La indemnización por el accidente de Cerredo está en riesgo, según la Fiscalía

El Fiscal de la investigación del accidente de la mina de Cerredo, en la que murieron cinco mineros cuando extraían carbón para la empresa Blue Solving, de manera ilegal, advirtió ya en octubre de 2025 del riesgo de que el proceso se alargue en el tiempo y que no haya seguro que pueda afrontar las indemnizaciones, ya que se considera "acreditado indiciariamente" que se producía una "actividad extractiva no autorizada". Además, el fiscal invocó la posibilidad de "periculum in mora" (peligro en la demora), un concepto jurídico que define el riesgo de que la tardanza en dictar sentencia definitiva cause un daño irreparable a las víctimas.

Esa fue la razón por la que solicitó como medidas cautelares el embargo de bienes y cuentas bancarias de los cuatro responsables penales por la muerte de los cinco trabajadores, al menos en el estado actual de la instrucción. Se trata del empresario Jesús Rodríguez Morán (conocido como Chus Mirantes); su mujer, Ana María Rodríguez; su hijo, Adrián Rodríguez, y el ingeniero facultativo de la exploración, José Antonio Fernández Casillas. El fiscal reclamó, además, que de forma prioritaria el embargo se dirigiese sobre los inmuebles y, posteriormente, a las cuentas bancarias. Solo en último caso, de ser necesario, se embargarían los vehículos.

En ese momento, las actuaciones estaban bajo secreto, también a petición del Fiscal. Con ello, pretendía atajar la difusión de las actuaciones, ya que había una personación en el proceso, también se daba por confirmado (como acreditaba la inspección ocular de la mina), "entre otras fuentes por la prensa", que se extraía carbón ilegalmente, "con grave riesgo para la integridad de los trabajadores" y con empresas administradas "de hecho" por Chus Mirantes, aunque a nombre de su familia.

Además, el Fiscal no quería que los dueños de la mina tuviesen indicios tampoco de las declaraciones de los testigos, porque temía que se pudiesen hacer alteraciones "en fuentes de prueba" e, incluso, "influir en testigos".

Sin embargo, un movimiento del empresario Chus Mirantes aceleró la decisión del embargo: la venta de la empresa Combayl, titular de los derechos de la mina Miura, en Ibias.

Precisamente, la jueza titular del Juzgado de Cangas, Marta Ruiz, ya había advertido al Principado de que no cabía autorizar ninguna venta de derechos mineros. Sin embargo, en el caso de la mina de Ibias, el empresario minero vendió directamente la empresa, por lo que no había transmisión de derechos.

En cuanto Jesús Rodríguez Morán registró en el Principado su intención de parar la actividad en la mina de Ibias e informó del proceso de venta de la instalación, la consejería de Ciencia e Industria lo comunicó al juzgado, señalando que la transmisión de la empresa tenía "consecuencias asemejadas" a la venta de derechos mineros. Además, se hizo llegar al juzgado un escrito en el que dos trabajadores de Combayl denunciaban haber sido dados de baja en la seguridad social y advertían también del riesgo de que Rodríguez Morán se estuviese deshaciendo de patrimonio.

Por esa razón, la jueza reclamó ya a finales de noviembre que la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Oviedo aportase "a la mayor brevedad" toda la documentación mercantil del entramado de Rodríguez Morán. Y lo hacía con una advertencia: "Al existir riesgo de despatrimonialización de los presuntos responsables".

Con todas las propiedades y análisis de cuentas en su poder (llevaban tiempo bajo investigación, hasta el punto de estar el juzgado informado de movimientos bancarios), la jueza activó la orden de embargo y levantó el secreto del sumario. Formalmente, los dueños de la mina y el ingeniero de la explotación supieron de su situación y está previsto que declaren próximamente ante la jueza.

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La investigación va más allá de Cerredo y evalúa un trama de carbón ilegal

Superada la primera fase de la investigación para determinar las posibles responsabilidades, la investigación judicial por el accidente de Cerredo comienza a abrir otras vías. La jueza de Cangas del Narcea ha remitido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Oviedo dos escritos sobre los que pide que continúen practicando indagaciones. En primer lugar, un escrito remitido por la asesoría jurídica de Hunosa, en el que, tras solicitar la jueza que informase de la relación empresarial con Blue Solving. La hullera pública responde que no tiene ninguna, pero sí con Carbones La Vega, que pertenece "al mismo socio único".

La siguiente vía de investigación está en un escrito remitido en octubre por la empresa Promining. Reiteraba la denuncia que ya había presentado por supuesta extracción ilegal de carbón en mina Miura, en Ibias, que pertenecía al empresario Jesús Rodríguez Morán y ahora vendida. Acompañaba ahora la denuncia con una medición realizada con drones sobre los movimientos de tierra. La jueza pide seguir indagando.

Los supervivientes dicen que las inspecciones no eran exhaustivas

Los supervivientes del accidente de Cerredo ratificaron ante la jueza instructora lo que ya habían declarado ante la Guardia Civil: por un lado, que extraían carbón y que ya habían comenzado a hacer labores para llevarlo a cabo en el piso primero (donde Blue Solving tenía autorizado un Proyecto de Investigación Complementario). También reconocieron que dos trabajadores sufrieron mareos días y que, hasta entonces, no se usaba el grisúmetro. En las declaraciones, el fiscal pregunta por las inspecciones de la Dirección General de Minas. Como ya declararon ante la Guardia Civil, reiteraron que se producía preaviso y que no eran exhaustivas, ya que las zonas de extracción se cubrían con madera. La jueza pidió a Minas todas las actas de inspección y el Principado remitió no solo las de la mina, sino también las de la restauración del cielo abierto..

Los responsables de la mina sostienen que se velaba por la seguridad

Aunque ni el empresario Jesús Rodríguez Morán, ni su familia, ni el ingeniero José Antonio Fernández Casillas han declarado ante el juzgado, sí comienzan a tener clara su línea de defensa. Sostienen que en las instalaciones se llevaban a cabo medidas de seguridad y se realizaban los procedimientos adecuados. Incluso sostienen que no era necesaria la presencia de autorrescatadores al tratarse de una mina calificada como «poco grisuosa». También apuntan que no existía extracción ilegal, sino que simplemente se llevaban a cabo actividades que conllevaban alterar pequeñas cantidades para las tareas de seguridad interior de la mina, extremo que consta en el plan de desmontaje interior. El foco estará en hallar la causa de la explosión, que vinculan con un accidente imprevisible, y en el cumplimiento de las medidas en el interior.

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