El Principado, dispuesto a demostrar al Gobierno central que la población de lobos va a más

En las próximas semanas la Consejería de Medio Rural se armará de datos para demostrar al Ministerio de Transición Ecológica que el lobo no está amenazado ni la especie en riesgo. Sino todo lo contrario. Al menos en Asturias. Marcelino Marcos anunció este miércoles en una comisión parlamentaria que el censo de ejemplares de 2025 pondrá de manifiesto que el número de ejemplares ha aumentado respecto a otros años. Algo que ya adelantó días atrás LA NUEVA ESPAÑA: los registros constatan un aumento de los grupos reproductores. El nuevo censo se presentará en el próximo Consejo del Lobo, aún sin fecha.

El Principado y el Ministerio mantienen desde hace tiempo un tira y afloja, sin ocultar su enfrentamiento, a cuenta de la gestión de la especie: en Madrid quieren volver a protegerla y en Asturias defienden la eliminación de ejemplares ante el aumento de la población y los ataques al ganado.

Tuvo que hablar de nuevo el Consejero en la Junta sobre la gestión de la especie, que vuelve a estar envuelta en polémica, esta vez a cuenta de la suspensión del programa de control en Asturias días atrás debido a la sentencia del Tribunal Supremo que pone reparos a que se determinen cuántas capturas de lobos hay que hacer mediante el sistema de cupos.

El diputado del PP, Luis Venta, se ha mostrado crítico con la decisión de Medio Rural de paralizar el programa sin haber pedido aclaraciones de cómo aplicar la sentencia, lo que cree que podría haber permitido continuar con las eliminaciones en Asturias y llegar al objetivo de abatir 53 lobos (se han quedado en 31). Marcos, que corrigió los datos que maneja el PP sobre los ejemplares abatidos, asegura que «no cabía otra posibilidad» que paralizarlo. «Anula cómo se deben realizar los controles y la metodología de los mismos, que es en lo que se sustenta el programa de control poblacional. Tenemos que tomar decisiones en base a la legalidad», añadió, al tiempo que pidió evitar la frivolidad cuando se hable de cuestiones jurídicas.

Grado de ejecución

Defendió el Consejero el alto grado de ejecución del programa de control, del 81,1%. «Yo estoy convencido, y ahora no vale llorar por la leche derramada, que si hubiéramos llegado al 31 de marzo nos hubiéramos cumplido incluso por encima del 100 por ciento». En cuanto a la tramitación del nuevo decreto, Marcos Líndez ha explicado que se esforzarán por trabajar con la mayor agilidad. «Yo no puedo saber qué va a pasar en el futuro, si va a haber recursos, que probablemente sí o qué va a pasar con todo eso; pero lo que sí les garantizo es que pondremos todo lo que está en nuestra mano, desde el punto de vista del Gobierno, del funcionamiento de la Administración y desde el punto de vista jurídico, para dar ese instrumento necesario para poder seguir llevando adelante esos programas de control poblacional», ha afirmado.

El diputado del PP Luis Venta insistió en el «error» de parar las capturas y recordó: «En Cantabria se sigue pudiendo actuar y nosotros con las escopetas colgadas». Por su parte, el diputado de Vox Javier Jové acudió al Gobierno autonómico de ponerse «de lado de las alimañas». El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha pedido al departamento de Marcos que el tercer plan de gestión del lobo esté «blindado jurídicamente» para que no sea tumbado por los tribunales. Delia Campomanes, de IU, acusó a la derecha de usar este asunto como un «arma arrojadiza» contra el Ejecutivo y ha pedido que el nuevo plan incida en las medidas preventivas.

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