Galicia, de nuevo con las manos atadas para cazar lobos

Galicia sigue sin posibilidad de cazar lobos. El Tribunal Superior de Justiza de Galicia (TSXG) ha denegado a la Xunta la autorización para cazar lobos en un municipio de Pontevedra y dos de La Coruña para frenar el incremento de ataques al ganado por parte de lobos. Los jueces consideran que dicho argumento no está respaldado por pruebas técnicas suficientes.

En la comunidad vecina modificaron en abril del año pasado, una vez que el lobo salió del listado de especies protegidas al norte del Duero -fruto de la aprobación de la ley contra el desperdicio alimentario- la normativa de caza para incluirla dentro de las objeto de «esperas, batidas y monterías» tras «daños constatados. Pero esto no covence a los tribunales.

En un auto, con fecha del 6 de marzo, el alto tribunal ha denegado a la administración autonómica el permiso para realizar batidas de este animal en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) y Curtis y Ferrol (A Coruña). La petición se realizó tras la supensión cautelar de las batidas aprobadas inicialmente, ya que el cambio normativo aprobado en la ley de caza fue recurrido en los tribunales.

Pero la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que no se ha demostrado un cambio de circunstancias que justifique la modificación de las medidas cautelares ya adoptadas, pues entiende que los argumentos presentados sobre un incremento de ataques de lobos no están respaldados por pruebas técnicas suficientes. De esta forma, desestima la solicitud de contracautela presentada por la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Garantizar la conservación del lobo

La sala del alto tribunal gallego argumenta que las batidas de control solicitadas por la Xunta tendrían «evidentes consecuencias letales para los ejemplares de la especie de cuya conservación se trata (lobo), omitiendo el análisis previo que el propio plan de gestión del lobo obliga a realizar».

Agrega que «no se aporta ninguna referencia técnica contrastada de un incremento de densidad poblacional que determine un verdadero cambio de circunstancias respecto a lo valorado en el auto firme de suspensión cautelar».

En el auto, los magistrados sostienen que la extracción solicitada implicaría «la muerte de ejemplares en un número indeterminado, que no se concreta, por lo que no cabe descartar que se pudiera producir un grave daño al ecosistema». Además, recuerdan que el TSXG «no se opone a medidas que no conlleven la extracción, admitiendo la posibilidad de medidas que promuevan la protección de la ganadería y de la integridad de las personas, haciéndola compatible con la conservación de la especie amenazada, en un desarrollo sostenible del ecosistema».

Sin embargo, advierte que «tal y como se solicita la medida contracautelar o modificación del auto, no es aceptable, al no razonarse que tales medidas sean compatibles con la adecuada conservación de la especie, ni tampoco que se hayan agotado todas las medidas preventivas necesarias para evitar o paliar los daños y riesgos alegados».

La resolución no es firme, pues cabe presentar recurso de reposición en un plazo de cinco días tras su notificación.

La decisión del TSXG va en línea con las últimas sentencias adoptadas por el Tribunal Supremo en relación a la caza del lobo y que vendría a poner fin a los sitemas de cupos por considerarlos contrarios a la conservación de la especie, algo que ha afectado a Asturias.

El Principado se vio obligado hace casi un mes a suspender el programa de control de la población dl lobo iniciado el pasado mayo tras el fallo del Supremo. La Consejería de Medio Rural quiere hacer alguna modificación en el plan de gestión, en los artículos puestos en cuestión por el Supremo, para lograr las máximas garantías en los controles de lobo.

En Asturias, al contrario que en Galicia, el lobo no es especie cinegética. Su control se realiza en base a censos que determinan que ha crecido la población, lo que aumenta la presión sobre el ganado.

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