La Sindicatura de Cuentas alerta del efecto de la reforma de la financiación autonómica por su "peso crucial" para las cuentas asturianas

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha aprobado el informe de fiscalización de la Cuenta General de 2024 y lo acompaña de una “opinión financiera con salvedades” por varias limitaciones y errores detectados en las cuentas de la Administración autonómica, sus organismos autónomos y consorcios adscritos. El documento pone el foco en debilidades reiteradas del sistema contable y en carencias de control interno, además de advertir de operaciones y magnitudes que llaman la atención por su impacto.Y alerta del gran peso que tienen los aportes del sistema de financiación autonómica a las cuentas regionales y alerta de los posibles efectos de su "reforma", ahora en vías de negociación por el Estado y con gran polvareda política por la preponderancia del criterio catalán.

Limitaciones “ya reiteradas” y falta de información sobre pleitos

La Sindicatura explica que se ha encontrado con “varias limitaciones al alcance”, algunas de ellas repetidas año tras año. Entre ellas, subraya que el Principado “sigue sin gestionar adecuadamente la totalidad de los proyectos de gasto con financiación afectada en el sistema contable”.

El informe añade otro reproche relevante: las cuentas de la Administración y de los organismos autónomos no reflejan provisiones en sus balances y, además, sus memorias no incluyen información sobre “la existencia de contingencias” derivadas de “diversos procedimientos judiciales en curso” de los que podrían salir responsabilidades. También se detectan limitaciones relacionadas con el inmovilizado y con inversiones financieras en el patrimonio de entidades de derecho público.

99,49 millones en préstamos a empresas públicas sin deterioro contabilizado

Junto a esas limitaciones, la Sindicatura señala incorrecciones. Una de las más cuantiosas afecta a los préstamos concedidos a cinco empresas públicas cuyo saldo a 31 de diciembre de 2024 ascendía a 99,49 millones de euros (intereses incluidos). Según el órgano fiscalizador, y atendiendo a la evidencia sobre la situación financiera de varias sociedades ( Gijón al Norte, SA, Gispasa y Sogepsa, entre ellas) así como la situación del crédito concedido a la Sociedad Regional de Promoción y a un crédito concreto, “se debería haber reflejado en el ejercicio un deterioro en el valor de los préstamos por el citado importe”.

Además, se reprocha que la memoria no incluya “la totalidad de la información” exigida por el Plan General de Contabilidad Pública del Principado.

Remanente negativo de 662,65 millones y operación Zalia

La Sindicatura incorpora “párrafos de énfasis” para llamar la atención sobre aspectos relevantes de las cuentas. Entre ellos destaca el remanente de tesorería negativo de la Administración del Principado, que se sitúa en -662,65 millones de euros. En ese dato pesan los saldos de dudoso cobro (205,34 millones) y, especialmente, el exceso de financiación afectada (591,29 millones).

Otro punto subrayado es la ampliación de capital en Zalia por 126,28 millones para compensación de créditos, que regularizó un patrimonio neto negativo estimado en 57,58 millones. La Sindicatura explica que el peso del préstamo participativo del Principado (111,28 millones) implicaba que la Administración suscribiera el 88,12% de la ampliación pese a que entonces tenía el 40% del capital, “lo que conlleva un mayor esfuerzo” en la regularización. La operación supuso, además, la entrada de Zalia en el sector público autonómico al elevarse la participación del Principado del 40% al 86,86%.

Dependencia del sistema de financiación y reproche a la Intervención

El informe también resalta la dependencia de Asturias del sistema de financiación autonómica: los recursos derivados de ese sistema ascendieron a 4.606,27 millones, equivalentes al 88,51% de las obligaciones no financieras de 2024. La Sindicatura advierte de la “crucial importancia” de esa vía de ingresos y alerta ante “la expectativa de su reforma”.

En control interno, la revisión detecta deficiencias “sin afectar a la opinión”: la Intervención General “no ha realizado la totalidad de actuaciones incluidas” en su Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan de Auditorías, algunas “legalmente preceptivas”, como la auditoría de determinados consorcios adscritos.

En pruebas sobre personal vinculado a proyectos con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Sindicatura concluye que los sistemas de selección respetan igualdad, mérito y capacidad, pero advierte de que recurrir a bolsas de empleo vinculadas a ofertas con más de tres años “puede suponer una quiebra” de esos principios.

Recomendaciones: subvenciones y contabilidad, y una ley de hacienda

Entre las recomendaciones, la Sindicatura propone que las secretarías generales técnicas elaboren “instrucciones internas comunes” para la gestión de subvenciones, con procedimientos que aporten seguridad jurídica y eviten “dilaciones excesivas”, y que se desarrolle un sistema específico para cumplir una disposición transitoria del Plan contable, fijando un plazo para ello.

La Sindicatura señala también que la Consejería de Hacienda presentó alegaciones, revisadas y valoradas, y subraya que se impulse un proyecto de ley de hacienda para su aprobación en esta legislatura, ante “la falta de claridad y actualización” del régimen económico-financiero del Principado.