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Guillermo Peláez, consejero de Hacienda: "El Gobierno de España deberá ganarse el sí de Asturias a la financiación económica"

"A la izquierda se nos exige un plus de responsabilidad", avisa a Izquierda Unida Guillermo Peláez, para quien "la estabilidad y unidad del Gobierno de Asturias es un ejemplo para toda España"

Guillermo Pelaez, consejero de Hacienda

Guillermo Pelaez, consejero de Hacienda / Fernando Rodríguez / LNE

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

Guillermo Peláez (1984), abogado, inspector de Hacienda y padre de dos hijos, tiene en la cabeza las cuentas del Gobierno como consejero de Hacienda. También el discurso político de un Ejecutivo de coalición.

Estamos en febrero y el Ministerio de Hacienda se planteaba plazos para abordar la financiación autonómica. ¿Hay cita prevista?

No. Se comprometió a tener reuniones bilaterales para explicar el modelo y escuchar propuestas de las comunidades, pero formalmente no se nos ha convocado todavía.

¿Se ha trasladado de manera formal o informal la posición de Asturias, más allá de lo dicho por la Vicepresidenta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?

Hay un plano formal y otro informal. Entienda que en una negociación de este calibre hace falta diplomacia discreta para facilitar conversaciones y diálogo.

Se lo pregunto de otra manera. ¿La ministra Montero tiene clara la posición de Asturias?

Totalmente.

¿Cuál es?

Vaya por delante que el Gobierno de España ha presentado una reforma y pone sobre la mesa más recursos. Hablamos de 21.000 millones de euros más para las comunidades, que prestamos los servicios públicos básicos. Además, pese a lo dicho, es una reforma de régimen común para las 15 comunidades: no hay ni rastro de un cupo para Cataluña. Y hay informes y opiniones de expertos en Hacienda Pública, como Fedea, que reconocen mejoras en transparencia, reducción de diferencias entre comunidades y mejoras en entregas a cuenta. No es un disparate. Ni un cupo.

Dicho lo cual...

Analizamos la propuesta según nuestros compromisos, tanto con los partidos en la Junta General, como con otras siete comunidades, y la conclusión es que, tal y como está planteada, no satisface los intereses de Asturias. Por tanto, a esta propuesta votaremos que no. Lo decimos con tranquilidad, claridad y con fundamento. También criticamos las formas: se presentó de un modo que parecía negociada exclusivamente con una comunidad. Ahora corresponde al Gobierno de España ganarse el sí de Asturias, modificando la propuesta y teniendo en cuenta las circunstancias del noroeste.

¿Hay margen para negociar?

Sí. Somos conscientes del contexto y queremos dialogar.

Y si nada cambia...

Si no se modifica o la modificación no recoge los intereses de Asturias, votaremos que no.

El PP cree que el Gobierno asturiano va de farol y que al final acabará aceptando. Y, a priori, IU exigiría más bilateralidad.

En financiación autonómica influye mucho la polarización actual. El PP tiene una estrategia de "campos quemados" que dificulta los consensos. Me interesa poner sobre la mesa de qué estamos hablando: todas las comunidades llevamos años diciendo que estamos infrafinanciadas y que hay que reformar el modelo. Y para ello la propuesta tiene que venir del Gobierno de España. Es imposible que las comunidades renunciemos por nuestra cuenta a posiciones de máximos.Y le recuerdo que el Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, eludió esa responsabilidad. El modelo estaba en prórroga y en 2014 tocaba renovarlo, pero no hizo nada.

¿El PP tiene interés en abordar la reforma?

Ninguno. Siguen las directrices de Génova: no pactar nada. Esa ansiedad por llegar al poder les impide acuerdos incluso en beneficio de los territorios que gobiernan. Hay comunidades para las que esta reforma sería beneficiosa respecto al modelo actual y aun así dicen que no. Pienso en Murcia, Valencia, Baleares o Andalucía. En Asturias son incapaces de apoyar una posición sólida del Principado coherente con los intereses de Asturias y tratan de hacer ruido. Pero nosotros no vamos a renunciar a negociar, con tranquilidad y con líneas rojas claras.

¿Cabe reactivar el Pacto de Santiago?

Le doy la vuelta: invitamos a las comunidades del Pacto de Santiago a negociar con el Ministerio y hacer valer lo pactado. Si el Ministerio se gana el sí de Asturias, estará recogiendo también intereses de las comunidades del noroeste.

¿Esperaban algo más de cariño del Ministerio, siendo Asturias un gobierno socialista?

Sabemos lo difícil que es modificar el modelo y satisfacer a todos, pero insisto: el Ministerio debe ganarse el sí de Asturias. El Gobierno del Principado ha sido firme defendiendo sus posiciones.

¿Se podrá cerrar esto antes de las elecciones andaluzas?

