El caso de las minas reabiertas enfrenta a Barbón con el Gobierno de Sánchez: "Me extraña que desconociese que se sacaba carbón en Asturias"

El conflicto por las minas de carbón reabiertas en Asturias entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Principado, revelado por LA NUEVA ESPAÑA, desencadenó ayer el choque entre el Gobierno asturiano y el organismo que preside Sara Aagesen. Fuentes de Transición Ecológica confirmaron que el Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio "no tenía constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025". A la tarde, el presidente del Principado, Adrián Barbón, rebatió el argumento: "Me extraña que digan que desconociesen que se sacaba carbón en Asturias si Hunosa lo extrajo hasta diciembre de 2024".

Horas antes, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, fue más cauteloso y defendió la "colaboración leal, constante y permanente" con el ITJ, y evitó pronunciarse sobre si la administración regional tuvo obligación de informar de las cantidades de carbón extraídas en los años precedentes. Sánchez, que asumió las competencias de Industria tras la dimisión de Belarmina Díaz, señaló que se ha abierto una investigación "para determinar qué datos se tenían que haber enviado, quién debía hacerlo, cuándo y como".

Sí reconoció Sánchez, como ya publicó este periódico, que las tres minas de carbón que operan en Asturias están ahora bajo análisis para dilucidar su futuro y aclarar si tendrían que haber devuelto ayudas recibidas por anteriores propietarios por acogerse al cierre establecido por la Unión Europea en 2018.

Barbón esquivó referirse al asunto en el Pleno de la Junta General. Tanto el presidente del PP, Álvaro Queipo, como la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, aprovecharon su turno de preguntas al Presidente para exigir explicaciones. Queipo reclamó conocer si el hecho de que Asturias no informase al Ministerio de la extracción de carbón se trataba de "un despiste" o era "intencionado". "Asturias merece una respuesta clara y pronta", dijo Tomé.

Antes de que a última hora de la tarde Barbón se pronunciase sobre el asunto, el consejero Borja Sánchez dejó claro que respondía por lo efectuado por su consejería desde que asumió las competencias en abril de 2025, "siguiendo el compromiso adquirido por el Presidente tras el accidente de Cerredo de máxima transparencia". Afirmó que su área ha remitido al ITJ toda la información que le ha requerido.

Finalmente, Barbón pidió tiempo para "revisar todos los expedientes y aclarar cada paso". "Solo así podremos saber qué ocurrió exactamente y si hubo algún tipo de fallo", dijo. Y trató de sacar al Principado del conflicto: "Nosotros actuamos como administración tramitadora", señaló al referirse a la primera explotación que ya tropieza con las dudas del Ministerio: la mina de Tyc Narcea en Vega de Rengos, que deberá discutir con el ITJ si debe o no devolver ayudas para poder reanudar la actividad. "Es un debate abierto entre la empresa y el Ministerio", dijo, si bien las autorizaciones a Tyc Narcea para operar las otorgó la dirección de Minas.

La raíz del conflicto está en si el Instituto de Transición Justa sabía o no que se extraía carbón en Asturias. Fuentes consultadas afirman que desde Asturias se remitió en varias ocasiones información sobre la situación jurídica de las minas y el cumplimiento de los compromisos de cierre, pero también de las nuevas actividades que se realizaban. Así, según un documento al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, el ITJ pidió información en diciembre de 2023 a la entonces directora general de Minas, Belarmina Díaz, sobre la situación de la mina de Vega de Rengos. La respuesta de la que luego sería consejera y que dimitió tras el accidente mortal de Cerredo, fue que se cumplían las exigencias y que el nuevo titular, Tyc Narcea, había solicitado un "proyecto de investigación" para localizar recursos para "usos no térmicos" y que había tenido una autorización para realizar "una prueba industrial". Lo que no señalaba la respuesta es que esa prueba autorizaba a extraer 60.000 toneladas.

El otro asunto del debate está en por qué no se hacían públicas estadísticas de carbón extraído. El Ministerio señaló que en sus informes no consta extracción de carbón porque los datos debería haberlos facilitado Asturias. Tampoco aparecen en las publicaciones de Sadei. Fuentes de este organismo asturiano recalcaron que fueron varias la razones. Primero, que la minería de carbón desapareció "en la práctica" en 2018 y que las reaperturas posteriores, consultada la dirección de Minas del Principado, se confirmó que había dos empresas "potencialmente productoras" "una con una producción muy pequeña con destino a algún proceso en Arcelor y otro caso de proyecto de investigación para carbones siderúrgicos, que si bien no producía, existía la posibilidad de que en algún momento empezase". Para Sadei además, existían razones técnicas para no publicar información limitada a pocas empresas, si bien conocía los datos de extracción.

Quien sí sumaba todos los datos de producción era Hunosa, que los remitía a la dirección de Minas. Concretamente, según fuentes consultadas, en 2022 se extrajeron en Asturias, sumando producción de Hunosa y las tres minas citadas 610.000 toneladas de un carbón que para el Ministerio nunca existió.

Tres son las minas que extraen carbón en Asturias con permisos del Principado: la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, de Tyc Narcea (paralizada tras el accidente mortal de noviembre de 2024); mina Miura, en Tormale (Ibias), de Carbones La Vega, sin actividad al adeudar el empresario varias nóminas a la plantilla, y la explotación de Pilotuerto (Tineo), de NMR. El consejero de Industria, Borja Sánchez, señaló que el análisis sobre si estas minas deben o no devolver ayudas las afecta a todas, aunque algunas, como el caso de Pilotuerto, ya discutió con el ITJ sobre si debía o no devolver ayudas, según fuentes de la empresa.

El Ministerio de Transición Ecológica sostiene que todas las minas de carbón están sujetas al reitegro de ayudas, según la Ley de Cambio Climático, si se encontraban afectadas por el Plan de Cierre establecido por Bruselas. La ley también señala que es el Instituto para la Transición Justa el organismo encargado de evaluar si se cumple ese requisito, procedimiento que no efectuó formalmente para ninguna de las tres minas que operan en Asturias. El Ministerio reconoce que el ITJ ha solicitado información formalmente al Principado tras conocer la actividad extractiva, pero el proceso de obtención de la documentación "está siendo lento" para poder "resolver sobre la materia".

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