Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes: "Si recurrimos el permiso a Costco no será simbólico, sino por responsabilidad"

La gijonesa Sara Menéndez lleva toda la vida vinculada a la actividad comercial y preside la Unión de Comerciantes de Asturias desde 2019. El colectivo es especialmente beligerante con la vía adoptada por el Principado para aprobar la instalación de Costco en el polígono de Bobes (Siero), considerándolo proyecto estratégico.

¿Se esperaban la autorización de Costco por la ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), o confiaban en que sus alegaciones tuviesen efecto?

Pensábamos que se atenderían con más rigor, porque eran muy claras: un PIER es una figura excepcional y no puede convertirse en la vía para "hacer encajar" lo que, con el marco vigente, no encaja.

No ha sido así.

El resultado confirma lo que veníamos advirtiendo. Esto no es un debate de simpatías o antipatías, es un debate de reglas, de planificación y de seguridad jurídica. El propio informe de la Agencia Sekuens reconoce que, con la normativa actual, el proyecto no sería autorizable por colisionar con tres instrumentos: el Plan Parcial de Bobes, el General de Siero y las directrices de comercio. En cambio, plantea el PIER como vía de prevalencia. Y ahí está el fondo del asunto: si se invierte el orden lógico, primero proyecto y luego norma, el riesgo es el precedente.

El Gobierno sostiene que lo hace estratégico el empleo.

Si empleo e inversión bastan para ser "estratégico", mañana cualquier proyecto podría intentar entrar por esa puerta. Entonces la figura pierde sentido y credibilidad.

¿La batalla es contra Costco o contra el procedimiento?

No es una batalla contra una empresa concreta. No estamos en contra de la inversión privada ni de que lleguen nuevos operadores a Asturias. El comercio convive desde hace décadas con formatos locales, nacionales e internacionales. Lo que cuestionamos es el procedimiento y el precedente: que para encajar este proyecto se haya recurrido a una figura excepcional. Eso es lo grave: convertir lo "estratégico" en un atajo. No hablamos de gustos, sino de expediente, reglas y seguridad jurídica. La inversión es bienvenida cuando se integra en el marco legal; lo inaceptable es que ese marco se doble para hacerla encajar.

¿Han realizado algún estudio sobre el impacto en el tejido comercial? ¿Cuál sería?

Hemos hecho un análisis del expediente y del informe de Sekuens: qué sostiene, qué acredita y qué deja fuera. Estamos ante un proyecto con impacto comercial y territorial, pero el informe no evalúa su conveniencia dentro de una estrategia regional integral; justifica el encaje formal y propone una aprobación con condiciones. Para medir impactos de verdad hacen falta instrumentos completos: empleo neto, centralidades urbanas, movilidad y tráfico inducido, logística, huella climática y análisis por concejos.

¿Cuál es su conclusión?

En nuestras alegaciones analizamos la movilidad inducida: con una estimación conservadora de 926.250 desplazamientos anuales (ida y vuelta) hacia Bobes, el cálculo arroja 10.988,52 toneladas de dióxido de carbono al año solo por movilidad de clientela. Equivale a la huella de 33.000 vuelos ida y vuelta Madrid–Nueva York.

El comercio en Asturias son 12.000 empresas y más de 60.000 empleos. Una decisión de esta magnitud exige transparencia y evaluación real, no un "ya se verá".

¿Urge reformar las directrices de comercio?

Las directrices, como cualquier norma, pueden revisarse y actualizarse. Eso es normal. Pero hay diferenciaentre actualizar un marco con planificación y debate público y saltarlo con una figura excepcional para un proyecto concreto. Si el Principado considera que el modelo comercial debe cambiar, lo lógico es revisar directrices, escuchar al sector, evaluar impactos y definir una estrategia clara. Lo que no es razonable es que, en lugar de ese debate, se utilice un PIER para resolver un caso particular. Más libertad sin reglas no es modernización: es desorden. Y el comercio, para competir, necesita reglas estables, previsibles e iguales para todos.

En los años 90 ya vivimos una fuerte concentración de hipermercados en Asturias y hoy aproximadamente la mitad de aquellos formatos han cerrado.

Cuando se crearon las actuales directrices de comercio la amenaza para el pequeño negocio estaba en los grandes centros de compra y ocio. ¿Cuál es ahora?

Hoy el reto es más complejo que antes. Ya no es solo "el tamaño" o el formato físico. La amenaza real es una combinación de factores que se refuerzan entre sí: La concentración de consumo y oferta en pocos actores, lo que debilita la centralidad urbana, el auge de la compra "online"; la compra "sin fricción", donde compites con gigantes que juegan con otras economías de escala, la presión sobre los márgenes, por la subida de alquileres, energía o salarios… Y lo fundamental: la desigualdad de reglas. El comercio lleva 30 años adaptándose, pero si hay reglas a la carta para unos, lo que se pide no es adaptación, es sumisión. El comercio puede competir, innovar y transformarse, pero necesita un entorno serio: planificación, seguridad jurídica y reglas iguales.

En otras comunidades la norma es más liberalizadora. ¿No es un riesgo ser una isla?

Asturias no tiene que ser una isla, pero tampoco puede ser "tierra de nadie", sino un territorio serio, atractivo para invertir con seguridad jurídica, planificación y reglas claras. La cuestión no es "liberalizar sí o no", sino cómo se hacen las cosas.. La cuestión es cómo se hacen las cosas. Si el Principado cree que hay que actualizar el modelo comercial, puede abrir un debate público, revisar directrices, evaluar impactos y fijar criterios. Eso sería gobernar. Le pregunto: ¿Un operador de gran distribución no debería poder instalarse cumpliendo la ley como el resto? Si la respuesta es que necesita una vía excepcional para encajar, entonces el debate no es si Asturias es una isla, sino que se necesita un marco común

¿Se plantea la Unión de Comerciantes recurrir la autorización a Costco?

Estamos valorando todas las opciones con rigor, incluida la vía judicial, porque hablamos de una decisión con impacto y, sobre todo, de un precedente. Pero queremos ser responsables: no vamos a improvisar ni a lanzar anuncios sin base técnica. Lo que sí digo, es que defenderemos el interés general, la seguridad jurídica y que existan reglas iguales para todos. Y lo hacemos representando a un sector que no es marginal. Los próximos pasos se adoptarán en el marco del Comité Directivo de la Unión de Comerciantes, con responsabilidad y con la vista puesta en el futuro del modelo comercial y urbano de Asturias.

Iniciar esa batalla jurídica requiere un importante desembolso como aval.

Es una pregunta muy pertinente, porque ahí aparece un problema de fondo: la defensa efectiva del interés general no debería depender de la capacidad de asumir avales. Cuando una decisión tiene impacto regional y afecta a sectores enteros, debería haber mecanismos que garanticen control sin levantar barreras económicas que, en la práctica, limitan los efectos de una sentencia favorable a nuestros planteamientos. Ya le digo, actuaremos con responsabilidad. No vamos a convertir esto en un gesto simbólico: si hacemos algo, será porque tiene sentido y recorrido.

¿Exigirá la Unión de Comerciantes algún tipo de compensación por el impacto?

Nuestra prioridad no es "pedir compensaciones" ni entrar en una lógica de parches. Lo que pedimos es algo previo y más importante: reglas iguales para todos, seguridad jurídica y una evaluación seria de impactos si se va a usar una figura excepcional. Eso sí, defendemos que Asturias tenga políticas públicas claras para fortalecer el comercio urbano y de proximidad. No como "compensación" por un atajo, sino como una estrategia estructural que lleva años siendo necesaria.

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