Los sindicatos mineros cargan contra las administraciones por el conflicto de las minas de carbón: "Es inexplicable, no puede poner en riesgo empleos"

Los sindicatos mineros han elevado el tono ante el conflicto abierto entre el Principado y el Ministerio para la Transición Ecológica por la situación legal de las explotaciones de carbón en Asturias, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Tanto el SOMA-FITAG-UGT como Comisiones Obreras coinciden en señalar la "gravedad" de la discrepancia institucional y advierten de sus consecuencias directas sobre el empleo y el futuro de las comarcas mineras del Suroccidente.

El secretario general del SOMA, José Luis Alperi, ha expresado su “extrañeza” por el supuesto desconocimiento del Instituto para la Transición Justa (ITJ) sobre la actividad extractiva en Asturias. “No tenemos la posibilidad de asegurar si existía o no conocimiento, dado que es un ámbito entre administraciones, pero no deja de resultarnos extraño”, señala el sindicato, que recuerda la “fluida relación y colaboración” que existía entre el ITJ y el Principado en los últimos años.

Más allá de esa cuestión, el SOMA habla de “tristeza y decepción” por una situación que considera “inexplicable desde el punto de vista sectorial y territorial”, en la que, a su juicio, “lo que parece no importar son las personas y sus proyectos de vida”. En ese sentido, critica que la discusión se esté centrando en aspectos administrativos o jurídicos mientras quedan en segundo plano los problemas estructurales de las comarcas mineras, especialmente la falta de reactivación económica tras el cierre del carbón.

“Cuando el debate debería centrarse en el fallido proceso de reactivación industrial y en la generación de empleo alternativo en las zonas de transición, vemos cómo los esfuerzos se encaminan por vías que en nada contribuyen a mitigar el sufrimiento histórico de estos territorios”, advierte el sindicato.

El SOMA recuerda además que el marco de continuidad o cierre de las explotaciones está “perfectamente definido” en la decisión europea de 2010 sobre ayudas al cierre de minas no competitivas, y exige responsabilidad a las administraciones para cumplir los compromisos adquiridos. En este sentido, critica que la comisión de seguimiento del acuerdo marco de transición justa lleve 21 meses sin reunirse y reclama una mayor implicación del ITJ en la generación de actividad y empleo alternativo. “No se puede abandonar a su suerte a estos territorios”, subraya.

Comisiones Obreras sitúa el origen del conflicto en las propias administraciones. El responsable de Industria del sindicato, Javier Vázquez, califica la situación como “un problema muy serio entre el Principado y el Ministerio” y sostiene que “no es tanto de las empresas como de las propias administraciones”.

Agilidad y claridad

Desde CC OO lamentan la falta de voluntad política para sostener el sector. “Pensamos que no tienen intención ninguna de que el carbón vaya adelante”, afirma Vázquez, que advierte de que cualquier error administrativo o mala praxis no puede traducirse en la pérdida de empleo. “Si conlleva pérdida de trabajo y poder productivo, el tema es muy grave”, insiste.

El sindicato pone el foco en el impacto territorial, especialmente en zonas como Cangas del Narcea, donde este tipo de explotaciones representan una oportunidad económica relevante. “Con el precio actual del mineral, estos proyectos son un flotador para mucha gente”, señala Vázquez, que considera “inadmisible” que se antepongan intereses políticos o administrativos a la defensa del empleo y de la actividad económica local.

Ambas organizaciones coinciden en una reivindicación central: la necesidad de clarificar cuanto antes el marco legal para evitar que la incertidumbre acabe perjudicando a los trabajadores. “Si son problemas administrativos, que se arreglen, y a partir de ahí que se abra la explotación con todas las garantías”, sostiene Comisiones Obreras sobre la situación de la mina de Tyc Narcea en Vega de Rengos (Cangas del Narcea). El sindicato insiste en que, si las actividades cumplen la legalidad, deben ponerse en marcha por el bien de las comarcas y del empleo.

Además, reclama agilidad en la resolución del conflicto, no solo por motivos económicos, sino también de seguridad. “Los tiempos deben agilizarse por la seguridad de la propia explotación”, advierte.

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