Cuatro asturianos en el Consejo de Estado, el órgano supremo que revisa leyes del Gobierno y reclamaciones: "Tenemos debates de mucho nivel y alejados del ruido de la polarización"

El Consejo de Estado, el “supremo órgano consultivo” del Gobierno, cumple este año medio milenio de historia. La institución, creada en 1526 por Carlos V, reúne actualmente a cuatro asturianos entre sus miembros: tres consejeros permanentes —Paz Andrés Sáenz de Santa María, Alberto Aza Arias y María Luisa Carcedo Roces— y un consejero nato, debido a su cargo, Benigno Pendás (presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas). En esta conversación a cuatro voces con LA NUEVA ESPAÑA, los asturianos reflexionan sobre el papel de este órgano en el sistema institucional español y sus retos.

–¿Hay un pequeño lobby asturiano en el Consejo de Estado?

–Paz Andrés Sáenz de Santa María: Cada uno llega con su propia trayectoria, por razones diferentes. Hacemos bromas, lo comentamos; además estamos juntos sentados por la distribución.

–Alberto Aza Arias: Lobby, no hay lobby. Es curioso, pero no es para sacar conclusiones. Aunque, claro, tener tantos asturianos seguro que es una ventaja para el Consejo. Hemos tenido una Universidad fuerte y ahí está la materia prima.

–María Luisa Carcedo Roces: Bromeamos con el tema. También está María Teresa Fernández de la Vega, que es medio asturiana. El hecho es una coincidencia y lo que indica es que tenemos mucha gente preparada.

–Benigno Pendás: Hacemos bromas, muy amables, y tenemos un pequeño grupo. Solo lo interrumpió el director de la RAE. Tenemos, a su vez, a Miguel Herrero de Miñón, que no es asturiano, pero sí veraneante en Asturias. Hay una larga tradición de asturianos en el servicio público; los asturianos siempre hemos tenido esa vocación.

–¿Cómo es su labor?

–P. A.: Lo dice la Constitución. El Consejo es el supremo órgano consultivo del Gobierno. En relación con la actividad del Gobierno y con la Administración del Estado emite dictámenes en determinadas materias: anteproyectos de leyes, aunque no todos. Esto es un servicio a la sociedad porque nos pronunciamos sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuando una persona sufre una lesión en la Administración, o sobre la revisión de oficio de actos administrativos, como las causas de nulidad. Hemos tenido casos de revisión de peajes, como el del Huerna, aunque ese no ha pasado por aquí.

–A. A.: La opinión pública debe tener claro que las leyes no necesariamente pasan por el Consejo de Estado. La mayoría de la gente cree que es un trámite obligatorio, pero no lo es.

–M. L. C.: Es importante todo el desarrollo legislativo que aquí se hace, de gran calidad normativa en todos los casos y siempre con reflexión.

–B. P.: Aquí, además, se producen debates de una altísima calidad.

–El Consejo hace dictámenes, pero no son vinculantes para el Gobierno…

–P. A.: No son vinculantes, ni siempre preceptivos. En el 99 por ciento de los casos se sigue el dictamen y esto se manifiesta en una fórmula que pone la autoridad consultante correspondiente: “de acuerdo con el Consejo de Estado” u “oído el Consejo de Estado”. Si pone “de acuerdo” es que ha seguido lo que se ha dicho; si no, es que no lo ha hecho. Nos ocupamos de asegurar la observancia de la Constitución y del ordenamiento jurídico, y también hacemos sugerencias. Además, se busca asegurar la mayor eficacia de la Administración.

–A. A.: El Consejo, en ningún caso, puede entrar en tareas ajenas, como son las del Gobierno. No sería su función.

–M. L. C.: El Gobierno puede pedir el parecer del Consejo o un informe sobre una materia concreta y suele considerar que esa visión es de utilidad.

–B. P.: Es importante saber lo que se le puede pedir, o no, al Consejo de Estado. Es un órgano consultivo de carácter institucional. Lo más importante son los argumentos. No es obligatorio para el Gobierno seguirlo. Es el más alto órgano consultivo, pero no hay que pedirle decisiones que no le corresponden. El Consejo, además, tiene una llamada Comisión de Estudios que elabora informes sobre grandes cuestiones. Aquí, hace años, se hizo un gran informe, el de la reforma constitucional, que seguramente es lo mejor que se ha hecho sobre esa cuestión.

–¿Qué temas tienen entre manos?

–P. A.: No podemos decirlo con gran detalle, estamos en proceso de elaboración. Debe decirlo la presidenta. Acaba de pasar uno que ha salido, que es la reforma del artículo 43 (se refiere a la reforma constitucional, no efectuada, que planteó el Gobierno para blindar el derecho al aborto y que el Consejo avaló, aunque con cambios en la redacción favorita por el Ejecutivo), que ha salido en todos los medios, pero eso ya está dictaminado. No tenemos ninguno pendiente. La Comisión Permanente se reúne todos los jueves y el pleno, en principio, lo hace una vez al mes, dependiendo de la urgencia o de los temas. Al pleno no van todos los asuntos; el de la reforma de la Constitución, por ejemplo, sí fue.

