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La "compleja" tramitación del registro de objetores de conciencia del aborto: aún le quedan meses, pero "el derecho a interrumpir el embarazo está garantizado", dice el Principado

Conchita Saavedra, consejera de Salud, explica todo lo que le queda por delante para que entre en funcionamiento un mecanismo que Asturias no tiene pese a que el Gobierno central ya se lo reclamó

Concentración en defensa del aborto, en Madrid, el pasado septiembre.

Concentración en defensa del aborto, en Madrid, el pasado septiembre. / VICTOR LERENA

Agencias / P. T.

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Conchita Saavedra, aclaró este jueves que sigue trabajando en el decreto por el que se regula el registro de personas profesionales objetoras de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Explicó que en el trámite de información pública, el borrador recibió siete alegaciones procedentes de asociaciones de pacientes, colegios profesionales y entidades del ámbito sanitario. Y manifestó que el proceso es complejo para abordarlo con garantías jurídicas, comprometiéndose a la entrada en funcionamiento del registro a lo largo de este año.

Saavedra respondió a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que ha recordado que Asturias fue una de las comunidades autónomas a las que el Gobierno central llamó la atención por no tener el registro y le dio tres meses de plazo para activarlo.

La Consejerá recalcó que mientras no se se cuente con el registro definitivo, existen unas instrucciones transitorias aprobadas en Asturias en octubre de 2025 para la gestión de la manifestación de la objeción de conciencia. "El derecho a la interrupción del voluntario del embarazo está garantizado en Asturias", afirmó Saavedra en la comisión.

Tras la elaboración del borrador del decreto, las consultas internas y el trámite de información pública, se ha hecho un informe con las alegaciones recibidas. Y la previsión, explicó Saavedra, es recabar la próxima semana los informes preceptivos y, durante este mes de marzo, el decreto irá a la Comisión de Ordenación de Recursos Humanos y al Consejo de Salud. Posteriormente, deberá someterse a la mesa de negociación y a los órganos de representación del personal. Y, luego, aún tiene que pasar por secretarios generales técnicos e ir también a un informe preceptivo del Consejo Consultivo.

Saavedra reconoció la "complejidad" de la tramitación, pero ha dicho que se persigue garantizar la máxima seguridad jurídica. No ha querido concretar plazos para que el registro empiece a funcionar en Asturias. En todo caso, garantizó que será en 2026.

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