El paquete anticrisis del Gobierno por la guerra de Irán beneficiará a 456.000 hogares asturianos, pero los transportistas avisan: "Seguimos al borde del colapso"

Las medidas anunciadas por el Gobierno de España para paliar el impacto económico y social de la guerra de Irán beneficiarán a "456.000 hogares asturianos", según la FSA. Pero mientras los sectores políticos y sindicales hacen una lectura “positiva”, entre los transportistas los ánimos son totalmente contrarios. A su juicio, la propuesta “llega tarde” y es "insuficiente".

Para el secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, las medidas son “muy positivas”. “Es el mayor escudo social y económico de toda la UE”, destaca, incidiendo en el impacto favorable de este plan sobre sectores clave de la economía del Principado como la industria electrointensiva, la ganadería o la pesca.

Especialmente significativa es, a su juicio, la ayuda complementaria de 20 céntimos por litro de combustible a transportistas, agricultores y ganaderos, sectores fundamentales en la economía asturiana.

El Partido Popular estudiará "en profundidad" el decreto y lo apoyará siempre que "responda realmente a las necesidades de las familias" y de los "sectores productivos de nuestro país". Posición contraria a la que tomarán con las medidas de vivienda. "No es una solución real a un problema; en realidad es un caramelo político, la respuesta a los chantajes de la parte más radical del Gobierno, que no aporta nada más que conflicto, pero a la que Sánchez necesita para mantenerse", dice Esther Llamazares, diputada nacional del PP.

Por tanto, no respaldaán un texto que "nace desde la imposición ideológica y que insiste en políticas que ya han demostrado ser ineficaces". A su juicio, "hemos vuelto a ver a un Gobierno que se descompone a cada paso que da, incapaz de sostener una posición común sin entrar en crisis interna".

En "riesgo" la viabilidad" del Gobierno central

Crítico, aunque por otras razones, también es el coordinador de Izquierda Unida y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. En su caso, el problema estuvo, precisamente, en no haber incluido las medidas de vivienda en ese paquete de medidas. Aun así, confía en que el nuevo decreto anunciado permita dar una respuesta para minimizar el impacto que ya está generando la guerra en Irán.

Zapico advierte que la no inclusión de estas medidas “pone en riesgo la propia viabilidad del Gobierno central”, al tiempo que critica que se puedan estar priorizando “los intereses de las grandes empresas del sector frente a los intereses de las personas, de la mayoría social”.

Para Adrián Pumares, de Foro, las medidas son "tardías e insuficientes". "Consideramos positiva la rectificación del Gobierno y que aplique las rebajas fiscales en los combustibles y la energía de las que se reía. Es un camino que debería tomar el Gobierno de Barbón, que se forra al subir la inflación", opina. Sin embargo, añade, "el descuento en el combustible es insuficiente para compensar el incremento en los costes. Son necesarias ayudas directas para los sectores más afectados"

"El paquete de medidas va en la buena dirección, pero llega tarde para quienes ya soportan el impacto de la crisis en su día a día. Nos preocupa que no se hayan incorporado más medidas para la vivienda y para otras emergencias sociales. También que estas ayudas acaben beneficiando más a las grandes empresas que a la mayoría social. La respuesta al momento de emergencia que vivimos debe ser, en definitiva, más valiente", considera Covadonga Tomé.

FADE, contra la congelación del alquiler

Por el contrario, la Federación Asturiana de Empresaris (FADE) respalda el bloque fiscal y energético del paquete, que considera “necesario y ajustado a la realidad de las empresas asturianas”, pero expresa su rechazo a la congelación de alquileres incluida en un segundo decreto fruto de "una presión política que no tiene cabida en un paquete anticrisis”.

Advierten que la congelación del alquiler es una iniciativa “ajena al contexto de emergencia, fruto de una presión política incomprensible dentro de la propia coalición de Gobierno, que vulnera la seguridad jurídica, supone una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y desincentiva la oferta precisamente cuando más se necesita”.

"Insuficientes y escasas"

“Tenemos que analizarlas en profundidad, pero en principio son insuficientes”, valora Ovidio de la Roza, presidente de la patronal del transporte Asetra. Sí reconoce que ciertas medidas son “interesantes” como la rebaja del IVA o la ayuda directa a los profesionales. “Pero, como digo, tenemos que estudiarlo más detenidamente; por el momento no son suficientes para lo que hemos pedido”.

Misma opinión tiene Manuel Ángel García Menéndez, presidente de Cesintra. “Llegan tarde y son escasas. La bajada del IVA al ciudadano le vale, pero a nosotros nos da igual pagar y deducir un 21 que un 10%. La rebaja en el impuesto de hidrocarburos también es pequeña”, señala. En su caso, también están a la espera de analizar en profundidad la propuesta cuando salga en el BOE para “tomar decisiones”. “El lunes hablaremos y veremos a ver qué hacemos, hay gente que ya se está planteando parar. Seguimos al borde del colapso”, avisa.

Mayor control

Los sindicatos asturianos también valoran positivamente las medidas del Gobierno de España, aunque reclaman un control exhaustivo para que tengan efectos reales y no acaban sirviendo únicamente para beneficio de las grandes empresas.

“Creemos que lo fundamental es que estas medidas se traduzcan en efectos reales y que, en todo caso, se controle de forma exhaustiva para que determinadas empresas y determinados sectores, como en el pasado ya sucedió, no se lucren de las medidas y terminen repercutiendo los incrementos en sus productos en los usuarios”, defiende secretario general de acción sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano.

En la misma línea habla Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT: “Muchas de las medidas ya se aplicaron cuando el covid y en la guerra de Ucrania. Lo importante es controlar que esas grandes empresas que cuando hay crisis hacen el negocio, que no lo hagan. Tiene que haber control de beneficios empresariales”. Su intención es pedir el lunes al Gobierno del Principado una comisión de seguimiento.

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