"Ganar tiempo y tramitar", esa es la vía que sugieren los expertos para salvar el futuro de La Pereda y el de Hunosa

El Principado y Hunosa deberían ir adelantando trabajo para que la central de La Pereda, en Mieres, obtenga la autorización ambiental que le permita estar operativa a tiempo y cumplir los plazos de conexión eléctrica. Este es el parecer de Alejandro Huergo Lora, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y una autoridad académica en cuestiones jurídicas vinculadas con las administraciones.

Para Huergo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que anula la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que permitía a Hunosa la transformación de la central térmica de La Pereda, es clara y deja poco margen para la duda. La decisión del TSJA deja en el aire que la instalación pueda quemar biomasa y Combustible Sólido Recuperado (CSR), un material extraído de la basura de la bolsa negra que producirá Cogersa en su «plantona» de tratamiento de los residuos de la fracción resto.

El TSJA apreció deficiencias en la autorización, al considerar que están insuficientemente definidas las características de la nueva caldera, la composición del CSR y la gestión que hará Hunosa de los residuos de la central.

A juicio de Huergo, esas deficiencias pueden subsanarse, ya que la Sala no anula todos los trámites del procedimiento. «La sentencia es bastante clara: se anula la autorización porque el tribunal echa en falta unas cuantas cosas», indica el catedrático.

En su opinión, es la Administración autonómica la que debe cumplir la sentencia. «Cuando la sentencia sea firme, el Principado deberá tomar la iniciativa para ejecutarla, pidiendo a la empresa que presente la documentación correspondiente a esos aspectos que el TSJA echa en falta», añade. A su entender, «queda claro que la sentencia anula la licencia, pero no obliga a tramitar de nuevo todo el procedimiento», sino que bastaría con incorporar «cosas concretas» que el fallo señala de forma expresa.

Huergo apunta que, si no se presenta recurso contra la sentencia, esta quedará firme y, en cualquier caso, habrá que introducir las modificaciones y completar la tramitación para dictar, en su caso, una nueva autorización. Y si alguna de las partes presenta recurso de casación, sostiene que seguiría vigente la actual autorización mientras no haya una decisión, pero advierte de que eso no garantiza que se mantenga en el futuro el criterio vigente. Por ello, considera recomendable «aprovechar el tiempo para tratar de subsanar lo que indica la sentencia y completar los informes que faltan; eso sería lo recomendable en una buena práctica administrativa».

El catedrático de la Universidad de Oviedo es partidario de «intentar aprovechar todas las vías para adelantar camino». En ese escenario, plantea que «podría incluso presentarse recurso para ganar un año y que las obras no se paren y, a la vez, ir tramitando el procedimiento dirigido a completar la autorización». De este modo, añade, «aunque se inadmitiera el recurso, se podría dictar una nueva autorización rápidamente».

Como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA, el Gobierno regional y Hunosa discrepan sobre el modo en que debería afrontarse la situación generada tras la anulación judicial de la Autorización Ambiental Integrada para la transformación de La Pereda en central de biomasa.

El Ejecutivo autonómico considera que debe ser Hunosa la que solicite una nueva declaración, subsanando los errores, mientras que la empresa pública es partidaria de recurrir y sostiene que es el Principado quien debe actuar para corregir las deficiencias señaladas por el TSJA.

Huergo Lora plantea una solución intermedia: que, por un lado, el Principado y Hunosa traten de subsanar los errores detectados por el tribunal y, al tiempo, se inicie un proceso de recurso contra la sentencia.

Tal y como han señalado los sindicatos mineros, el futuro de Hunosa está en entredicho si La Pereda no llega a tiempo para cumplir los plazos de su puesta en marcha, porque perdería derechos de conexión eléctrica y se comprometerían las cuentas de la empresa pública.

Suscríbete para seguir leyendo