La nueva oficina judicial de Gijón entrará en funcionamiento en diez días, según asegura el consejero Peláez

La nueva Oficina Judicial de Gijón comenzará su andadura el lunes 23 de marzo. El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, adelantó este viernes esa fecha durante su comparecencia en la Junta General, donde también ha anunciado que el Gijón contará con una segunda plaza de juez en la Sección de Violencia sobre la Mujer.

La nueva oficina judicial de Gijón llega con casi tres meses de retraso. Como la de Oviedo y Avilés, debería haber entrado en funcionamiento el pasado 1 de enero, pero la dificultad del proceso de reorganización del personal obligó a retrasarlo. Peláez dio luego otro plazo, el 15 de febrero. Se cumplió en el caso de Avilés, que entró en funcionamiento el 16 de febrero, aunque con algunas anomalías. Finalmente, Gijón incorpora una organización de la plantilla esencial para el buen funcionamiento de los tribunales de instancia. Falta, sin embargo, definir cuándo lo hará Oviedo, sede en la que además deben realizarse obras para que los funcionarios ocupen un mismo espacio.

En su intervención, Peláez señaló que la nueva oficina judicial implica un avance más en la nueva configuración del sistema asturiano de justicia, impulsado por la ley de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha supuesto, indicó, importantes cambios y refuerzos de personal, especialmente en los grandes partidos judiciales de la comunidad: Oviedo, Gijón y Avilés. El desarrollo de la norma, aseguró, ha implicado la creación de 25 nuevas plazas y la mejora de retribuciones de 80 puestos de jefaturas de equipo, lo que supone una inversión de 1,3 millones.

Por otra parte, el titular de Justicia ha avanzado que su departamento contratará próximamente un plan director de cara a la futura unificación de las sedes judiciales en los edificios universitarios del barrio de Llamaquique, en Oviedo. El proyecto se basa en cuatro ejes: analizar el estado arquitectónico de los inmuebles, cuantificar el coste de la reforma, determinar las necesidades de desarrollo urbanístico y establecer los usos de cada bloque. 

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