Un juzgado de Oviedo ya da por cierta la “trama empresarial” en torno a la mina de Cerredo

Dos sentencias del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo dan por cierto que la familia del empresario minero Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes y titular de la mina de Cerredo (Degaña) en la que murieron hace un año cinco mineros, operaba con una serie de empresas aparentemente desvinculadas pero que, en el fondo, formaban un único conglomerado.

Ambas sentencias se refieren al despido de dos trabajadores de Mina Miura, en Ibias. Los despedidos se produjeron en la empresa “Contratas y Alquileres Adro”, de la que era titular el hijo de Chus Mirantes, Adrián Rodríguez.

Lo llamativo de las sentencias, a las que ha tenido acceso este periódico, es que da validez como "hechos probados" al informe de la Guardia Civil, incorporado a las pesquisas judiciales sobre el accidente de la mina de Cerredo, que considera que las empresas tanto del hijo como de la mujer de Chus Mirantes, Ana María Rodríguez, formaban parte de “un grupo de empresas patológico”, por lo que considera que deben responder solidariamente a las indemnizaciones de los trabajadores.

La jueza que rubrica las sentencias establece que varias empresas del entramado, como Contratas y Alquieleres Adro, Queounuros, Blue Solving, Carbones La Vega y Combustibles Asturiana y Leonesa, “conforman un grupo de empresas funcionando con una confusión de medios materiales y personal, operando bajo una misma dirección, prestando servicios de forma indistinta”.

Los trabajadores de Mina Miura que reclamaron ante el juzgado habían sido despedidos de la firma Contratas y Alquileres Adro pese a que con anterioridad habían trabajado para Carbones La Vega.

Esta empresa, titular de la explotación de Mina Miura, fue vendida por Chus Mirantes a la sociedad Big TNZ Trading, que adquirió la sociedad días antes del despido. Con todo, la sentencia establece la existencia de una sucesión empresarial y condena solidariamente a todas las sociedades de Chus Mirantes a indemnizar a los trabajadores, a los que considera despedidos de manera improcedente.