Cambios en las velocidades de carretera asturianas con el registro de la nueva Ley: a 70 kilómetros en carretera

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de Ley para reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción administrativa se considera delito y endurecer así la respuesta penal frente a los grandes excesos de velocidad, pasando de 60 a 50 kilómetros por hora (km/h) en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera.

Para ello, los socialistas plantean modificar el apartado 1 del artículo 379 del Código Penal para que sea considerado delito penal conducir por encima de estos nuevos umbrales.

En cambio, el PSOE mantiene el catálogo de penas: prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, retirada del permiso de conducir por tiempo superior a 1 y 4 cuatro años.

En la exposición de motivos, recogida por Europa Press, los socialistas indican que la modificación del Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2007, con la introducción de los delitos de peligro, "supuso un paso adelante decisivo en la lucha contra la denominada violencia vial".

A su juicio, "veinte años después de la modificación del Código Penal, es momento de revisarlo y de reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción se considera delito". "De acuerdo con los estudios científicos, un aumento del 1% en la velocidad de circulación produce un aumento del 4% en el riesgo de verse involucrado en un accidente mortal", destaca.

El PSOE añade que la Dirección General de Tráfico (DGT) tramita anualmente casi 3.500.000 denuncias por excesos de velocidad, con unas 450.000 sanciones con detracción de puntos, lo que supone cerca del 40% de todas las sanciones con pérdida de puntos en España. "Sin embargo, la influencia de la velocidad como factor causante de siniestros sigue siendo elevada. En 2024, un 22% de los siniestros mortales se debieron a una velocidad excesiva o inadecuada", apunta.

"Mantener los umbrales actuales del artículo 379 resulta obsoleto y va en contra de las evidencias científicas y los estándares internacionales y europeos de seguridad vial. Por ello, es necesario actualizar la legislación penal para reflejar una política moderna de movilidad, priorizando la protección de la vida y respondiendo proporcionalmente a conductas que amenazan la seguridad ciudadana", concluye.