Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP: "La vía fiscal asturiana no funciona: se paga más y no hay mejores servicios"

Juan Bravo (1974) es el hombre de los números de Alberto Núñez Feijóo. Exconsejero de Hacienda de Andalucía y diputado en el Congreso, se encarga de diseñar la política del PP en materias como financiación autonómica, fiscalidad, vivienda o autónomos.

¿Por qué el PP no quiere negociar la reforma de la financiación autonómica?

Al contrario, llevamos reclamando un nuevo sistema desde hace años. De hecho, fueron los presidentes autonómicos del Partido Popular quienes remitieron a la ministra una propuesta formal en septiembre de 2024.

Pues hay uno sobre la mesa, guste o no, y el Gobierno dice que el PP bloquea cualquier avance.

Lo que rechazamos es que la reforma se haga por la puerta de atrás y de forma bilateral, pactada con un partido —no ya con un Gobierno— que pretende decidir cómo se reparte el dinero de todos los españoles. La financiación autonómica debe abordarse en un marco multilateral, con transparencia y con todas las comunidades en la mesa. El resultado es un modelo que perjudica a territorios como Asturias y los asturianos no van a aceptar pagar el coste político de los acuerdos de Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa, o de Salvador Illa para sostenerse en Cataluña. Eso es usar el dinero de todos para comprar apoyos. Frente a eso, Alberto Núñez Feijóo ha garantizado que, si gobierna, habrá un nuevo sistema de financiación en el primer año de legislatura. Quien llega tarde a esto y por interés es el Gobierno. En ocho años no ha presentado una reforma y solo mueve ficha ahora por debilidad parlamentaria y por el calendario político de María Jesús Montero.

Con el clima actual ¿hay margen para avanzar?

El PSOE no tiene ningún interés. Llegaron en 2018 diciendo que la financiación autonómica era una prioridad y eh ocho años no han hecho nada. Y encima fastidian a las comunidades autónomas, por ejemplo sin actualizar las entregas a cuenta, lo que también afecta a Asturias. Conviene recordar que hablamos de dinero para la sanidad, la educación y las políticas sociales; no es otra cosa.

¿Cuál es la propuesta del PP? No han terminado de concretarla.

Nosotros lo planteamos así: esto no se hace de manera bilateral, sino multilateral, con todas las comunidades autónomas presentes. Y mientras no haya un nuevo sistema, proponemos un fondo transitorio de nivelación para que todas las comunidades empiecen ya a recibir más recursos y se vea una voluntad firme. Tercero, hay que analizar todas las variables que piden las autonomías: dispersión, envejecimiento, coste de vida y coste real de prestar los servicios, y asumir algo básico: nadie va a lograr el 100%; habrá que moverse en el entorno del 85%, con cesiones y generosidad. Además, defendemos un sistema claro de inversiones, para que no se desvirtúe lo acordado, e incorporar los fondos europeos al esquema, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con los fondos Next Generation. También exigimos obligaciones: equilibrio presupuestario, no gastar lo que no se tiene. Sobre la deuda, lo decimos claro: reestructuración, que no condonación. No puede ser que parezca que los políticos perdonan dinero a los políticos. Hay que reestructurar, como se haría con cualquier ciudadano.

Ha dicho que el PSOE no hizo nada en ocho años, pero en la época de Rajoy tocaba reformar el modelo y no se hizo.

Le recuerdo el contexto. El sistema vigente se aprobó en 2009 con el apoyo del PSOE y de los partidos catalanistas. Y, aunque no está "caducado", sí tenía que haberse revisado: la norma prevé esa revisión cada cinco años. En 2017, con la economía ya mejorando, Rajoy planteó en la Conferencia de Presidentes abrir la reforma y los presidentes autonómicos dijeron que sí. Después, en el Consejo de Política Fiscal, Montoro trasladó el encargo y pidió a cada comunidad nombrar un experto. En septiembre ya estaba el documento de expertos, con un consenso bastante amplio. Montoro planteó al PSOE margen para hablar con las comunidades, pero el proceso se frenó por la negociación del Presupuesto de 2018, que se aprobó tarde, en mayo. Finalmente llegó la moción de censura.

Sí o sí, hay que poner más dinero en el sistema. Todas las comunidades afirman que es insuficiente lo que reciben.

