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Polémica por los trabajadores sin control horario: "Es injusto que no haya ningún tipo de fichaje, ya que hay profesores que se escaquean y otros curran sin parar"

El sector público queda al margen de la nueva ley de control laboral mientras crecen las críticas por el absentismo en la docencia

Archivo - Trabajadores

Archivo - Trabajadores / EUROPA PRESS - Archivo

Leire Rodom

La ley de control horario ya es una realidad. Sin embargo, en este panorama surgen diferentes dudas entre los empleados del sector público y privado. Desde la entrada en vigor del registro horario obligatorio en 2019, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado las actuaciones para comprobar que todas las empresas cumplen con el control diario de la jornada laboral.

La medida se reguló a través del Real Decreto-ley 8/2019, que modificó el Estatuto de los Trabajadores e impuso a las empresas el requisito de garantizar un registro diario que incluya el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada trabajador. El incumplimiento puede acarrear sanciones económicas que varían en función de la gravedad de la infracción.

En el programa televisivo "Aquí hay trabajo", Noelia, una profesora que es funcionaria de carrera, participa con el objetivo de debatir con un inspector de Trabajo el derecho y la obligación de fichar. "Ninguno de los centros públicos del Gobierno Vasco que conozco puede fichar ni hay mecanismos de control horario", aclara la maestra. Además, añade que "es injusto que no haya ningún tipo de fichaje, ya que hay profesores que se escaquean y otros curran sin parar".

Mayor vigilancia en el sector privado

Según las fuentes sindicales, la Inspección ha incrementado en los últimos años las campañas de control, especialmente en sectores con alta temporalidad o con jornadas parciales. El objetivo es combatir las horas extraordinarias no pagadas y garantizar el respeto a los tiempos de descanso. Las empresas deben conservar los registros durante cuatro años y ponerlos a disposición de los trabajadores, sus representantes y la propia Inspección si así lo requiere.

Cualquier personal laboral, fuera de los funcionarios o interinos, tiene esta obligación porque se le aplica el Estatuto de los Trabajadores. Los sistemas de fichaje utilizados son diversos. Las herramientas más utilizadas para ello son las máquinas de fichaje, los sistemas biométricos de reconocimiento dactilar e incluso facial y el software de control horario mediante aplicaciones informáticas. Entre las diferentes sanciones, los empleados pueden llegar a ser denunciados por incumplimiento laboral.

Una oficina.

Una oficina / f

Los funcionarios

En el caso de los empleados públicos, la situación es diferente. Los funcionarios no se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, sino por el Real Decreto Legislativo 5/2015. Este marco normativo establece que la jornada, horarios y sistemas de control del tiempo de trabajo del personal funcionario se regulan por su propia normativa administrativa y por las disposiciones de cada administración pública. Por ello, no están sujetos directamente a la obligación de registro horario. En muchos centros ya cuentan con sistemas de control de presencia mediante fichaje electrónico o tarjetas identificativas.

La falta de sistemas de control horario en los centros educativos puede facilitar el incumplimiento de jornada por parte de ciertos docentes, permitiendo ausencias injustificadas, retrasos o salidas anticipadas sin registro.

Uno de los laboratorios del instituto.

Uno de los laboratorios del instituto. / Pablo Llana

Debate abierto

La diferencia normativa ha generado un debate en algunos sectores, que reclaman una homogeneización de los sistemas de control horario. No obstante, expertos en el derecho laboral recuerdan que el régimen jurídico del empleo público responde a principios distintos al del ámbito privado, por lo que su regulación depende de normas específicas.

Mientras tanto, la Inspección de Trabajo continuará centrando su labor en el cumplimiento del registro horario en empresas privadas, donde su obligación legal es clara y su incumplimiento puede derivar en importantes sanciones.

Por la izquierda, dos aulas modulares en el Patronato San José. A la derecha, una de las aulas interiores que acogerán a alumnos del San Vicente de Paúl.

aulas / Pablo Palomo

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