Dos contratos de Ábalos en Asturias, bajo sospecha: una obra presupuestada sin mediciones y otra adjudicada con valoraciones subjetivas imposibles de remontar

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos en la Administración central, ha detectado irregularidades en dos contratos de obra pública ejecutados en Asturias durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Las conclusiones aparecen en un informe al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA y que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga adjudicaciones presuntamente vinculadas a la llamada trama Koldo, una pieza separada que también salpica al que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán.

El documento analiza once contratos considerados sospechosos, adjudicados tanto por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) como por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, y revisa tanto el procedimiento de adjudicación como la ejecución posterior de las obras. Entre esos expedientes aparecen dos actuaciones desarrolladas en Asturias: una obra de emergencia en la línea ferroviaria de ancho métrico entre Gijón y Pravia y el proyecto de adaptación de la segunda calzada de la autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina.

Una obra de emergencia sin mediciones previas

La primera de esas obras, la ferroviaria, fue adjudicada en diciembre de 2020 y se dividió en dos lotes. El lote 1, correspondiente a la ejecución material de la actuación, tenía un presupuesto estimado de 489.300 euros, mientras que el lote 2, de asistencia técnica, ascendía a 48.825 euros. El informe de la IGAE no sitúa aquí el principal problema en un sobrecoste final desorbitado, sino en el modo en que se elaboró el expediente económico inicial.

Según los interventores, ese presupuesto se confeccionó sin mediciones previas, con importes redondeados y añadiendo un 5% en concepto de “costes y costas”. Ese método de cálculo, según el propio informe, reproduce un esquema ya detectado en otro expediente de emergencia analizado dentro de la misma investigación. La objeción de la IGAE no es menor: en obra pública, y especialmente en actuaciones técnicamente delicadas, la ausencia de una base de mediciones concreta debilita la justificación del presupuesto y dificulta evaluar si la estimación inicial responde realmente a las necesidades de la obra.

El informe añade que el importe finalmente abonado por el lote 1 ascendió a 373.405,45 euros, a los que se sumaron 71.424,16 euros derivados de la revisión extraordinaria de precios aprobada al amparo del Real Decreto-ley 3/2022. En conjunto, el coste reconocido se situó en torno a 444.829,61 euros. Es decir, el dato relevante no es que la actuación se disparara sobre el presupuesto inicialmente previsto, sino que la IGAE cuestiona cómo se calculó ese presupuesto de partida.

La adjudicación de la A-63 entre Salas y La Espina

El segundo contrato examinado por la IGAE corresponde al proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada de la autovía A-63 entre Salas y La Espina, una actuación destinada a mejorar la conexión del suroccidente asturiano con el eje central de la región.

El proyecto fue licitado en enero de 2019 con un presupuesto base de 7,58 millones de euros. En el procedimiento de contratación se estableció un sistema de valoración en el que 49 puntos dependían de criterios sujetos a juicio de valor—es decir, valoraciones técnicas elaboradas por la mesa de contratación— y 51 puntos se asignaban mediante criterios automáticos, fundamentalmente el precio ofertado.

Al concurso se presentaron 22 empresas o uniones temporales de empresas, aunque una de ellas fue excluida por no disponer de la clasificación exigida para ejecutar el contrato. La IGAE llama la atención sobre el hecho de que esa exclusión se produjera durante la fase de análisis de los criterios técnicos, un momento del procedimiento que no suele utilizarse para revisar requisitos administrativos de solvencia.

La adjudicación se resolvió finalmente en julio de 2019 por 6,1 millones de euros, lo que suponía una rebaja cercana al 20% sobre el presupuesto de licitación.

Según el análisis realizado por los interventores, el resultado del concurso estuvo fuertemente condicionado por las puntuaciones obtenidas en los criterios técnicos, que otorgaron una ventaja significativa a la oferta finalmente ganadora frente a otras grandes constructoras que competían por el contrato.

El informe señala que esas diferencias de puntuación —de varios puntos sobre las empresas clasificadas en segundo y tercer lugar— hacían prácticamente imposible que la valoración del precio pudiera alterar el resultado final del concurso. En otras palabras, la decisión quedaba en gran medida determinada por los juicios de valor realizados en la fase técnica.

Modificaciones y aumento del coste final

El análisis de la ejecución del contrato también refleja cambios posteriores en el presupuesto inicial de la obra. En marzo de 2022 se aprobó una modificación contractual que añadió más de 650.000 euros al importe adjudicado.

A esa modificación se sumó posteriormente un exceso de mediciones cercano a los 570.000 euros, correspondiente a unidades de obra ejecutadas en cantidades superiores a las previstas inicialmente en el proyecto.

En conjunto, estas variaciones elevaron el coste final de la actuación por encima de los 6,7 millones de euros, según la certificación final recogida en el expediente.

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