone sobre la situación en la que se encuentra esta especie en España "no ofrece todavía una base científica solvente", pues en los últimos meses se han producido cambios "sustanciales" en las poblaciones de lobo, derivados tanto de la "eliminación" de ejemplares por parte de algunas comunidades autónomas como de "las muertes y desplazamientos poblacionales" provocados por los grandes incendios forestales.

A juicio del Ejecutivo, estos factores alteran de manera "significativa" los datos de distribución y estado de conservación, y aconsejan una actualización "rigurosa" antes de su envío a la Unión Europea.

Precisamente, la semana pasada el Tribunal Supremo anuló las autorizaciones que dio Cantabria para la caza de varios ejemplares de lobo con la finalidad de evitar daños al ganado. También tumbaron el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo de Asturias "por no estar ajustada al ordenamiento jurídico", como reclamaba en un recurso la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL).

Choque Principado-Miteco

En Asturias es un hecho que nadie oculta que no hay buena relación entre la Consejería de Medio Rural, en manos de Marcelino Marcos Líndez, y el Ministerio de Sara Aagesen y cuyo departamento de Medio Ambiente está en manos del secretario de estado asturiano Hugo Morán. En Asturias, en sintonía con el resto de las comunidades presentes en la sectorial de medio ambiente (todas del PP), se defiende la eliminación de lobos al considerar que la población se ha disparado en los últimos años y la especie ya no está en peligro de extinción. Todo lo contrario opinan en Madrid.

El Miteco se mantiene en sus trece. Una vez contabilizados los lobos que hay en España, cuyo censo se hizo público el pasado mes de junio, sostiene la especie «sigue en situación desfavorable». El informe cifró en 333 manadas las que hay, 36 más que las 297 inventariadas en 2014, un aumento del 12 %. De ellas, 45 las comparte con otras comunidades Asturias, que tiene 33 en exclusiva. De acuerdo con un rango estimado de entre 4,5 y 6,5 ejemplares por manada, el número de individuos censados en España oscila entre los 1.300 y los 1.900 lobos. Los datos no difieren mucho de los que maneja el Gobierno del Principado, que cifra en 45 las manadas que hay, unos 345 animales, lo que le ha servido para iniciar ya la eliminación de ejemplares. Pero la lectura es muy distinta entre una administración y otra.

El Ministerio advierte de que el número se queda por debajo de las 500 manadas «que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo», así que «el lobo estaba antes en situación desfavorable y lo sigue estando ahora». Los resultados del nuevo censo apuntan a «una estabilización de los efectivos en las áreas de distribución histórica de la especie en Galicia, Asturias y Castilla y León» y a una «expansión moderada en los límites de su distribución». El Principado dice todo lo contrario y con sus cifras asegura que la población se ha disparado y es necesario aplicar controles.

Pero la lentitud del Gobierno no solo está justificada, explican las fuentes consultadas, en la insolvencia de las informaciones remitidas por las Comunidades Autónomas, sino que aluden también a la entrada en vigor de la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que introduce una novedad relevante: exige la aprobación previa de los informes sexenales por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, dominada por gobiernos autonómicos del PP, excepto el caso de Asturias (PSOE).

Transición Ecológica desconvocó la Conferencia Sectorial poco antes de que el Defensor del Pueblo llevara ante el Tribunal Constitucional (TC) tres disposiciones de la Ley del Desperdicio que rebajaban la protección de la especie y obligaban a contar con la aprobación de la Conferencia Sectorial, dominada por los Gobiernos autonómicos, en los informes antes de remitirlos a Bruselas, explica Europa Press.

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