–A. A.: ¿Cómo son los plenos? Pues, como si fuésemos gallegos: depende. Pero siempre, o casi siempre, de alto nivel dialéctico.

–M. L. C.: Los temas varían. Hay algunos que requieren más dedicación y otros, menos.

–B. P.: Es un lujo ser consejero de pleno, porque hay mucho nivel y calidad en todas las intervenciones. Llevo once años en esta casa y recuerdo debates muy enriquecedores.

–En tiempos de polarización, ¿es necesario este espacio?

–P. A.: Sin duda. El Consejo de Estado se caracteriza por el rigor jurídico y la discreción.

–A. A.: Hay una clave: existe un debate sereno, reflexivo, alejado del ruido. Esto es una casa de pensamiento y hay gente con una preparación y capacidad altísimas, aunque no me incluyo. El Gobierno quiere conocer tu opinión y se trata de darla de una forma neutral e independiente. Eso le da fuerza y solidez; si nos salimos de esos puntos, nos vamos.

–M. L. C.: En estos tiempos, los espacios de pensamiento son necesarios.

–B. P.: Los principios son muy claros: neutralidad, independencia y rigor.

–Hay voces que sostienen que este órgano no tiene ninguna utilidad…

–P. A.: ¿Cree que la gente piensa eso de forma mayoritaria? Yo creo que no. Aquí se elaboran unas memorias con datos, estadísticas y actividad. Estamos resucitando la doctrina legal, que es un volumen donde se recogen párrafos con vinculaciones jurídicas relevantes, por ser novedosos o aportar un punto de vista. La estamos recuperando desde 2023. Estamos en un proceso de nuevo impulso a determinadas actividades. Los dictámenes se publican en la base de datos del BOE, pero no se publican de manera inmediata, según se aprueban, al ser de la autoridad consultante y hasta que el asunto no haya sido resuelto no se hacen públicos.

–M. L. C.: Creo que eso, sobre todo, se piensa del Senado.

–B. P.: Habría que recomendar que leyesen las memorias que se hacen aquí todos los años, que además hace Paz Andrés.

–¿Qué aporta el Consejo a la sociedad?

–P. A.: Reflexión.

–A. A.: Mejoría de los textos normativos en su conjunto.

–M. L. C.: Serenidad y calidad normativa. En el Congreso es frecuente que los grupos parlamentarios se orienten por los dictámenes del Consejo de Estado.

–B. P.: Calidad normativa, coincido.

–¿Y si los dictámenes fuesen vinculantes?

–P. A.: No tendría sentido.

–A. A.: Creo que no deberían serlo, aunque debe quedar claro que aquí se trata todo el ordenamiento jurídico, no solo las leyes ordinarias.

–M. L. C.: El legislador es el Congreso; sería una alteración.

–B. P.: Perdería el sentido.

–¿Qué retos se plantean?

–P. A.: Seguir cumpliendo con nuestro papel con rigor y discreción. Nuestro papel es continuar. Larga vida al Consejo de Estado, diría. Hay cuestiones que se pueden mejorar, como el reglamento o la propia ley orgánica, más adelante, pero la función consultiva es esencial. El año pasado se despacharon 1.315 expedientes y se dictaminaron 1.130, la inmensa mayoría consultas preceptivas, además de 106 expedientes urgentes, que deben dictaminarse rápido, en quince días, que pueden reducirse a diez. Respondemos en plazo y con calidad.

–A. A.: Cumplir otros quinientos años más. Tenemos una función que, además de esencial, es útil y que además protege al administrado.

–M. L. C.: Continuar con rigor y claridad.

–B. P.: Medio milenio: a ver qué institución puede decir eso… Que sigamos así.

Los cuatro asturianos del Consejo

Paz Andrés Sáenz de Santa María (Oviedo, 1953), catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo, es consejera permanente desde diciembre de 2020 y presidenta de la Sección Tercera. Sus líneas de investigación se ocupan tanto del Derecho internacional público como del Derecho de la Unión Europea.

Alberto Aza Arias (Tetuán, 1937) es consejero permanente desde 2012 y presidente de la Sección Quinta. Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo, donde desarrolló buena parte de su trayectoria, es diplomático de carrera. Entre otros puestos, fue director del gabinete del presidente Adolfo Suárez. En septiembre de 2002 fue nombrado secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey, como paso previo a ocupar la jefatura de la institución, cargo al que accedió tras relevar a Fernando Almansa, vizconde del Castillo de Almansa. Permaneció en ese puesto hasta 2011.

María Luisa Carcedo (San Martín del Rey Aurelio, 1953) es consejera permanente desde 2023 y presidenta de la Sección Novena. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la Administración asturiana y fue ministra de Sanidad con Pedro Sánchez.

Benigno Pendás García (Barcelona, 1956), tiene sus orígenes en el concejo de Salas y es consejero nato del Consejo de Estado primero como director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2012-2018) y ahora, desde 2022, como presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pendás es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo, donde ha dirigido su Instituto de Estudios de la Democracia.

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