Creemos que sí. Hemos esperado desde 2014. Lo importante no es correr, sino que la reforma recoja los intereses de Asturias.

¿Han cuantificado cuánto debería corresponder a Asturias?

No vamos a fijar un importe por inteligencia negociadora; si dices una cifra das ventaja a la otra parte. Pero no se trata solo de cierto número de millones en el primer año, sino de garantizar recursos suficientes y sostenibles para prestar servicios públicos. El modelo tiene margen de mejora en cuanto a la sostenibilidad a medio y largo plazo. En 2009 recibíamos el 108% por habitante ajustado respecto a la media y hoy estamos en el 101%: hemos evolucionado negativamente. Queremos garantías para no perder recursos con el tiempo.

Marque líneas rojas.

Si aceptamos, que ya es mucho aceptar, que la población ajustada sea la unidad básica y que 221.000 millones sean los recursos globales del sistema, es inasumible quedar por debajo de la media en financiación por habitante ajustado, como plantea el Ministerio.

¿Por qué?

Por la estructura demográfica y el coste de los servicios: dispersión, envejecimiento y orografía inciden directamente en el coste. Eso debe estar representado y financiado.

En un contexto menos optimista de ingresos, ¿peligran servicios?

Nosotros tomamos decisiones con responsabilidad financiera. Asturias es la tercera comunidad con menor deuda per cápita del régimen común, por debajo del 13% de deuda sobre PIB. La sostenibilidad es clave: si la quiebras, te ves obligado a hacer cosas que no quieres. Pero hay que tener en cuenta la evolución demográfica, que aumentará costes sanitarios y de dependencia, y eso el sistema debe reconocerlo.

IU cree que están siendo demasiado beligerantes con el Ministerio. ¿Se siente respaldado?

Sí. Como consejero de Hacienda me siento respaldado por las dos formaciones que sostienen al Gobierno en la negociación. Compartimos diagnóstico, queremos un sistema que recoja los intereses de Asturias.

¿El "matrimonio" PSOE-IU tiene más riñas de las deseables?

Somos dos formaciones distintas, pero hemos construido un Gobierno sólido, con tres presupuestos consecutivos y políticas progresistas. Habrá divergencias; lo importante es dialogar, consensuar y que la voluntad del Gobierno sea única.

¿Es lógico que una parte del Ejecutivo recurra a los tribunales decisiones colegiadas del Consejo de Gobierno?

Corresponde a IU valorar las consecuencias políticas de recurrir judicialmente un acuerdo del Consejo de Gobierno del que forma parte. Y digo más, todas las fuerzas de izquierda debemos ser conscientes de la deriva reaccionaria en la que estamos inmersos. Eso nos exige un plus de responsabilidad. La estabilidad y la unidad del gobierno progresista de Asturias suponen un ejemplo para toda España. Determinados mensajes contra las decisiones de un gobierno progresista, del que se forma parte, no favorecen la estabilidad ni la unidad. Todo lo contrario, lo que se consigue es darle alas a esa ola reaccionaria que amenaza con llevárselo todo por delante.

¿Ese recurso judicial es punto y raya para la parte socialista?

Me he expresado con claridad: corresponde a IU tomar las decisiones.

Con Costco, ¿la ley de proyectos estratégicos queda tocada por el hecho de que un año después lo único estratégico sea un centro comercial en una zona en la que no debería estar por criterios urbanísticos?

Al contrario, muestra su utilidad al reconocer un proyecto estratégico que se instalará en Asturias. Usar una ley prevista para eso no "toca" la ley.

¿No habría sido más razonable modificar las normas de comercio?

La ley de proyectos estratégicos es un mecanismo legal pensado precisamente para esto; lo dice su articulado. Lo que hemos hecho es dar continuidad y carta de naturaleza a un informe-propuesta de la Agencia Sekuens que reconoce el proyecto de Costco como de interés estratégico regional.

¿Hay una dicotomía entre Costco y pequeño comercio?

Yo quiero escapar de ella. En Asturias conviven pequeño comercio y grandes superficies desde hace más de 40 años. Son modelos distintos que no compiten entre sí. El pequeño comercio tiene retos: relevo generacional y comercio online, por ejemplo. Ahí tiene la mano tendida del Gobierno.

¿Pesó la voluntad del alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", para aprobar el proyecto?

Absolutamente nada. Se actuó con criterios técnicos conforme al articulado de la ley y la propuesta de Sekuens. Además, los agentes implicados, incluido el Ayuntamiento, sabían el punto en el que estaba el expediente y que era inminente su paso por Consejo de Gobierno.

¿El Principado abandona a Siero?

No. Tratamos a todos los municipios con lealtad y respeto institucional, atendiendo al interés general sin distinciones.

El alcalde de Siero dice lo contrario.

