Hunosa reclama al empresario de la mina de Cerredo una deuda de 110.205 euros por lavar carbón en Batán y no pagarlo

La empresa Hunosa reclama al empresario de la mina de Cerredo una deuda de 110.205,32 euros por 6.358 toneladas de carbón que envió a lavar al lavadero de Batán y no pagó. Hunosa llegó a activar un monitorio (procedimiento judicial rápido) para cobrar lo adeudado, según se extrae de un escrito de la hullera al Juzgado de Cangas del Narcea que instruye el accidente minero de marzo de 2025, en el que fallecieron cinco trabajadores cuando extraían sin permiso legal carbón para la empresa Blue Solving.

Hunosa contactó por iniciativa propia con el juzgado, sin que éste le hubiese reclamado información alguna. En el documento, que consta en el sumario de la causa, los servicios jurídicos de la hullera comunican que, tras el accidente, Hunosa decidió efectuar "una investigación interna" para saber si Blue Solving mantenía algún contrato para el lavado de carbón. No era así, pero la empresa comunicó que sí existía uno, firmado en 2023 con otra firma, Carbones La Vega, también bajo la órbita del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes. Fuentes próximas al empresario aseguran que Hunosa activó hace pocos meses formalmente la reclamación por impago.

En el escrito al juzgado, con fecha de 8 de mayo de 2025, Hunosa informa que tiene aún en el lavadero de Batán 877 toneladas de carbón de Chus Mirantes ya tratadas, "unas 404 toneladas de origen Degaña y unas 473 con origen Tormaleo, pendientes de ser retiradas y de pago". Hunosa refiere además que Chus Mirantes "desde hace meses no responde" a los requerimientos para que retire el carbón y abone lo adeudado.

La jueza del Juzgado de Cangas del Narcea incorporó ese escrito a la causa. Según han acreditado algunos testigos, en las instalaciones de Cerredo, en Degaña, la empresa Blue Solving podría estar mezclando carbón extraído ilegalmente en la mina con otro procedente principalmente de Fabero (León).

Temor a pérdida de ayudas europeas

El gobierno del Principado intentó desde el primer momento personarse en la causa que se instruye por el accidente, centrada en el incumplimiento de la legislación laboral. Así lo anunció el Gobierno tras el siniestro; sin embargo, la jueza de Cangas del Narcea rechazó esa personación. En el escrito presentado por el Principado el 13 de mayo de 2025, la administración autonómica invoca varias razones para personarse, entre ellas el daño reputacional y de imagen por el siniestro, así como el riesgo de que se perdiese financiación europea para la rehabilitación del entorno, una iniciativa que supone 27 millones, de los 23,7 proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

En la argumentación jurídica, el Principado señala que es responsable en última instancia del dominio público minero, y reconoce (como ya indicaron los inspectores en sus visitas a la mina posteriores al accidente) que existía una actividad extractiva no autorizada. La Administración autonómica llega incluso a argumentar que la empresa "ha burlado" las inspecciones mineras y relaciona algunos incumplimientos de seguridad a la voluntad de ocultar la explotación.

"Es innegable el daño reputacional infligido al Principado", argumenta el Gobierno regional, que señala también un "daño de imagen". Pero apunta también que el hecho de que esa actividad ilegal en un espacio sujeto a las ayudas al cierre de la minería y, con ello, sometido a una restauración financiada con fondos públicos, puede poner en riesgo las subvenciones. "Es innegable que la actuación de la concesionaria (...) puede suponer una eventual pérdida de apoyos e incluso de financiación de proyectos", señala, citando como ejemplo "los proyectos de rehabilitación y restauración medioambiental de explotaciones mineras cerradas".

La jueza tras consultar al Fiscal, rechazó la petición del Principado de personarse al considerarla injustificada ya que la causa se instruía por incumplimiento de la legislación laboral y no por la actividad extractiva.

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