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Los profesores de la concertada vuelven a la carga: la mejora que el Gobierno de Sánchez plantea para la pública y que los excluye

El sindicato FEUSO recuerda que la Ley Orgánica de Educación establece la prestación del servicio educativo tanto en centros públicos como concertados y organiza una recogida de firmas

La marea naranja de profesores inunda Oviedo: manifestación de la escuela concertada

La marea naranja de profesores inunda Oviedo: manifestación de la escuela concertada / Irma Collín

Sara Bernardo

Sara Bernardo

El sindicato de la enseñanza concertada FEUSO ha puesto en marcha la campaña "Igualdad", una iniciativa con la que reclama la reducción de la jornada lectiva del profesorado planteada por el Gobierno se aplique también a los trabajadores de la enseñanza concertada. La campaña se concreta en una recogida de firmas por todo el territorio nacional con el objetivo de respaldar esta reivindicación.

La iniciativa surge tras el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que pretende fijar un tope legal, con carácter estatal, a la jornada lectiva máxima del profesorado. Según esta propuesta, el profesorado tendría un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas en el resto de las enseñanzas. Sin embargo, esta medida se aplicaría únicamente a los centros públicos.

En la enseñanza concertada la situación es diferente. Actualmente, la jornada lectiva completa del profesorado se sitúa en 25 horas semanales, sin diferenciación entre etapas educativas, tal y como establece el sistema de conciertos recogido en los Presupuestos Generales del Estado.

Desde FEUSO recuerdan, además, que la Ley Orgánica de Educación establece en su artículo 108.4 que la prestación del servicio público educativo se realiza tanto a través de centros públicos como de centros privados concertados. Por este motivo, desde el sindicato consideran que una medida que el propio Gobierno presenta como una mejora de la calidad educativa y del bienestar docente debería aplicarse a todos los trabajadores de la red educativa sostenida con fondos públicos.

Con la campaña Igualdad, el sindicato pretende movilizar a trabajadores, familias y a toda la comunidad educativa para reclamar una igualdad de condiciones laborales y evitar que se mantengan diferencias entre docentes dentro del mismo servicio público educativo.

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