El personal de la sección de Violencia del Tribunal de Instancia de Gijón advierte a la viceconsejera por carta de su "inminente colapso"

Los funcionarios de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Gijón y el sindicato SPJ-USO han dirigido un detallado escrito de denuncia a la Viceconsejería de Justicia en el que señalan que "la sobrecarga de trabajo ha superado los límites de lo tolerable, poniendo en riesgo tanto la salud de los trabajadores como la seguridad jurídica de las víctimas". Y reclaman cubrir de inmediato las vacantes y la duplicidad de la plantilla para poder atender proporcionalmente a las dos Magistradas, incrementa los funcionarios de Auxilio Judicial para garantizar la seguridad y atención en las salas y el mostrador, y crear una comisión de seguimiento de la comarcalización con participación directa del personal afectado. Consideran que la comarcalización de la sección de Violencia, asumiendo los asuntos de Siero, la Comarca de la Sidra y el Oriente de la región, "lleva al colapso".

Desde la asunción de competencias en delitos sexuales el pasado mes de octubre y el nombramiento de una Magistrada de refuerzo, el volumen y el ritmo de trabajo se ha disparado sin un incremento proporcional de la plantilla de funcionarios. "Servir a dos Magistradas implica tramitar el doble de señalamientos y resoluciones en el mismo tiempo material", indican.

La falta de auxilios judiciales (los dos que hay están siempre en sala), obliga a los gestores y tramitadores a abandonar sus funciones procesales para recibir y asistir a la víctima, atender el mostrador, el teléfono y, lo más grave, para evitar confrontaciones con los agresores en la sede judicial.

El personal denuncia la existencia de jornadas que se prolongan sistemáticamente más allá del horario, sin reconocimiento ni retribución, para atender detenciones y órdenes de protección que llegan a última hora de la mañana. La situación expuesta impacta directamente en la salud del personal provocando cuadros de "burn-out" (agotamiento profesional) y bajas médicas. A lo que se suma la imposibilidad de conciliación, ya que el personal sabe cuándo empieza su jornada, pero nunca cuándo termina, anulando cualquier derecho a la conciliación familiar.

Ante la inminente comarcalización de la Sección, que extenderá su jurisdicción a Siero, Villaviciosa, Cangas de Onís, Llanes y Piloña, "las previsiones son desoladoras". Se espera pasar de 1.333 procedimientos penales anuales a más de 4.000. La Administración solo ha previsto el refuerzo de tres funcionarios de tramitación, una cifra que el personal califica de "inconcebible e insuficiente". "La comarcalización, si no se acompaña de recursos reales, solo expandirá el colapso, provocando la revictimización de las víctimas, que se verán obligadas a esperas prolongadas de más de seis horas en dependencias judiciales", añaden.

Los funcionarios advierten que la falta de formación (la mayoría de la plantilla es interina con poca antigüedad) y la saturación aumentan el riesgo de errores involuntarios. Por ello, señalan directamente a la Viceconsejería de Justicia como responsable de cualquier daño derivado del funcionamiento anormal del servicio. Temen además que la inacción de la Viceconsejería de Justicia tenga consecuencias irreparables para las víctimas.

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