Cuando Rajoy llegó, veníamos de una situación en la que, para intentar contener la crisis, a las comunidades se les había transferido más dinero del que correspondía. Luego hubo que liquidar y eso implicaba devoluciones. Rajoy amplió primero el plazo a 10 años y al año siguiente a 20. Todavía se está pagando. Además, puso en marcha el plan de pago a proveedores, porque las comunidades acumulaban 45.000 millones en facturas en los cajones. Y finalmente creó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En aquel momento había comunidades —como Cataluña o Baleares— emitiendo "bonos patrióticos" porque no se financiaban en el mercado. El Estado sí podía endeudarse y lo que hizo fue prestar a las autonomías, abaratándoles el coste y generando ahorro de intereses.

El Gobierno asturiano ha dicho que no le vale la propuesta, pero quiere negociar.

Con Asturias se ve que Pedro Sánchez actúa como si todo fuese cosa solo suya. Doy por hecho que ni siquiera han consultado a Asturias. Este modelo se ha hecho pensando en Sáchez y en Salvador Illa. Y aun así, vemos que hay presidentes del PSOE que saben que no es la solución: lo ha dicho la AIReF y lo dicen los propios documentos técnicos del Ministerio de Hacienda. Este modelo, junto con la quita de deuda, obligará a Asturias a subir impuestos, y si Adrián Barbón quiere seguir haciéndolo, más de lo que elevados que ya están para los asturianos, es su decisión. El PP no va a estar en un modelo que aboca a subir impuestos para tener más recursos. Y si él quiere estar, que se lo explique a los asturianos.

¿Sigue vigente para el PP la declaración de Santiago?

Plenamente. María Jesús Montero quiere enfrentar a las comunidades, pero el planteamiento de las regiones del pacto de Santiago es compatible con lo que han defendido territorios como Valencia, Murcia o Andalucía, también cuando han tenido gobiernos socialistas. Cada comunidad debe exponer sus pretensiones y luego todos tendremos. Es evidente que la dispersión encarece los servicios en Castilla y León, como también lo hacen la concentración y el coste de vida en Madrid o la orografía en Asturias. Eso nadie lo discute. Y hay un reto demográfico enorme: vamos hacia 15 millones de mayores en 2047. ¿Cuánto va a crecer el gasto sanitario y en dependencia en Asturias, que ya tiene graves problemas? Por eso hace falta un nuevo sistema de financiación y un trabajo conjunto Estado-comunidades orientado a garantizar la sanidad y la dependencia en condiciones.

El PSOE pide una armonización fiscal. ¿El PP está a favor de ello? Mucho hablan las comunidades socialistas del "dumping fiscal" de Madrid…

No, no: el dumping fiscal es otra cosa. Cuando se maneja un concepto, hay que usarlo bien. Si el Gobierno de Sánchez crea un impuesto que en el País Vasco no se aplica, ¿está propiciando dumping fiscal el Gobierno de España? Evidentemente no. El sistema es claro: Sociedades, IVA y especiales son iguales en toda España; y las comunidades tienen margen en sus tributos —IRPF, Transmisiones— dentro de unas horquillas. Y cuando una comunidad baja impuestos, solo le afecta a ella, no al sistema, porque existe la recaudación normativa: se calcula cuánto habría ingresado sin la rebaja. Por tanto, decir que una rebaja en Asturias perjudica al conjunto es falso. Otra cosa es que bajar impuestos funcione —como ha pasado en comunidades que lo han hecho, Andalucía entre ellas, donde fui consejero de Hacienda—: mejora la recaudación y atrae actividad y contribuyentes. Y eso es una decisión de cada comunidad.

¿Qué opina de la "vía fiscal asturiana"?

Diga lo que diga el gobierno de Barbón, cuando uno mira los índices fiscales comparados, Asturias está claramente por encima de la media. Un contribuyente con 25.000 euros paga más en Asturias que en Andalucía. Esa es la realidad. Y eso significa menos oportunidades y menos atractivo para el territorio. Si alguien tiene que decidir dónde vivir o invertir y ve que aquí se grava más, con Patrimonio o con Sucesiones y Donaciones más exigentes, eso expulsa. La gente no quiere ir a territorios donde la carga es mayor. Al final, es una decisión política. Pero creo que los asturianos ya han visto que la vía fiscal asturiana no resulta atractiva.

Asturias tiene un elevado gasto social por su estructura de población…

Pero se da una paradoja: con una fiscalidad más alta, no hay mejores servicios. Ahí están los datos de dependencia, en torno a 1.200 personas fallecidas sin recibir la prestación y existe un atasco enorme en la valoración. La clave no es gastar más, sino gastar mejor y gestionar con más eficiencia, y después bajar impuestos para recaudar más. No es bajar para ingresar menos; es bajar para ingresar más. Lo vemos en Madrid o Andalucía: haces el territorio más atractivo, generas actividad, atraes contribuyentes. No es ningún milagro: si hay más gente pagando, aunque pague un poco menos cada uno, la recaudación total sube. Y de eso se trata: tener más recursos para financiar los servicios públicos.

