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El modelo vasco contra los argayos: laderas controladas en tiempo real

Guipúzcoa invierte más de un millón y medio de euros y la prevención forma parte de la política de carreteras

El argayo en la carretera de Viegu, en Ponga

El argayo en la carretera de Viegu, en Ponga

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Oviedo

El País Vasco lleva años aplicando un modelo de gestión de los argayos que pone el acento en la monitorización en tiempo real de los puntos más sensibles de la red viaria, especialmente en taludes y laderas con antecedentes de inestabilidad. Para muchos geólogos, se trata del ejemplo a seguir.

En el País Vasco, las diputaciones de cada provincia son las responsables de las carreteras y de la mayoría de las infraestructuras, a diferencia de lo que pasa en Asturias, con una mayor dependencia estatal.

A través de sistemas digitales y dispositivos de control instalados en tramos de riesgo, las administraciones forales pueden conocer de forma continua el estado de determinadas carreteras y anticipar intervenciones cuando se detectan cambios relevantes en el terreno.

Este enfoque se enmarca en una política de prevención sostenida en el tiempo, apoyada en inversiones periódicas destinadas a la estabilización de taludes y al mantenimiento de laderas potencialmente inestables. La gestión descentralizada de las carreteras, con las competencias transferidas a las diputaciones, "permite una toma de decisiones más cercana al territorio y una mayor agilidad a la hora de priorizar actuaciones", según fuentes cercanas. El caso de Guipúzcoa, mediante la agencia Bigedi, de infraestructuras, es uno de los más avanzados, con inversiones en prevención de más de un millón y medio al año. La identificación previa de los puntos vulnerables, mediante inventarios de taludes y mapas de riesgo, orienta las intervenciones en la red y refuerza un modelo menos reactivo que el de otras comunidades, donde las actuaciones se concentran tras los desprendimientos, como es el caso de Asturias. En el caso vasco, la prevención forma parte de la gestión ordinaria de las carreteras.

Ese planteamiento, que no elimina el riesgo en un territorio también montañoso, sí ha contribuido a integrar el control de laderas y así prevenir los desprendimientos.

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