La respuesta que urgen más de 6.700 asturianos atascados con la dependencia: un plan de choque, más personal, IA y un compromiso del Principado

Más de 6.700 asturianos tienen atascado su expediente para la valoración de la dependencia, y así lograr ayudas y prestaciones. El colapso en la gestión de estas solicitudes en el área de Derechos Sociales ha llevado a que el plazo medio de resolución sea de 451 días, mientras que la ley establece un límite máximo de 180 días.

Ante esta situación, el Gobierno del Principado ha anunciado que activa lo que ha denominado el Plan Agiliza Dependencia, un paquete de medidas “de choque” dotado con 2,2 millones de euros y que conlleva diversas actuaciones con el objetivo de que a final de 2026 la tramitación de la valoración de la dependencia (desde la solicitud a la resolución final) se enmarque en los seis meses máximos que establece la normativa.

La vicepresidenta, Gimena Llamedo, ha encuadrado la iniciativa en una reacción directa ante el atasco y defendió el refuerzo presupuestario y organizativo anunciado tras el Consejo de Gobierno. “Hacemos lo que debe hacer un gobierno de progreso, reconocer un problema y reaccionar con contundencia y sin escatimar recursos para atender a las personas que más lo necesitan”, ha afirmado. En la misma línea, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, sostuvo que el plan “demuestra tanto la capacidad de respuesta del Principado como nuestro compromiso con el refuerzo del estado de bienestar”.

Detrás del colapso confluyeron dos elementos. Por un lado, el incremento sostenido de solicitudes en una comunidad envejecida, con una media actual de mil peticiones mensuales de acceso al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Por otro, los problemas ligados a la puesta en marcha de la historia social única a través de la herramienta SIGDEAS, que en los últimos meses complicó el “volcado” de expedientes y derivó en incidencias informáticas. En Asturias, quienes tramitan una dependencia conocen el impacto de esos fallos: el tiempo de espera se disparó desde los 291 días de media que llegó a marcar Derechos Sociales —algo menos de diez meses— a los 451 actuales, lo que equivale a unos quince meses.

El Gobierno sitúa el Plan Agiliza como un paso posterior a otras medidas ya adoptadas durante 2025, como la incorporación de 31 profesionales para reforzar valoraciones y tramitación y el apoyo técnico para la implantación del nuevo sistema. En rueda de prensa, Llamedo ha explicado que el Ejecutivo fue monitorizando la implantación con reuniones periódicas y que, “ante una situación como la que hay”, se “impuso reaccionar”. “Eso es lo que hemos hecho”, ha insistido.

Refuerzo urgente: 41 contrataciones y reorganización del servicio

El primer bloque del Plan Agiliza se centra en el refuerzo de personal, presentado como una actuación “de urgencia”. A partir de marzo, el Principado pondrá en marcha la contratación de 41 funcionarios: un administrativo, once gestores y 29 trabajadores sociales. Este refuerzo se sumará a la dotación actual, cifrada en 150 personas, y se orientará a “impulsar la tramitación de las solicitudes pendientes” mientras el resto de medidas va teniendo efecto.

El plan también conlleva una reorganización interna del servicio. Además de la contratación, el Ejecutivo modificará la relación de puestos de trabajo (RPT) “para crear nuevas plazas específicas que permitan mejorar la organización del servicio de atención a la dependencia”. En paralelo, desde enero se amplió una asistencia técnica con la empresa pública Tragsatec —filial de Tragsa— para aportar soporte funcional a SIGDEAS, optimizar su funcionamiento y acelerar la resolución de incidencias.

En sus declaraciones tras la reunión del Consejo de Gobierno, Del Arco ha defendido el trabajo coordinado con Vicepresidencia para apuntalar el sistema y ha anticipado que el refuerzo organizativo tendrá continuidad.

Digitalización, robotización e IA para localizar cuellos de botella

La segunda gran pata del plan se apoyará en la tecnología. El Principado anuncia un refuerzo de procesos informáticos que combinará varias herramientas: desde técnicas de “minería de procesos” para analizar el recorrido real de los expedientes e identificar dónde se generan atascos o actividades redundantes, hasta la robotización automática de procesos (RPA) para asumir tareas repetitivas de bajo valor añadido, como la descarga y clasificación de documentos o la comprobación automática de requisitos.

A ese paquete se sumará el uso de inteligencia artificial. Se empleará “tanto para la lectura de documentos como para la identificación de expedientes con riesgo de retraso o para sugerir resoluciones preliminares basadas en patrones históricos”. El objetivo es liberar tiempo de los equipos para tareas de mayor complejidad y conseguir “tiempos de respuesta significativamente menores”.

El plan también incluye dotación de medios materiales para facilitar el trabajo de los equipos valoradores: la renovación y ampliación de la flota de vehículos mediante renting hasta alcanzar 30 coches, con un incremento progresivo desde marzo, y la compra de tabletas para quienes se desplazan a domicilios, con la idea de reducir cargas burocráticas en las visitas.

Un nuevo decreto y más colaboración municipal

El Gobierno completa el Plan Agiliza con un refuerzo normativo. La Consejería de Derechos Sociales prevé aprobar un decreto en el segundo semestre del año con cuatro prioridades: agilizar tramitaciones, simplificar la regulación de acceso y prestaciones, mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades irreversibles de alta complejidad, y promover la disponibilidad de profesionales cualificados en el sector de los cuidados. Del Arco ya había adelantado que el texto pretende adaptar el procedimiento a la historia social única y armonizar requisitos para acelerar la respuesta.

En el ámbito institucional, el Principado ha anunciado que extenderá el modelo de colaboración con ayuntamientos para valoraciones y elaboración de programas individuales de atención (PIA). Esa colaboración ya se aplicó en Coaña, Villayón, Castropol, Ibias y Cangas del Narcea durante el periodo 2024-2027, y el Ejecutivo pretende ampliarla a más concejos al considerar que el resultado es una tramitación “más ágil”.

El reto de volver al plazo legal

El Plan Agiliza llega tras meses de presión por el empeoramiento de los tiempos y por las quejas de familias que acumulan esperas prolongadas para obtener la valoración o para acceder a la prestación. La oposición, especialmente el Partido Popular, calificó la implantación del sistema como una “chapuza” y censuró que el atasco tenga efectos “inaceptables” en personas dependientes, al tiempo que pidió explicaciones y comparecencias.

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