El conflicto con el Ministerio por las minas reabiertas aboca a una intensa batalla judicial: temor a una devolución de ayudas que acabe en cierres

El conflicto abierto sobre si las minas de carbón reabiertas en Asturias fueron autorizadas cumpliendo todas las salvedades legales, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, llevará a una encarnizada disputa administrativa que podría acabar en una batalla legal. Tal y como publicó este periódico, el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, sostiene que las tres explotaciones que operan (Tyc Narcea, en Vega de Rengos; Mina Miura, en Ibias, y Pilotuerto, en Tineo) no deberían operar sin haber quedado claro si deben devolver ayudas europeas por el cierre de las explotaciones en 2018. Se trata, en todos los casos, de minas que operan por empresas distintas de las que las explotaban en el periodo de clausura.

El primer conflicto está ya sobre la mesa. El Principado ha establecido que Tyc Narcea deberá resolver con el ITJ si debe devolver ayudas que cobrase la anterior empresa de Vega de Rengos, Carbonar. Tendrá que ser el ITJ quien establezca una cifra de devolución, pero la empresa ya ha elaborado, a través de varios bufetes de abogados madrileños, informes para justificar que no existen ayudas que devolver. En buena parte se apoyará en los argumentos de los informes del Principado que dieron pie a las autorizaciones que ahora cuestiona el Ministerio de Transición Ecológica.

Fuentes del Ministerio aseguraron que el ITJ prevé "adoptar una resolución" sobre si se deben devolver ayudas "en las próximas semanas". Las mismas fuentes insistieron en que el ITJ "solo es competente de las explotaciones mineras que tienen afección al Plan de Cierre", ya que así lo mandata la Ley de Cambio Climático.

La empresa Tyc Narcea ya ha expresado en varios foros su voluntad de llevar a cabo acciones legales por los daños y perjuicios ocasionados por esta situación y la demora en volver a la actividad. Además, considera que debe ser el Principado, como responsable de la concesión de licencias, quien debe mantener la comunicación con el ITJ, al margen de que la empresa proporcione toda la documentación necesaria.

Esta situación puede repetirse con las otras dos minas que deberán someterse a escrutinio: Mina Miura y Pilotuerto, con el añadido de que esta última sostiene que ya solventó esa cuestión hace tiempo con el ITJ a través de otro despacho madrileño.

Prosiguieron ayer las reacciones políticas por el conflicto. El consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de IU, Ovidio Zapico, consideró "poco creíble" que la administración estatal no supiera que se extraía carbón en Asturias y pidió "depurar responsabilidades". Reclamó máxima "transparencia" y que se esclarezca "por qué no se actuó". También llamó a reflexionar sobre el modelo de actividad minera: "Si la minería debe mantenerse, de be ser con condiciones laborales del siglo XXI y sin oscurantismos", dijo.

También el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, reclamó al Gobierno "explicaciones inmediatas" ante el "caos institucional" en torno a la extracción de carbón en las minas que estuvieron sujetas al cierre. Para Pumares, las "versiones contradictorias" entre este organismo y el Gobierno asturiano generan "una enorme inseguridad jurídica y evidencia graves fallos en el control de la actividad". Pidió que se hagan públicas todas las autorizaciones, informes y comunicaciones al respecto.

José Luis Alperi, secretario general del SOMA, exigió "responsabilidad al ITJ" para que compruebe que los impactos positivos de la transición justa "han sido nulos" en los territorios. "Pido que interpreten la normativa de manera eficiente y eficaz: si una mina tiene que devolver ayudas, habrá que certificarlas y si las devuelve, debería continuar", afirmó.

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