Asturias acelera en la detección de viviendas turísticas irregulares: conecta su base de datos turística con el Colegio de Registradores
El intercambio de información entre ambos organismos facilitará la identificación de alojamientos no inscritos o con información desactualizada, además de agilizar la tramitación para sus propietarios
Gimena Llamedo, segunda por la izquierda, preside la reunión con el Colegio de Registradores / PdA
Asturias refuerza sus herramientas para detectar con más rapidez aquellas viviendas destinadas a uso turístico que funcionan la margen de la normativa. El Gobierno regional acaba de suscribir un convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad para controlar mejor la actividad de este tipo de alojamientos.
El acuerdo impulsa la creación de un canal electrónico seguro de intercambio de información entre ambas instituciones, que permitirá comprobar de forma más ágil la situación registral de cada vivienda y cruzar los datos del Número de Registro de Alquiler (NRA) con la información del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) del Principado.
La vicepresidenta, Gimena Llamedo, destacó que este acuerdo “supone un avance más en la capacidad de inspección del Principado y en la defensa de un turismo ordenado, responsable y sostenible”. A su juicio, ayudará a “reforzar el trabajo contra las prácticas irregulares que perjudican tanto al sector como a la ciudadanía”.
Con su puesta en marcha, el Principado refuerza su compromiso con el control de los establecimientos irregulares, uno de los principales retos señalados por el sector y por las instituciones europeas.
Esta interoperabilidad entre registros facilitará la identificación de viviendas no inscritas o con información desactualizada, a la vez que agilizará la tramitación de bajas, cambios de titularidad o situaciones que impidan el ejercicio de la actividad turística.
El sistema funcionará mediante una comunicación automatizada, es decir, máquina a máquina. Además, garantizará la protección de datos y la trazabilidad de todas las operaciones. El Colegio de Registradores validará, cuando proceda, la existencia de título habilitante urbanístico conforme a la normativa municipal.
Todo ello permitirá a la Administración actuar con mayor eficacia y seguridad jurídica. El convenio tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y no supone contraprestación económica entre las partes.
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