No valoro las palabras del Alcalde por respeto institucional, pero sí digo que el Ayuntamiento estaba informado de los tiempos de tramitación y de la inminencia de la aprobación.

¿Cree posible que el regidor sierense acabe fuera del PSOE?

No lo concibo fuera de una estructura que no sea la socialista: son las siglas socialistas las que le han llevado donde está.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, dice que le consta que hay un plan empresarial para crear un partido...

He oído esos rumores y he tenido constancia de ese movimiento. Sobrevuela porque en parte del empresariado hay sensación de que el PP asturiano no despega, no es representativo de sus intereses y hay miedo al populismo de Vox. Eso, para nosotros, refleja falta de liderazgo del PP.

¿Los resultados en Extremadura y Aragón hacen reflexionar al Gobierno en el último año de legislatura?

La reflexión es la importancia de la estabilidad en Asturias, que también está detrás de buenos datos económicos y de empleo: crecimiento superior al 2% e incluso al 3% en algunos años, más cotizantes, menos parados y captación de inversiones. En Aragón y Extremadura convocaron elecciones para "dar estabilidad" y ahora son más dependientes de Vox, ha sido un fracaso. Cantabria está en prórroga presupuestaria y Castilla y León también desde 2024. El PP es incapaz de aprobar presupuestos en varios sitios. Por eso es clave ser responsable, dialogar y pactar.

¿A qué atribuye el crecimiento de Vox?

Al blanqueamiento que hace el PP y a la radicalización de dibujar una Asturias "en blanco y negro" que no se corresponde con los datos. Esa imagen tétrica abona el terreno para la extrema derecha. Si el PP sigue así, Vox puede acabar siendo el principal partido de la oposición.

¿Existe "teléfono rojo" entre PSOE y PP para discutir asuntos relevantes?

El ejemplo de la financiación autonómica es paradigmático: incluso ahí tratan de debilitar al Gobierno. También con asuntos como el peaje del Huerna o la industria de defensa siguen los postulados de Génova.

¿Qué posición tiene el Gobierno en la batalla empresarial sobre Indra?

No entramos a valorarla. Defendemos la necesidad de una industria europea de defensa para la autonomía estratégica. Hay que invertir, producir aquí, con respaldo público, porque es sector estratégico. Apoyamos que haya un "campeón nacional" con escala suficiente y ofrecemos Asturias por tradición industrial, mano de obra y posición geográfica. Queremos que las inversiones se materialicen en Asturias.

¿Hay negociación con Indra para proyectos más allá del Tallerón de Gijón?

Nos consta que Indra tiene otros intereses en Asturias, pero por discreción no puedo confirmar más.

¿Esperaba más generosidad de la Universidad de Oviedo para resolver el problema de las sedes judiciales?

En Oviedo necesitamos más metros cuadrados para un mejor servicio judicial y sabemos que la Universidad quiere el campus de El Cristo. Apelamos a la cooperación entre administraciones. Las necesidades de Justicia son incompatibles con los plazos del campus, por eso trabajamos en una solución transitoria para ganar metros en Llamaquique. Si la Universidad da un paso, sería una buena noticia.

¿En qué punto está ese campus?

Mantenemos diálogo abierto. El horizonte es 2031, incluso podría ser antes si se agiliza.

Ahora tendrá una nueva viceconsejera, la hasta ahora directrora general de Finanzas ¿A qué obedeció el nombremiento?

Los nombramientos como viceconsejeras de Mar García Salgado (Presupuestos) y Luisa Fernanda del Valle (Coordinación) obedecen a que ya ocupaban posiciones fundamentales. Ese nivel requiere rango de viceconsejería para ejercer funciones con garantías. Mar García Salgado, por su trayectora, capacidad, intelegencia y experiencia práctica, es una de las mayores especialistas en financiación autonómica.

¡Las universidades privadas son la piedra en el zapato?

Somos claros: prioridad absoluta para prácticas de estudiantes de la Universidad de Oviedo, con plaza garantizada. Luego, no podemos negar el acceso a los de privadas, pero el compromiso con la Universidad de Oviedo está acreditado con el convenio de financiación y con la gratuidad vinculada al rendimiento académico. No tiene nada que ver con lo que ocurre en otras comunidades donde se asfixia a la universidad pública.

¿Pero están a favor de los estudios universitarios privados?

Forma parte del libre mercado que regula la Constitución: no podemos oponernos a que se instalen. Nuestra competencia es garantizar que no sean "chiringuitos": que sean solventes, con estándares de infraestructuras y calidad educativa. Y cumplir con la obligación inspectora para que esos estándares se mantengan.

¿Habrá apoyo financiero del Principado a esas iniciativas privadas?

No. No habrá apoyo financiero ni de otro tipo a iniciativas estrictamente privadas. Lo que habrá es vigilancia del cumplimiento escrupuloso de la normativa para asegurar calidad.

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