Asturias tendrá una ley de Puertos: multas de hasta 10.000 euros por infracciones "leves" y personal del Principado podrá formular denuncias

El Gobierno de Asturias (PSOE e IU) ha iniciado el periodo de información pública del anteproyecto de Ley de Puertos, la primera norma autonómica que regulará de forma integral la red de 24 instalaciones de titularidad regional. El Ejecutivo defiende que la ley permitirá ordenar el sistema con una normativa propia adaptada a la realidad asturiana, pero sin impacto en las cuentas públicas.

La normativa todavía tiene un largo recorrido: debe pasar el periodo de información pública y después ir a la Junta General para ser sometida a votación. La regulación de los puertos, aunque sean de titularidad autonómica, se fija en la ley estatal de puertos.

La futura ley será de aplicación exclusivamente a los 24 puertos de titularidad autonómica del Principado de Asturias, que conforman su red portuaria propia, y no afectará a los grandes puertos de interés general del Estado, como Avilés y Gijón, que se rigen por la normativa estatal y cuentan con sus respectivas autoridades portuarias. En este último caso, además, el puerto deportivo de Gijón se gestiona mediante concesión, por lo que queda igualmente fuera del ámbito de esta regulación autonómica.

Según la memoria económica, la nueva norma asturiana tendrá un impacto presupuestario “nulo o testimonial”: no prevé la creación de nuevos órganos, no implicará aumento de plantilla y tampoco modifica las tasas ni los cánones portuarios, que seguirán regulados en la normativa vigente. En la práctica, la ley no supondrá ni más gasto ni más ingresos directos para la Administración.

Las cifras actuales reflejan además el limitado peso económico del sistema: los puertos autonómicos generan para el Principado algo más de 1,1 millones de euros anuales en tasas y cánones, a los que se suman apenas 70.000 euros en sanciones, frente a un gasto que supera los 8,4 millones, lo que evidencia su carácter claramente deficitario.

Uno de los cambios más relevantes está en el régimen sancionador. Hasta ahora, las multas en los puertos asturianos se regían por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 2011, pensada para grandes infraestructuras portuarias. El nuevo anteproyecto introduce por primera vez un sistema propio adaptado a la realidad autonómica, con una clasificación de infracciones leves, graves y muy graves.

El nuevo marco fija sanciones que podrán alcanzar hasta los 300.000 euros en los casos más graves y hasta 10.000 en las leves, aunque las horquillas, en términos generales, se reducen respecto al modelo estatal, ajustándose al menor tamaño y actividad de los puertos autonómicos.

Entre las infracciones leves se incluyen conductas habituales como estacionar en zonas no autorizadas o incumplir normas básicas de uso del puerto, mientras que las graves y muy graves abarcan actuaciones que afectan al funcionamiento, causan daños o ponen en riesgo la seguridad del espacio portuario.

El anteproyecto regula de forma expresa la gestión de elementos abandonados en los recintos portuarios. Así, cuando la Administración declare la situación de abandono de embarcaciones, vehículos, maquinaria u otros objetos, podrá no solo retirarlos o trasladarlos a depósito, sino también destinarlos a subasta pública, incorporarlos al servicio público, proceder a su desguace o tratarlos como residuo, con el objetivo de liberar espacio y evitar la degradación de las instalaciones.

Además, la ley introduce una herramienta clave: las multas coercitivas reiteradas, que permitirán a la Administración imponer sanciones sucesivas hasta que el infractor cumpla con lo ordenado; por ejemplo, retirar elementos que impidan el uso del puerto o reparar daños.

El refuerzo del control se completa con una novedad destacada: el personal del Servicio de Puertos tendrá la consideración de agente de la autoridad (Policía, según el texto) y podrá formular denuncias directamente, lo que facilitará la detección y tramitación de infracciones sobre el terreno.

Pese a este endurecimiento, el propio documento admite que el impacto recaudatorio será “prácticamente testimonial”, ya que la mayoría de sanciones actuales responden a infracciones leves.

La norma también recoge prohibiciones concretas, como el baño en zonas portuarias cuando suponga riesgos para la seguridad o interfiera con la actividad. El texto estará ahora en exposición pública durante veinte días, plazo en el que ciudadanos y colectivos podrán presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.

Suscríbete para seguir leyendo