El Ministerio de Transición Ecológica corrobora que no supo que en Asturias se extraía carbón hasta el accidente de Cerredo

El Ministerio de Transición Ecologica asegura que no tuvo constancia de que se explotaba carbón en Asturias hasta que se produjo el accidente de Cerredo, pese a que tres minas operaban desde hacía años, dos de ellas con permisos de explotación y una bajo la figura del Proyecto de Investigación Complementario (que tambien se había empleado previamente en las dos minas ya con permiso reglamentario).

Fuentes del Ministerio que dirige Sara Aagesen han confirmado que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) no supo de la existencia de explotaciónes activas. "De hecho, la Estadística minera del Ministerio de Transición Ecologica, elaborada a partir de la información facilitada por las comunidades autonomas, no recoge dicha actividad", señalan las mismas fuentes, tal y como ha desvelado LA NUEVA ESPAÑA.

El Instituto para la Transición Justa y el Gobierno del Principado mantienen desde hace meses una discrepancia sobre el soporte legal de las tres minas operativas en Asturias. Precisamente este miércoles, la direccion general de Minas mantiene una reunión con la empresa Tyc Narcea, cuya actividad quedó suspendida tras el accidente mortal de noviembre, para evaluar la fórmula que permita la vuelta a la actividad.

Las fuentes del Ministerio recalcan que "la explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligacion de reintegro de ayudas", tal y como establece la ley de Cambio Climático, de 2021, "si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no competitiva. La citada ley de Cambio Climático establece que debe ser el Instituto para la Transición Justa el organismo evaluado de validar que esa condicion se cumple: sin embargo, no tenía constancia de la actividad extractiva en Asturias, según las mismas fuentes.

"Tras conocer la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente informacion al Principado para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la citada normativa", abundan las fuentes consultadas por este periódico. "El proceso de obtencion de la informacion está siendo lento", reconocen, y el ITJ las está "analizando", especialmente "los planes de labores de las explotaciones", con el objetivo de "resolver sobre la materia".

Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha puesto en cuestión la cobertura legal con la que se han reabierto varias explotaciones de carbón en Asturias, lo que ha establecido un pulso jurídico con el Principado. La revisión afecta a tres minas en activo —Tyc Narcea, en Vega de Rengos; Mina Miura, en Ibias, y Pilotuerto, en Tineo— y se originó tras el accidente mortal de Cerredo, ocurrido hace ahora un año, en el que murieron cinco mineros mientras extraían carbón de forma ilegal, sin ningún tipo de autorización administrativa. A raíz de aquel siniestro, ambas administraciones iniciaron una revisión general para comprobar si esas tres explotaciones que sí operaban con permisos del Principado podían entrar en contradicción con las exigencias de cierre fijadas por la Unión Europea para las unidades no competitivas antes del 31 de diciembre de 2018.

Ese análisis no solo no ha despejado las dudas, sino que las ha acentuado. Una de las principales discrepancias se centra en la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC), utilizada por el Principado para dar cobertura a actividad extractiva pese a que no aparece expresamente recogida en la Ley de Minas. Ese fue precisamente un instrumento empleado en Cerredo, aunque la extracción ilegal se hacía al margen del permiso y en otra zona no permitida. La empresa Blue Solving sí tenía una autorización del Principado para extraer hasta 60.000 toneladas pese a tratarse de una explotación especialmente sensible, al haber recibido ayudas al cierre y disponer además de fondos europeos para su restauración ambiental.

El fondo del conflicto radica en si Asturias ha amparado durante años reaperturas o actividades extractivas en minas cerradas mediante una fórmula de encaje jurídico discutido, mientras el ITJ reivindica su función de control a la luz de la normativa europea y de la Ley de Cambio Climático de 2021.

La controversia se extiende también a la interpretación de las ayudas públicas, a la eventual prescripción de esas subvenciones y al uso de instalaciones vinculadas a antiguas explotaciones clausuradas. En paralelo, el caso ha puesto el foco en una llamativa opacidad estadística, ya que ni las estadísticas mineras del Ministerio ni las de Sadei reflejan producción de hulla o antracita en Asturias desde 2019, pese a que las empresas sostienen que han remitido datos de la extracción.

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