Del mapa al suelo: análisis del batiburrillo urbanístico que hay en todos los concejos asturianos

Este informe ha sido realizado por Lucas Blanco, Sandra F. Lombardía, Alejandro de la Fuente, Illán García, Noé Menéndez, Luis Manuel Díaz, Paula Tamargo, José A. Ordóñez, Sara Arias, Ramón Díaz, Tania Cascudo, Demelsa Álvarez y Ana M. Serrano

Oviedo: La capital, a por 13.500 viviendas

El Ayuntamiento de Oviedo ha desbloqueado la actualización de su Plan General de Ordenación (PGO), vigente desde 2006. Aquel documento, hijo de la euforia inmobiliaria, ha resultado inoperante: dos décadas después, solo se ha completado el 10% del suelo urbanizable proyectado. Tras el intento fallido iniciado en 2017 por el anterior gobierno del tripartito —cuyo contrato con los arquitectos García-Oviedo y Fernández-Rañada se resolvió tras el fallecimiento de este último—, el equipo de Alfredo Canteli lanza ahora una nueva licitación de un millón de euros y un plazo de 45 meses.

La nueva hoja de ruta sustituye la expansión ilimitada por el pragmatismo económico. El objetivo prioritario es facilitar la construcción de 13.500 viviendas (8.500 protegidas) mediante la flexibilización de cargas en barrios como Ciudad Naranco, La Corredoria o La Tenderina, buscando abaratar precios.

En la zona de influencia de Oviedo, el Ayuntamiento de Las Regueras está tramitando una modificación puntual de su Plan General, vigente desde 2010, con el objetivo de flexibilizar las restricciones urbanísticas en el suelo no urbanizable de grado 2 y en terrenos forestales. Esta medida busca eliminar las trabas que actualmente impiden la ampliación o construcción de naves. Al simplificar la normativa en estas zonas, que representan la mayor parte del municipio, se pretende que el 80% del territorio reguerano cuente con un marco legal favorable para el desarrollo y futuro de la actividad agrícola y ganadera.

En Ribera de Arriba, la aprobación del primer PGO del municipio, que se rige por unas normas subsidiarias redactadas en 1997, lleva años estancado. La falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y el Estado por la asunción de la titularidad del tramo de la carretera Nacional 630 que discurre entre el Alto de El Caleyo y el límite con Argame, unos dos kilómetros de carretera que van a soportar mucho tráfico una vez que se abra el "ecopolígono" que el Ayuntamiento quiere desarrollar en Vegalencia, es la causa del conflicto.

Gijón: Ciudad de proyectos desbloqueados

Gijón lleva más de un lustro con su PGO en vigor. Se aprobó a inicios de 2019, durante la anterior etapa de Carmen Moriyón como alcaldesa. Se lograba entonces sustituir al anterior planteamiento urbanístico vigente, que databa de 1999, y después de que los tribunales anulasen los planes de 2006 y 2011.

Con ese trámite se blindaron proyectos desbloqueados recientemente, como la playa verde del Rinconín —hoy en obras en su primera fase, que dejará listo para el verano un espacio ajardinado con senderos paseables— y el proyecto de Naval Azul, adecuado provisionalmente como zona de paseo mientras se desarrolla el plan especial que convertirá el entorno de los viejos astilleros de El Natahoyo en un parque empresarial vinculado a la economía azul y tomando el ejemplo del Parque Científico de la zona oeste.

La corporación había dado de paso el primer documento de prioridades del PGO en 2014 y el 30 de enero de 2019 se logró la aprobación definitiva.

Avilés: En revisión un plan que data de 2006

El Ayuntamiento de Avilés planea iniciar este año la revisión del Plan General de Ordenación, en vigor desde 2006. Por un lado, el gobierno pretende poner en marcha un programa de participación ciudadana para conocer las inquietudes y necesidades de los vecinos. Las conclusiones obtenidas en este procedimiento se sumarán a otras necesidades ya detectadas por el Ayuntamiento, como "romper" las actuales bolsas de suelo para reducir las parcelas y facilitar el desarrollo de suelo y habilitar zonas para la construcción de vivienda protegida. Todas estas cuestiones se incorporarán a un "documento marco".

A mayores, Avilés tiene suelo disponible para construir más de 600 viviendas "ya mismo", con solo pedir licencia urbanística. En La Grandiella hay bolsas de suelo para levantar 442 viviendas; en el Alfaraz, para 90; en González Abarca, capacidad para 47; y en El Nodo, para otras 34.

En Gozón, la aprobación inicial del PGOU es de mayo de 2011, de los tiempos en los que el PP gobernaba el concejo con mayoría absoluta. Una vez que el PSOE llegó al gobierno ha tenido que realizar modificaciones concretas y pequeñas subsanaciones de errores. "El plan nació en plena burbuja urbanística y centrado en dos grandes operaciones: Verdicio y Peroño, el urbanismo de campos de golf. Ese proyecto ya está muerto porque llevaba aparejado un convenio con determinados plazos y obligaciones que se incumplieron", apunta la edil Arancha Peláez, quien anuncia que la próxima medida a realizar y fijada en el planeamiento es "paliar la escasez de vivienda en Luanco".

