El caos en la tramitación de la dependencia lleva al Principado a pedir ayuda a los ayuntamientos: una propuesta que genera dudas en algunos concejos

Siete meses después de la implantación de la historia social única, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar continúa buscando fórmulas para agilizar el caos en la tramitación de la dependencia que provocó la migración de miles de datos y los fallos informáticos del nuevo sistema. Y en este camino de prueba y error, su mirada se ha puesto en los ayuntamientos. Su planteamiento pasa por copiar una receta que ya está funcionando en algunos municipios y que consiste en que los servicios sociales municipales puedan realizar valoraciones de dependencia y emitir propuestas de programa individual de atención (PIA).

Esta colaboración municipal se efectuaría mediante una encomienda de gestión, que les permitiría asumir parte de estas competencias en dependencia. Esta fórmula ya funciona "con éxito" en cinco concejos (Castropol, Coaña, Villayón, Cangas del Narcea e Ibias), en los que el número de personas pendientes de valoración es muy reducido o inexistente.

En estos casos, el Principado paga a los ayuntamientos una cantidad fija por cada valoración que realizan con el objetivo de ayudarles a sufragar los gastos que este trabajo extra les pueda ocasionar. Además, previamente, las trabajadoras tuvieron que realizar una formación para aprender cuáles son los baremos a tener en cuenta a la hora de realizar la ponderación de la situación de cada demandante.

La Consejería ha convocado una reunión con los ayuntamientos para el próximo miércoles, 4 de marzo, para trasladarles todos los detalles. Según han informado ya a Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, esta colaboración sería “voluntaria”, por lo que cada administración local podrá aceptar o no “dentro de su autonomía y su capacidad”.

“Siempre se pensó que las trabajadoras sociales son las que mejor conocen a los usuarios, por lo que una parte del trabajo ya lo tienen hecho. Pero la formación lleva mucho trabajo y estudio”, explica Pérez, quien cree que son estas profesionales las que deberían tener la decisión final de aceptar esta encomienda, teniendo en cuenta la carga laboral que implica.

En su opinión, la colaboración entre administraciones “siempre existió y es el futuro”. Eso sí, con “financiación suficiente” para hacer frente a los gastos que pueda derivar. “Una de las reivindicaciones habituales es que se cuente con la gente que conoce el territorio, esta es una fórmula estupenda”, considera Pérez.

La reunión de la próxima semana permitirá explicar a los ayuntamientos interesados las características esenciales de la colaboración, sus requisitos y las posibilidades de aplicación en cada territorio. No obstante, la propuesta provoca dudas en algunos ayuntamientos, que dicen no tener capacidad para asumir nuevas competencias y que advierten que empezar a valorar la dependencia requeriría la contratación de más personal. Igualmente, hasta ahora se ha puesto a prueba en municipios pequeños, pero no se conoce el efecto y la carga que pueda implicar para consistorios que tienen mucha población a su cargo.

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