Alarma en las contratas públicas de Asturias por la subida del salario mínimo: "nos destroza los márgenes"

Las empresas asturianas de servicios como limpieza, conserjería, salud o cuidados a domicilio no podrán repercutir en sus contratos con las administraciones públicas de la región (como hospitales, ayuntamientos o edificios públicos) la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI) decretada por el Gobierno, que lo eleva a 1.221 euros brutos al mes y que entró en vigor el pasado 20 de febrero con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Las compañías consultadas se muestran "preocupadísimas" por la negativa del Ejecutivo a que sus contratos con el sector público se revisen para adecuarlos a un aumento salarial que no estaba contemplado cuando esos acuerdos, que suelen abarcar varios años, se formalizaron. "Nos destroza los márgenes", advierten las empresas.

Su temor venía incubándose desde hacía tiempo, cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acordó con los sindicatos (y sin el concurso de la patronal CEOE) el último incremento del SMI, el octavo desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018. Si se analiza la última década (2016-2026) el salario mínimo ha subido un 86,3%. El pasado día 11, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que "las empresas pueden absorber" el último aumento del SMI, del 3,1% respecto al anterior, y que no se modificará la ley de contratos públicos para revisar los acuerdos empresariales. El Gobierno de Mariano Rajoy prohibió esa indexación en 2015 para controlar el déficit público.

"A nivel sectorial, esto es una bomba, y todas las empresas estamos preocupadísimas", advirtió Alejandro Blanco, director general de Lacera, empresa con sede en Oviedo especializada en servicios de limpieza y que cuenta con 6.000 empleados en toda España, la mitad de ellos en Asturias.

Cierre o supervivencia

El 90% de los contratos de Lacera son con la Administración (el mayor en Asturias es el del HUCA). "Desde el sector haremos todo lo posible por revertir esta situación, el Gobierno no está midiendo las consecuencias que esto puede tener", afirmó Blanco, que añadió que el efecto del alza del SMI "puede ser el cierre de muchas empresas o empujarlas a un estado de mera supervivencia".

Otra empresa asturiana que afirma sentirse muy perjudicada por este escenario es CLN, afincada en Gijón y con 2.000 profesionales repartidos en cuatro comunidades autónomas. "España es de los pocos países donde no se pueden revisar los precios de la Administración, y eso es algo muy injusto cuando quien te aumenta los costes es el Estado", argumenta Guillermo Llavona, director general de CLN.

El empresario también carga contra otra medida que prepara el Ministerio de Trabajo: la equiparación del SMI al salario base de cada trabajador (el cual puede alcanzar el SMI si se suman pluses y complementos). "Esto implicaría que, por ejemplo, los convenios sectoriales en provincias como Lugo, Orense, Segovia o Valencia incrementen el salario base más de un 20%", explica.

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