En Corvera, su alcalde, Iván Fernández, entiende que el Plan General de Ordenación del concejo, "que sienta las bases del futuro del municipio está en plena vigencia". "Todas las iniciativas de desarrollo residencial como de desarrollo industrial y de actividad económica tienen cabida en el planeamiento del concejo, que es el primero en la historia de Corvera", destacó el regidor corverano.

En Soto del Barco, el urbanismo se regula por Normas Subsidiarias desde el año 2003. La intención es adaptarlas a través de un plan general urbanístico a la nueva regulación. El Ayuntamiento solicitó el año pasado una subvención para este fin pero le fue denegada.

En Castrillón, el actual Plan General de Ordenación, tal y como señalan fuentes municipales, no está agotado en cuanto a edificabilidad y sistemas generales previstos. Otra cosa es que necesita su adaptación a determinaciones legales posteriores a su aprobación (adaptación de los suelos genéricos) así como a aspectos como planes antiinundabilidad.

En Illas, su Alcalde, Alberto Tirador, proclama que su plan general "está funcionando muy bien, pero Illas es un municipio que está creciendo y tenemos que abordar de algún modo el desarrollo de los núcleos rurales". El concejo illense recibirá, junto a otros nueve, una subvención para la redacción de planes generales de ordenación y para crear catálogos urbanísticos. "Queremos ampliar los núcleos, pues algunos se están quedando pequeños. Es importante para la gente que está eligiendo vivir en Illas", zanjó Tirador.

Cuencas: Los casos de Mieres y San Martín

En las Cuencas, la renovación de los planes generales de ordenación se convirtieron bien en auténticos culebrones, como en el caso de Mieres –que por fin está en una fase avanzada, en proceso de análisis de las alegaciones presentadas–, o en una pesadilla, como ocurrió en San Martín del Rey Aurelio.

En Mieres, el documento vigente data de 1995. Ya en 2004 se iniciaron los trámites para modificarlo, en pleno "boom" de la construcción. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, pero tras años de trámites, contratación de equipos especializados y burocracia, a mediados de 2025 por fin se presentó el nuevo documento. Entre los planes, algunas previsiones ambiciosas, como abogar por soterrar la autopista a su paso por casi 1,5 kilómetros del casco urbano de Mieres. Tras un proceso de exposición pública, ahora se analizan las sugerencias realizadas por las 600 personas que consultaron el plan.

El caso de San Martín del Rey Aurelio es más enrevesado. Con un plan de 1996, ya en 2004 se quiso revisar la normativa urbanística. Se llegó a sacar a contratación, pero esta decisión fue recurrida y llegó hasta el TSJA, que anuló el proceso. Entre 2007 y 2011 no hubo más intentos de renovar el plan, que ahora sí se encuentra en tramitación. Por el camino, se han llevado a cabo múltiples modificaciones parciales, como el del polígono de Venturo, el de Santa Ana o el del centro de salud de Sotrondio.

Siero y centro: Siero suspendió la revisión pendiente

Tres concejos de la zona centro de la región tienen muy avanzada la tramitación de nuevos planes generales: es el caso de Llanera, Villaviciosa y Grado. Otros tres obtuvieron a finales del año pasado ayudas del Principado para empezar a impulsarlos (PGO), caso de Yernes y Tameza, Quirós y Teverga. Y algunos otros, como Nava, prevén participar en la próxima convocatoria de estas subvenciones del Principado para poder redactar un documento (PGO).

Entre los municipios con intención de realizar modificaciones de sus planes se encuentran Nava, Carreño y Proaza. En otros concejos como Pravia no se plantean un nuevo plan, pero sí están trabajando para tratar de habilitar más suelo industrial, replantear sus planes parciales y adaptar el actual a los cambios autonómicos en materia de urbanismo.

Entre los grandes ayuntamientos, destaca el caso de Siero, que tras haber emprendido en 2016 la revisión de su plan, renunció unos años después, en 2025, a continuar con ella. La excesiva prolongación en el tiempo que lleva este tipo de tramitaciones fue uno de los argumentos esgrimidos, aunque hubo otros de peso para el actual gobierno local: los avances del documento coartaban las posibilidades de expansión, es decir, la previsión de crecimiento de algunos núcleos en el documento que se empezaba a redactar era inferior a la establecida en el plan vigente. Así las cosas, se descartó seguir adelante.

Otro de los casos singulares es el de Villaviciosa, que tramita su nuevo PGO y prevé la aprobación inicial del documento en el Pleno del 26 de marzo. Será el primero que tenga el municipio, que nunca ha logrado sacar adelante uno. Desde 1997 el territorio se viene rigiendo por unas normas subsidiarias.

No fue hasta el 2 de septiembre de 2021 cuando se firmó el contrato administrativo de redacción del Plan General de Ordenación de Villaviciosa, con el equipo redactor seleccionado, encabezado por las arquitectas Carmen Andrés Mateo y Llanos Masiá González. El Pleno del 13 de abril de 2022 acordó aprobar el documento de prioridades del plan, con el que arrancó la elaboración de un documento que afrontará a finales de marzo su aprobación inicial.