Suena contradictorio: bajar impuestos sin menguar calidad en los servicios.

¿Por qué la gente joven se va de Asturias? ¿Tiene vivienda accesible? ¿Ve oportunidades? A lo mejor el problema es que estás ahogando con impuestos a quien quiere progresar y le das menos opciones, y por eso se marcha. Además, con el sistema de financiación actual Asturias tiene recursos por encima de la media; tiene más recursos por habitante que Andalucía. Si aun así no llegan para sanidad, educación o dependencia, la pregunta es: ¿en qué se está gastando y con qué eficiencia? ¿Hay una estructura administrativa más pesada que en otros territorios? Bajar impuestos y sostener servicios es sostenible si primero gestionas bien el gasto. No es gastar más, es gastar mejor. Cuando la sanidad, la educación y las políticas sociales están bien gestionadas, puedes ajustar la fiscalidad. Lo contrario es tapar la mala gestión subiendo impuestos. Y en Asturias se ven fallos de gestión. Tiene el gobierno proyectos, como los de Indra, esperando trámites. Si no ofreces agilidad, terrenos y condiciones fiscales, los proyectos no llegan y el talento joven se va. El envejecimiento también se genera así.

¿Qué hacemos con el impuesto de Sucesiones? ¿Debe existir?

El impuesto de Sucesiones es el impuesto a la muerte. Morir, nos morimos una vez. Yo prefiero tener un contribuyente vivo, que cada año haga su declaración de la renta y genere actividad, a estar esperando a que fallezca para recaudar. Y más cuando otros territorios cercanos no lo tienen. Una comunidad compite por ser más atractiva, por captar actividad, por retener gente. No vale es exigir competitividad a los demás y no aplicarla a la política. En política hay que ser los mejores gestores, para eso nos votan.

¿Debe suprimirse el peaje del Huerna?

Este Gobierno usa los peajes según le interesa, los quita o los mantiene en función de su conveniencia. Y con el Huerna hay que tomar una decisión con un criterio claro. No es lo mismo mantener un peaje cuando tienes alternativas reales que cuando no las tienes. Si la gente no tiene alternativa, hay que reflexionarlo. Si el Gobierno de Sánchez de verdad tiene interés por Asturias, más allá de hacer "anuncio de anuncios" como en la reciente visita a Infiesto sobre despoblación, un buen gesto sería gestión e inversiones. Y una decisión sobre el peaje del Huerna sería una señal clara para los asturianos.

El gobierno asturiano ha alzado la voz contra la gestión de las infraestructuras y las obras pendientes.

Asturias arrastra dificultades históricas de conectividad. Y ante eso, la obligación de la Administración no es "jugar a empresario" ni invadir el terreno de las empresas, sino poner infraestructuras para que el empresario y el autónomo puedan desarrollarse. Asturias debe exigir conectividad ferroviaria, viaria y tecnológica, incluida la cobertura 5G, porque si no Asturias compite con una mano atada. Y por eso me sorprende cuando algunos presidentes, como Barbón, se quejan pero no aprietan de verdad. Los votos de los diputados asturianos son necesarios para sacar adelante muchas cosas. Exíjanlo. No vale hablar con la boca pequeña: hay que condicionar y pelear. Y si no lo hacen, entiendo que los asturianos lo tendrán en cuenta cuando vuelvan a votar.

¿Cuál sería la fórmula "mágica" para resolver el problema de la vivienda en España?

No la hay, pero sí cosas que sabemos que no funcionan. Por ejemplo, intervenir precios. No ha funcionado en Cataluña ni en otros países, y hay estudios que hablan de 120.000 viviendas menos en alquiler. El problema es objetivo: faltan 700.000 viviendas en España. Se construyen 100.000 al año y harían falta 250.000; cada año el déficit crece en 150.000. Así que el primer pilar es claro: construir más vivienda, sin anuncios, con objetivos reales. El segundo pilar es dar seguridad jurídica con dos leyes clave: la ley del suelo, para liberalizar y agilizar desarrollo —la propuesta del PP está bloqueada en el Congreso—, y una ley antiocupación para que quien tiene vivienda no tenga miedo a alquilar. Y por último, simplificar trabas administrativas y, en esta situación de emergencia, rebajar impuestos para facilitar el acceso, especialmente a jóvenes y no tan jóvenes. El compromiso de Feijóo es un millón de viviendas en la legislatura.

