Los asturianos donan 6 millones de euros a Duro Felguera: el análisis de Yago González sobre el tortuoso proceso de la empresa
El Principado no reclamará al juez el dinero público que inyectó en la empresa en 2021

A la derecha, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, en una junta de accionistas de Duro Felguera en 2025. / Ángel González
"Préstamo" y "donación". Consultemos las definiciones de cada una de estas palabras en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE). "Préstamo" es la acción y efecto de prestar, esto es, entregar algo a alguien para que lo devuelva. De manera más concreta, también es la "cantidad de dinero que se solicita, generalmente a una institución financiera, con la obligación de devolverlo con un interés". Por su parte, la RAE dice que "donación" es la "liberalidad de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta".
La distinción entre ambos términos es esencial para aclarar uno de los asuntos más espinosos del complejo, largo y tortuoso proceso de reestructuración de la empresa asturiana Duro Felguera. Un proceso que ya acumula más de una década de idas y vueltas, de varios presidentes y directivos, de despidos y rescates, de ultimátums judiciales, de negociaciones políticas y financieras.
El último episodio del serial surgió esta semana. El juez que lleva el caso, Rafael Manso Abril, ha citado para los próximos 23 y 24 de abril a los responsables de la compañía y a los nueve acreedores que han impugnado el plan de reestructuración con el que los dueños quieren salvar la empresa. La vista oral será el último paso antes de que el magistrado decida si definitivamente aprueba la reorganización de Duro.
Las mencionadas nueve empresas acreedoras ven injusto que Duro no les vaya a devolver parte o incluso nada del dinero que les adeuda, mientras que el plan sí contempla retornar los 120 millones de euros inyectados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Al tratarse de un préstamo público, la SEPI impuso que no estuviera sujeto a condonaciones. No obstante, la reorganización sí propone facilitar las condiciones de devolución al órgano estatal, con plazos más largos.
Cuando la SEPI realizó el rescate en 2021 también se aportaron 6 millones de euros concedidos por la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP), entidad mercantil dependiente del Gobierno regional. En los últimos meses, desde el Ejecutivo asturiano habían argumentado que Duro debía devolver necesariamente esa cantidad, al proceder de una Administración pública.
"Nuestra postura al respecto es una postura jurídica: el préstamo de la SRP bebe a su vez de un préstamo que realizó la Administración del Principado, por lo que, según la Ley Concursal, se trata de un crédito público que debería estar fuera de toda quita", dijo el pasado octubre el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. Y el 25 de enero, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, su viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, se expresó de manera categórica sobre esos 6 millones: "No se dan por perdidos. Se reclamarán".
Sin embargo, este pasado viernes, de nuevo a preguntas de este periódico, Sánchez sugirió un cambio de estrategia al afirmar que "de momento no se está estudiando" la reclamación del dinero público aportado a Duro.
Volviendo a la RAE, si "prestar" implica obtener de vuelta el dinero concedido (más intereses) y "donar" significa darlo sin recuperarlo, la conclusión lógica de que el Principado no pida que se le devuelva el crédito público es inequívoca: los contribuyentes asturianos han donado 6 millones de euros a Duro Felguera.
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