Oriente: Llanes, un caso sin precedentes

El de Llanes es un caso único en España. Tanto así que se ha llegado a poner como ejemplo (negativo) en la Universidad de Salamanca. Ningún otro ayuntamiento ha visto anulados en los tribunales todos sus planeamientos urbanísticos, e incluso uno que ni siquiera llego a tramitarse por haberse adjudicado de manera ilegal a quienes no habían presentado la mejor oferta.

El plan de extensión de Llanes, de 1970, y la delimitación de los núcleos del concejo de Llanes, de 1978, fueron derogados en1986 por el Gobierno del Principado, al considerar que se habían quedado "obsoletos". Fueron los últimos planes urbanísticos legales vigentes en Llanes hasta la aprobación por la CUOTA, en 2024, de las actuales normas provisionales.

La derecha llanisca, entonces en el poder, redactó entre 1978 y 1984 unas normas subsidiarias de planeamiento, que en 1985 fueron desechadas por las autoridades autonómicas socialistas, al considerar que no se adecuaban a la realidad urbanística del concejo, ni hacían posible "el desarrollo turístico del territorio".

Después, las normas subsidiarias provisionales de planeamiento de Llanes, redactadas por el Gobierno del Principado y publicadas el 29 de diciembre de 1986, fueron declaradas nulas de pleno derecho por los jueces. Lo mismo ocurrió con los planeamientos aprobados por el PSOE local en 1992 y 2002. Esto significo que el concejo quedó regido desde 2011 por las normas de aplicación directa (nacionales y autonómicas) y con la concesión de licencias bajo supervisión de la CUOTA. Las actuales normas provisionales seguirán vigentes hasta la aprobación definitiva del nuevo plan general por la CUOTA.

Ribadesella comenzó a redactar un nuevo plan urbanístico hace 24 años, en tiempos del alcalde José Miranda. Sigue sin ser aprobado, tras intentarlo tanto gobiernos del PP como de la coalición PSOE-IU y de Foro. Así, el urbanismo riosellano está regido por unas normas subsidiarias de planeamiento aprobadas en 1996 y que se han quedado obsoletas, como demuestra el hecho de que han sido objeto de cambios en 63 ocasiones.

El concejo de Parres se rige en el ámbito urbanístico por unas normas subsidiarias provisionales aprobadas en dos fases, en 1998 y 2002, que se han quedado obsoletas. Todos los intentos habidos desde hace veinte años para redactar un nuevo planeamiento han resultado infructuosos, por sucesivas negativas de la CUOTA. El último acuerdo de aprobación provisional data de hace ocho años. La tramitación continúa paralizada.

Occidente: Urbanismo de normas subsidiarias

De los veintiséis concejos del Occidente solo once tienen un Plan General de Ordenación en vigor. Son Tineo, Allande y Salas en el Suroccidente y Valdés, Villayón, Pesoz, Grandas de Salime, El Franco, Tapia, Castropol y Villanueva de Oscos en el Noroccidente. El resto, se rigen por Normas Subsidiarias, algunas muy antiguas como las de Santa Eulalia de Oscos que datan de 1987. Este concejo y también Vegadeo y Navia están en trámites para disponer de Plan General.

Entre las tramitaciones más dilatadas destaca Valdés, concejo al que le costó nada menos que dieciséis años sacar adelante los trámites. También el PGO de Tapia es un ejemplo de la lentitud de los trámites. El documento de prioridades del plan data de 2003, siendo alcalde del concejo el popular Gervasio Acevedo. Sin embargo, pasaron dos alcaldes más hasta que se aprobó el documento en 2014. El texto refundido con las últimas modificaciones se publicó en el BOPA en agosto de 2016 siendo alcalde el también popular Enrique Fernández.

En el Suroccidente, tan solo Allande y Tineo cuentan con PGOU vigente, aunque ambas alcaldesas coinciden en que sendos planes se han quedado obsoletos y no responden a las necesidades actuales de sus concejos, incluso señalan que suponen "una traba y no prima el establecerse en zona rural".

"Nuestro plan general necesita una renovación urgente, nos presentamos el año pasado a la convocatoria de ayudas para renovación de los planes, pero nos quedamos fuera", explica la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, que considera que es el Principado quien debería proporcionar "los planes o la financiación para poder renovarlos, así como facilitar su tramitación porque requiere más de 10 años".

Cangas del Narcea, Degaña e Ibias se rigen por normas subsidiarias. "Son normas que se establecen subsidiariamente cuando no hay un plan general y tienden a ser más restrictivas, por lo que nos complican mucho el día a día tanto al Ayuntamiento como a los vecinos", expone el alcalde cangués, José Luis Fontaniella, que también concurrió a las ayudas para redactar un plan de ordenación, pero Cangas también fue excluido.

Ambos alcaldes se muestran expectantes ante la nueva ley, ya que aseguran desconocer la norma más allá de lo publicado. "A los Ayuntamientos no se nos ha comunicado nada al respecto, en principio lo que parece es que va a dar mayor agilidad a la tramitación, pero al no informarnos directamente genera escepticismo", analiza el alcalde cangués.

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