¿Qué opina del programa "Alquilámoste" del gobierno asturiano?

Va justo en la dirección contraria de lo que deben hacer las administraciones. El problema de España es que falta vivienda. Pues construyamos vivienda. Lo demás son parches que algo aliviarán, pero la solución es otra: construcción, normativa y fiscalidad. Además la realidad social ha cambiado y la demanda va a seguir creciendo: han llegado a este país tres millones de personas y los estudios apuntan a necesidades de hasta tres millones de viviendas hacia 2040. Esto no va de anuncios ni de crear más instrumentos públicos. Si el Gobierno quiere credibilidad, que empiece: no con 200.000 viviendas prometidas, con las primeras 15.000. Debe remangarse y construir. En esa línea está el PP y varias comunidades ya han empezado, incluso sin el apoyo legislativo del Gobierno central.

¿Es esa la línea que defiende la ley de Vivienda del PP asturiano?

Sí: liberalizar y facilitar el acceso. El PP asturiano ha puesto en marcha una página web en la que cada ciudadano puede ver cuánto ahorraría en impuestos con su propuesta. En una situación de emergencia en vivienda, con una carga fiscal muy alta, nosotros planteamos rebajas fiscales directas, además de avales públicos para completar hasta un 20% de la hipoteca y recuperar la cuenta ahorro-vivienda. Son medidas coherentes con lo que plantean los expertos. Se deben reducir costes de acceso y dar seguridad para que más gente pueda comprar o alquilar.

Haga apuesta. ¿Habrá elecciones anticipadas?

Dependerá de lo que a Sánchez le interese. Su objetivo no es España, sino su propia supervivencia política. Con los problemas que tiene alrededor, judiciales y de todo tipo, manejará los tiempos en función de eso. Y hoy no apunta a que vaya a convocar a corto plazo. Aun así, los resultados en territorios como Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía reflejan mayorías claras que dicen abiertamente que no quieren más Sánchez. Eso también forma parte del contexto político

¿La relación con Vox, es como el abrazo del oso?

Aspiramos a gobernar en solitario, pero tampoco podemos ignorar lo que dicen los ciudadanos con su voto. Cuando en Extremadura más del 60% vota a PP y Vox, está diciendo que no quiere a Sánchez y que quiere un gobierno de centro-derecha, además con María Guardiola claramente como presidenta. A partir de ahí, hay que dar respuesta a esa mayoría. Hay precedentes. El primer gobierno andaluz de PP y Ciudadanos con apoyo de Vox funcionó y a Andalucía no le fue mal. Esa es una referencia clara. Siempre que el Partido Popular lidere y tenga la presidencia, a los ciudadanos les va bien. Andalucía es el ejemplo.

¿Recurrir ante el juez la falta de presupuestos es un pataleo?

Es un incumplimiento de la Constitución y debería dar lugar a un pronunciamiento claro del Tribunal Constitucional. Pero, por desgracia, ese tribunal ha perdido parte de su credibilidad ante muchos ciudadanos. También es verdad que los constituyentes no contemplaron un escenario así. Hasta hace poco era impensable: si un Gobierno no sacaba presupuestos, convocaba elecciones. Lo hizo Felipe González en 1995. Y Rajoy dejó los presupuestos presentados antes de las elecciones de 2015, convocadas en octubre. Esa era la cultura institucional. A Sánchez le da igual no tener presupuestos: le da igual incumplir la Constitución, dejar al país sin política económica y a las comunidades sin certidumbre de recursos. Eso es lo grave.

Está usted recorriendo las comunidades hablando sobre los problemas de los autónomos.

Los autónomos están amargados por la asfixia fiscal, la burocracia del día a día y el peso de las cotizaciones sociales. Estamos recorriendo provincias para escucharlos y construir medidas que les permitan afrontar su actividad con algo que hoy les falta: optimismo. Lo más duro que he oído es a muchos autónomos decir: "Yo no quiero dejar este negocio a mi hijo, porque no quiero que mis hijos pasen lo que yo estoy pasando". Un país sin emprendedores, sin autónomos y sin empresarios es un país condenado a la pobreza. Ojo, porque esto lo está provocando este Gobierno. Por eso hay que volver a poner a los autónomos en el centro: son casi tres millones y medio y sostienen cada día el país.

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