El caos en la tramitación de la dependencia en Asturias, al descubierto: en torno a 200.000 documentos duplicados y "revisión manual de expedientes"

Las incidencias durante la implantación de la historia social única provocaron entre agosto y octubre un “periodo crítico” en la tramitación de la dependencia que limitó la finalización de miles de expedientes. Estos problemas vinieron derivados por fallos informáticos y, especialmente, por la migración de los datos al nuevo sistema, lo que provocó duplicidades y expedientes repetidos, viéndose afectados en torno a 200.000 registros.

La jefa de servicio de Atención a la Dependencia, Cristina Díez, detalló este jueves en comisión parlamentaria que, derivado de todos estos problemas, aún hay pendientes de tramitar 7.500 solicitudes de dependencia, de las cuales 2.931 son valoraciones iniciales pendientes de citación y 1.420 son revisiones. No obstante, las medidas excepcionales implantadas a lo largo de los meses reflejan “una recuperación progresiva de la actividad”, como demuestran, según ella, las 501 altas aprobadas este mes, cifra cercana a niveles antes de la implantación de la nueva aplicación.

En el repaso que hizo a los últimos meses, Díez reconoció que su servicio no tuvo “ningún tipo de capacidad de decisión en la implantación de la historia social única y el calendario de la misma", sino que fue “un proyecto corporativo cuya planificación, ejecución y seguimiento del mismo corresponde a la dirección general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial”.

También aclaró que "no hubo un plan de contingencia previo" a la implantación y que las pruebas que se realizaron resultaron en su mayoría satisfactorias porque se hicieron sin la migración de los datos. Además, “se nos informó que no era posible la continuidad de la herramienta anterior” y, a pesar de que solicitaron formación, tuvieron que acabar ayudándose entre ellos. Tuvieron que recurrir, reconoció, a la "revisión y depuración manual de expedientes" para corregir datos y poner orden en el caos generado. "No interrumpimos nunca la actividad", matizó.

“El impacto que supuso la implantación fue un cambio total de la tendencia que estábamos llevando en la agilidad de la tramitación, con expedientes acumulados y mucho más tiempo en la resolución”, reconoció. Y, a preguntas de los diputados, añadió: “Yo no propondría poner el sistema en marcha en las mismas condiciones que se hizo. Entiendo que tiene que ser una herramienta que permita la continuidad de la tramitación, aunque al principio se produzcan incidentes”.

Si bien Díez reconoció que las medidas adoptadas por la Consejería de Derechos Sociales están dando resultados, declinó poner plazos a la vuelta a la normalidad hasta que la herramienta no esté completamente estabilizada. Sí insistió en que todos los trabajadores son conscientes de que detrás de los plazos y los debates “hay personas que esperan una valoración y una prestación”, y aseguró que han estado trabajando “en condiciones extremadamente complejas intentando mantener la atención y la tramitación, incluso cuando las herramientas no permitían un funcionamiento ordinario”.

Valoraciones

En el turno de fijación de posiciones, Beatriz Polledo, del PP, aseguró que se trata de “un escándalo en toda regla. Las listas de espera solo hay que verlas, y mientras tanto la consejera venía aquí a mentir”. Además, criticó el nuevo plan de agilización anunciado por la Consejería, el cual calificó como “un plan a remolque del escándalo” que se “sacan de la chistera”.

La diputada Sara Álvarez Rouco, de Vox, recordó que “estamos hablando de vidas, de personas mayores, de personas con gran dependencia…”. “Creemos que todo es una pantomima, un trampantojo. Esta herramienta es un fracaso, un desastre”, criticó.

Para Adrián Pumares, teniendo en cuenta el escenario actual, se puede hablar de “colapso”. “Nadie discute que modernizar la administración es necesario y digitalizar imprescindible, pero eso no puede llevar a la paralización”, afirmó. A su juicio, el procedimiento exigía “planificación previa y pruebas piloto, también formación suficiente; un plan de contingencia sólido”.

Por parte del PSOE, fue la diputada Ana Isabel González la encargada de defender la actuación de la Consejería. Reconoció que hubo “problemas y retrasos” en la tramitación, pero insistió que se está ante un procedimiento “complejo”. “Es verdad que no respondió a la expectativa a corto y medio plazo, pero esperemos que se depuren los problemas para que permita la tramitación de esos expedientes”, afirmó.

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